Hoenir Sarthou, Voces 20 agosto, 2026
Hace un par de días tuve que ir a la Seccional policial Nro. 17 de Montevideo, en el barrio de Piedras Blancas.
El motivo lo resumo así: una persona a la que conozco desde hace muchos años está internada contra su voluntad en un “residencial” del barrio Piedras Blancas. Tras un percance serio de salud, fue ingresada a la institución médica de la que es socia, a la que ingresó inconsciente, sin cédula de identidad, sin llaves de su casa, sin celular. Es una ex docente de enseñanza terciaria, jubilada, propietaria del apartamento en el que vive o vivía, y no tiene hijos ni familia.
La institución médica, que la atendió bien y la recuperó, dio cuenta del caso al Mides, que decidió internar a M (llamémosla “M”) en el dichoso residencial y promover su declaración judicial de incapacidad. Poco antes de su traslado, a través de una amiga que fue a visitarla, M, que al no tener celular no tenía el número de teléfono de nadie, logró contactarme.
Fui a verla al residencial, donde la encontré lúcida y con clara voluntad de salir de allí. Le habían rapado la cabeza, se quejó de recibir poca comida y de que no la dejan salir ni hablar por teléfono. Hablé con el propietario del establecimiento, que me observaba de cerca con aire de desconfianza, y me manifestó que ella estaba “judicializada” y que no podía salir.
Tras rastrear en los juzgados, encontré el expediente y averigüé que M estaba citada en el Instituto Técnico Forense (ITF), por orden judicial, para una pericia psiquiátrica (de regla en los procesos de incapacidad) que se realizaría el lunes 17 de agosto a las 14.30 hs.
El lunes de esta semana, me presenté a las 13 horas en el residencial para retirar a M y llevarla a hacer la pericia. Me atendió una empleada que desde la puerta enrejada que da al frente de la casa me dijo que debía consultar al dueño, que no estaba en la casa. Habló con él por celular delante de mí. El hombre le contestó que M no podía salir porque estaba “judicializada”. La empleada no sabía qué hacer, así que me pasó el teléfono. Volví a explicarle al propietario que M estaba citada para una pericia y que yo estaba allí para llevarla. Me dijo que no podía dejarla salir porque a ella la había traído el Mides. Le pregunté si tenía algún documento que lo habilitara a retenerla. Me dijo que no, pero que yo tampoco tenía autorización para llevármela. Le contesté que yo no precisaba autorización porque bastaba la voluntad de M de salir, ya que no había ninguna orden judicial que la obligara a quedarse allí y menos una que lo autorizara a él a retenerla contra su voluntad. “Estás equivocado”, me dijo. “El equivocado sos vos”, contesté, “No tenés ningún derecho a retenerla y menos a impedirle ir a una pericia dispuesta por el juez”. Pero no hubo caso. Me dijo que ella no iba a salir, así que le devolví el teléfono a la empleada y ella volvió a meterse dentro de la casa.
Me dirigí de inmediato a la comisaría de la zona, la Seccional 17. Eran las 13.20 hs. Mientras aceleraba por Aparicio Saravia, pensaba en plantear en la comisaría que había una persona citada por orden judicial y que el propietario de la casa en la que estaba se negaba a dejarla salir. Supuse que, si de la Seccional lo llamaban por teléfono, el tipo achicaría y yo podría llevarme a M y llegar a tiempo al ITF.
Hacía tal vez diez años que no iba por la zona. Noté más que antes la precariedad de las viviendas y la cantidad de gente, en su mayoría hombres jóvenes, que deambulaban por la calle o conversaban en las veredas sin ningún propósito visible. Estaban allí y observaban a todo el que pasaba. Era casi la una y media de la tarde de un lunes.
La entrada de la Seccional 17 tiene una especie de gran espacio de espera, desolado, sin ningún mostrador ni ventanilla, y una puerta por la que se ve otra área vacía y más atrás un pasillo al que dan las puertas de varias habitaciones. En el pasillo había varios policías, hombres y mujeres, conversando animadamente. Unos llegaban de la calle, dejando una moto en la entrada, saludaban y se sumaban a la conversación. Otros se despedían, salían de la comisaría, arrancaban sus motos y se iban.
En la gran sala de espera había dos hombres y una mujer. Uno de los hombres estaba solo. El otro, más joven, parecía acompañar a la mujer, bastante mayor que él. Al entrar, saludé en voz alta con un “Buenas tardes”, y me planté a esperar que me atendieran.
Pasaron diez minutos, y nada. Me metí por la puerta en dirección al pasillo donde había policías conversando. Uno de ellos me salió al paso. “Tiene que esperar allí (señaló la sala de espera), estamos en el cambio de turno, ya lo vamos a atender”. Volví a la sala de espera, donde el hombre que estaba solo me miró con cara de pocos amigos. “Mirá que nosotros estamos primero”, me dijo. “¿Cómo, a ustedes no los atendieron todavía?”, dije. “No”, contestó él. Y la mujer que estaba con el otro muchacho empezó a explicar que ella estaba allí por una sobrina que reclamaba a su hijo y que hacía una hora que esperaba. Pasaron varios minutos más. Yo miraba el reloj. Se me venía encima la hora de la pericia y, en el mejor de los casos, tenía que lograr que hicieran la llamada, pasar a levantar a M y llegar hasta la Ciudad Vieja. A las 13.50, los policías seguían conversando. “Voy a ver si nos atienden”, les dije a los que esperaban, y me mandé otra vez hacia el pasillo. Me frenó otro policía. “Me están esperando en el juzgado”, le dije, “necesito hablar con el Comisario o con el Oficial a cargo. Hizo como si no me hubiese oído. “Ya lo vamos a atender, estamos haciendo el cambio de turno”, dijo con tono rutinario, mientras me señalaba una vez más la sala de espera.
Ya era inútil porque los tiempos no me daban. Así que a las 14 hs. saludé a mis compañeros de espera con un “Buenas tardes” y salí de raje para la Ciudad Vieja a explicar en el ITF por qué la periciada no asistiría. Lo único que logré es que me prometieran devolver el expediente al juzgado con rapidez para que el juez dispusiera lo que fuere.
No hay moraleja en esta historia. Cuatro personas esperando para plantear alguna clase de problema. Casi media hora en mi caso. Más de una hora en el de la mujer que me habló. Un cambio de guardia efusivo que se extiende por más de media hora durante la cual no hay ni una oreja de guardia dispuesta a enterarse de algo. Nadie va a una comisaría de paseo. Me pregunto qué habría pasado si alguno de los que esperábamos estuviésemos allí para denunciar un asesinato o un secuestro en curso. Nada, habría que esperar el cambio de guardia.
No sé qué les pasaría a los otros tres que esperaban. En mi caso, una mujer de más de setenta años está encerrada en un lugar que no eligió, en el que la raparon contra su voluntad, le retacean la comida y no se le permite ni siquiera presentarse ante un perito o ante el juez que puedan determinar si está o no en condiciones de vivir sola o de elegir dónde vivir, siendo que tiene los medios como para costearse algo mucho mejor.
Lo insólito es que en el asunto han intervenido, o tuvieron oportunidad de intervenir, una institución médica, el Mides, el ITF, la policía y un juez, pero la persona sigue donde no quiere estar, privada de cédula de identidad, de su jubilación, de comida suficiente, de acceso a su casa, de control sobre su cuerpo, de libertad ambulatoria y de comunicación telefónica.
En pocas horas intentaré hablar con el Juez, que sin duda es quien debe decidir y, por tanto, el responsable último de la situación.
Sólo me queda preguntarme qué extraña combinación de descoordinación burocrática, negligencia e insensibilidad lleva a que tantos organismos públicos permitan que ocurran casos así. No quiero ni mencionar lo que ocurre a quienes no tienen los medios para buscarse soluciones mejores. Demasiadas cosas están funcionando mal en el Uruguay.
