Por Jorge Ciasullo
Correo de los Viernes 521
las irregularidades detectadas y las denuncias realizadas en relación al Plan de Vivienda Sindical, exigen una investigación, que vaya más allá del reconocimiento de “errores”, como lo fue hasta ahora, la única explicación del Secretariado del Pit -CNT
En ediciones pasadas (13/12 y 20/12 de 2013), nos referimos al Plan de Vivienda Sindical y a las denuncias de serias irregularidades detectadas en su gestación, a partir de la denuncia penal de una empresaria de la construcción, que se sintió estafada por quienes decían ser representantes o apoderados del Pit- Cnt, para negociar la concesión para la construcción de viviendas para diversas cooperativas.
Ahora, han tomado estado público otros “detalles” del Plan divulgados por la prensa, (Diario El País del 20 y 23 de febrero por ejemplo) que llevan a que cualquier observador independiente, no pueda aceptar, ni creer que, experimentados dirigentes sindicales, como Marcelo Abdala o Juan Castillo, puedan caer en una maraña de irregularidades e ilegalidades, propias, como fue definido por el dirigente del sindicato de la bebida Richard Read, de una “peronización” del sindicalismo uruguayo.
El Plan, se inició con la firma de un convenio, en setiembre de 2011 y vigente, entre el Pit- CNT y el Banco Hipotecario por el cual, este último, se comprometió a financiar las unidades del Plan.
Se creó un Instituto de Asistencia Técnica (IAT), para asesorar a las cooperativas que adhirieran al Plan. Se logró así, que 400 Cooperativas lo hicieran y cumplieran con dos obligaciones: que los titulares de las casi 16.000 familias que aspiraban a obtener una vivienda estuvieran sindicalizados y que cada cooperativa pagara, bajo contrato por 2 años 10.000 pesos por mes al IAT. En buen romance en dos años el IAT percibiría cinco millones de dólares. ¿Para qué? Nadie se ha preocupado de aclararlo, tal vez los “asesores” sean buenos y muchos. Nada que ver con iguales exigencias de sindicatos o la ayuda social del otro lado del río.
Comienzan entonces el trabajo de gestores, actuando bajo poder otorgado por el Jefe del Plan Eduardo Burgos, (mano derecha de Marcelo Abdala) quien se declaraba, “por error”, facultado por el Pit- CNT para hacerlo. Estos gestores comienzan a visitar a empresarios de la construcción y capitalistas, ofreciéndoles participar en el plan, no ya como obra o ayuda social- para eso está el Pit- CNT- sino para obtener en poco tiempo un más que razonable beneficio o ganancia.
Como ejemplo: una empresa (Balmey SA) firmó un contrato con un capitalista para que aportara 1.800.000 dólares para la construcción de 4000 viviendas cuyo costo sería U$S 40.000 por unidad las que, vendidas y cobradas al BHU daría como resultado una ganancia de U$S 1000 por cada una, es decir en 6 meses desde que se iniciaran las obras, se obtendrían 4 millones de dólares. Tentador por cierto
Tan tentador que otras empresas, por ejemplo: Vivamax se sabe, firmó al menos tres contratos similares, con constructores privados.
A todos ellos, se les pedía una “comisión” en cheques diferidos, del orden de los 300.000 dólares. Cuando los capitalistas y/o constructores comprobaron, con el paso del tiempo, que no estaban adjudicados los terrenos ni en ejecución las plateas para iniciar las obras, y que el Banco Hipotecario no había, ni ha aprobado hasta la fecha, ningún préstamo, realizaron las denuncias penales correspondientes.
Habría mucho más para agregar, que probablemente lo hagamos en próximas entregas, por ejemplo: porqué el o los escribanos actuantes dieron por válida las afirmaciones, sin base documental y así lo certificaron, de que el Jefe del Plan de Viviendas tenía poderes otorgados por el Pit –CNT para firmar contratos; sobre las relaciones de amistad y parentesco entre promotores y dirigentes, entre propietarios (los mismos) en distintas sociedades anónimas y entre quienes, en forma monopólica, manejan la asistencia técnica. En este último aspecto, el Pit- CNT ha declarado: “dejamos constancia de que nunca fue resolución orgánica del Pit-CNT de que es condición sine qua non, trabajar con un solo instituto de Asistencia Técnica (IAT). Por el contrario cada cooperativa es libre de elegir el IAT que más le convenga”
Nosotros dejamos constancia que el IAT, creado por encargo del Pit-CNT por el ex militante comunista Sergio Lindner y gestionado por el Arquitecto Sergio Antonaz-*- , ya firmó contratos con más de 300 cooperativas de las 400 creadas, bajo la modalidad que se comenta más arriba, por tanto, poco espacio queda para otro u otros IAT, si los hay.
Hay más inversores, incluso extranjeros, que confiaron en el negocio que se les ofrecía, y que se han abstenido de realizar denuncias, seguramente con la esperanza de recuperar al menos la comisión o, tal vez, realizar, alguna de las obras prometidas.
El Pit-CNT ante el escándalo, que intentamos resumir anteriormente, resolvió crear un Departamento con más de 60 integrantes, conformado por un representante por cada uno de los 37 sindicatos afiliados al Pit y un delegado de las cooperativas por Departamento.
Es de esperar que, además de la transparencia que en el futuro se aplique al plan, en base a esta especie de parlamento creado, también se tomen medidas que eviten que ocurran los calificados como “errores” por el secretariado del Pit-CNT, que han llevado a denuncias penales, que pueden aumentar, a medida que ilusionados inversores y empresarios constaten que, sencillamente, fueron estafados y que sus responsables, por decisión judicial, se hagan cargo de sus acciones
-*- comentario de MMM :El dato del nombre de pila del ARQUITECTO es errado (ídem diario El País) el nombre de pila es Pablo de haber duda consultar a la SOCIEDAD DE ARQUITECTOS que creo debe de pertenecer