Las maniobras del Gobierno de Correa para evitar una consulta popular por el Yasuni
“Se ve, se siente, hasta se huele, el miedo del Gobierno a una consulta popular sobre este tema”, decía Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente
Decio Machado, desde Quito Diagonal, Madrid, 19-4-2014
El pasado 12 de abril, Yasunidos, un colectivo cuya composición social es básicamente juvenil y cuyas formas de acción son muy similares al movimiento de indignados en España, entregaba un total de 756.623 firmas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) del Ecuador
Dichas firmas tienen como finalidad exigir una consulta popular sobre el futuro de los campos Ishipingo, Tiputini y Tambococha (ITT) ubicados al interior del Parque Nacional Yasuní, el área con mayor biodiversidad de América de Latina. El número de firmas presentadas por Yasunidos suma casi un 30% más de las exigidas por el Código de la Democracia, en el cual se señala la necesidad de obtener un apoyo del 5% del patrón electoral, es decir, 584.116 firmas para que se dé un proceso ciudadano participativo de estas características. Cabe señalar al respecto que el patrón electoral ecuatoriano alcanza la inverosímil cifra de 11,4 millones de electores en un país de 14,5 millones de habitantes con una tasa de fertilidad de 2,44 hijos por mujer, con lo cual se evidencia lo inflado que está, actuando como un impedimento agregado para que se den este tipo de procesos
La campaña de firmas se sostuvo durante seis meses, donde Yasunidos compitió con otras dos organizaciones, que planteaban preguntas alternativas a la propuesta por este grupo. Por un lado, la organización Amazonía Vive, que plantea una pregunta de apoyo a la determinación tomada por el presidente Rafael Correa el pasado 15 de agosto de explotar el crudo existente al interior de la zona calificada por la UNESCO como reserva de la biósfera Yasuní
Por otro, el Frente de Defensa Total de la Amazonía (FDTA), que planteaba a su vez la pregunta de declarar todo el Ecuador libre de cualquier actividad extractiva, fuere del tipo que fuere. Hasta el momento Amazonía Vive apenas ha sido capaz de presentar 400.000 firmas -debiendo entregar la totalidad de éstas el próximo 15 de mayo- y el FDTA estima, según sus representantes, haber presentado en torno a 600.000.
El sentimiento generalizado en gran parte de las organizaciones ambientalistas ecuatorianas es que la aparición repentina de estas dos organizaciones en el escenario político responde a una estrategia establecida desde el gobierno y destinada a generar confusión informativa en la sociedad. Al respecto, es importante indicar que Amazonía Vive es una organización compuesta por dirigentes y autoridades locales del correísmo, mientras que los representantes del FDTA son absolutamente desconocidos en los ámbitos sociales y políticos del país. Llama la atención que incluso la publicidad y propaganda emitida por estas organizaciones fueran plagios de los contenidos y diseños gráficos desarrollados por Yasunidos en su campaña, lo que generó confusión y desconfianza entre los ciudadanos sobre a quién estaban avalando con su firma.
“Nuestra pregunta es clara, a diferencia de los demás”, declaran los voceros de Yasunidos, “y ésta consiste en preguntar sobre si se está de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga indefinidamente el crudo del ITT bajo el suelo”.
Dicho cuestionamiento responde a un sentimiento popular expresado incluso por encuestadoras cercanas al oficialismo, como es el caso de Perfiles de Opinión, quien en un reciente sondeo indica que el 72,3% de la población se manifiesta a favor de ser consultada al respecto. Fue el mismo presidente Correa quien desafió a los movimientos sociales a recolectar las firmas necesarias para exigir esta consulta popular. “Si quieren una consulta, de acuerdo, pero no sean vagos, recojan las firmas si tienen tanto apoyo”, indicaba el mandatario el 18 de agosto del año pasado en una sus habituales cadenas televisivas.
Sin embargo, tras el último proceso electoral -las elecciones seccionales del pasado 23 de febrero- donde el correísmo a pesar de mantenerse como primera fuerza política perdió 21 puntos porcentuales de votos, la seguridad con la que se expresaba Correa parece haber cambiado. Según el expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, Alberto Acosta, hoy crítico con el Gobierno, “se ve, se siente, hasta se huele, el miedo del Gobierno a una consulta popular sobre este tema”
Los hechos parecen darle la razón, pues apenas cuatro días después de la entrega de firmas, miembros del colectivo Yasunidos documentaron mediante vídeo que funcionarios públicos habían abierto una de las cajas que contenían copias de los documentos de identificación de sus recolectores de firmas. Según los abogados de este colectivo, ninguna de estas cajas debe ser abierta sin la presencia de los afectados, y este hecho invalida incluso la verificación de firmas pues supone la ruptura de la cadena de custodia que requiere el debido proceso.
Documentación desaparecida
La normativa legal obliga a que en cada formulario de recolección de firmas se identifique al recolector, el cual debe a su vez presentar la fotocopia de su identificación personal al CNE con el fin de que dichos impresos sean validados. Del listado de 1.400 recolectores propiciados por Yasunidos al CNE, ahora muchos de estos no aparecen, lo cual significaría la invalidación de aproximadamente 200.000 firmas recogidas según denuncian voceros de esta organización.
Según Esperanza Martínez, presidenta de la organización Acción Ecológica, “asistimos a una estrategia para invalidar gran parte de las firmas recogidas por Yasunidos, pues nos hemos encontrado con la sorpresa de que las identificaciones de varios recolectores, entre los cuales me incluyo, han desaparecido del CNE”.
De igual manera se manifiesta David Suárez, miembro del colectivo afectado, quien indica que “las firmas que hemos recogido representan la voluntad popular de nuestro pueblo a ser consultado sobre el futuro del Yasuní, representamos a una generación de jóvenes que hemos estado en la lucha para defender la naturaleza, los pueblos no contactados que allí viven y a la democracia de nuestro país; ahora todo nuestro esfuerzo está puesto en cuestión”. Estos hechos son negados por el vicepresidente del CNE, Paul Salazar, quien indica que los auspiciantes de la consulta nunca presentaron dicha documentación
Para Julio César Trujillo, uno de los más respetados y veteranos juristas del país, “esta situación ha conllevado que se interponga un escrito al CNE para que se detenga el proceso de verificación de firmas, buscando que se aclaren las irregularidades denunciadas”.
Intervención militar
Haciendo caso omiso de estos reclamos, el CNE prosiguió con su proceso. El jueves 17 de abril, y tras haber solicitado Yasunidos públicamente garantías legales para el manejo de las firmas, las Fuerzas Armadas se personaron en las instalaciones del CNE con el fin de trasladar las cajas con los formularios a un recinto militar en el cual se ha instalado el centro de verificación firmas. Efectivos de la Policía Nacional intervinieron frente a los jóvenes que protagonizaban acciones de resistencia pacífica para intentar impedir dicho traslado. Patricio Chávez, vocero de la organización Amazonía por la Vida se cuestiona al respecto: “No entendemos como se llevaron las firmas a un centro militar custodiado por el Ejército para su revisión, cuando estos procesos se han realizado tradicionalmente en las instalaciones del mismo CNE”.
En la actualidad, el proceso de verificación y validación de firmas se desarrolla en dichas instalaciones militares. A éstas, se les ha prohibido el paso a los miembros de Yasunidos, que carecen de veedores propios para la fiscalización del proceso. Según Paul Salazar, la verificación transcurre con normalidad al interior del complejo militar, estando las veedurías ciudadanas garantizadas con miembros del Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo
En todo caso, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y el titular de la Defensoría del Pueblo son personalidades que han ejercido con anterioridad destacados cargos políticos durante el Gobierno actual. Ambos están vinculados al oficialismo correísta, de igual manera que lo está el propio Salazar y el presidente del CNE, Domingo Paredes, quien con militancia en Alianza PAÍS ocupó cargo como ministro en el Gobierno de Rafael Correa. En este sentido, Chávez es categórico: “La veeduría conformada por el CNE para el proceso de verificación de firmas que debe legitimar este proceso teóricamente democrático nos excluye y no nos representa”.
Aunque queda por ver la resolución final de la verificación de las firmas, el conflicto en torno a la consulta popular sobre el futuro del Yasuní-ITT agudiza aún más ya acelerado distanciamiento entre las organizaciones sociales y el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador.
Según diversos analistas académicos de la izquierda social ecuatoriana, es de prever que esta situación se verá agravada por la intención del actual gobierno de promover una reforma constitucional para permitir el cultivo de transgénicos, la reelección indefinida del actual mandatario o el futuro acuerdo con la Unión Europea para la conformación de un Tratado de Libre Comercio, eufemísticamente denominado como Acuerdo de Asociación
¿La re-derechización de la "revolución ciudadana"?
Quincenario Opción, Quito
Si la derechización completa de Rafael Correa y su gobierno fue denunciada por las organizaciones sociales y los partidos de izquierda: MPD y Pachakutik, a mediados del año 2010, lo cual generó no solo el retiro del inicial respaldo a ese régimen sino la declaratoria de la oposición popular, ahora se podría que decir que hay, incluso, una regresión mayor: parecería haber un retorno a las prácticas neoliberales típicas de la partidocracia contra las que los ecuatorianos combatieron históricamente y que permitieron que se origine en el Ecuador una corriente democrática, patriótica y progresista, fruto de la cual apareció y tomó forma el Rafael Correa del 2006
Dos hechos altamente significativos marcan esta afirmación: las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, al que se intenta disfrazarlo de Acuerdo Comercial para que neutralice la reacción popular, y el anuncio del regreso de la dependencia imperialista a través de organismos crediticios como el Banco Mundial y por ende, del fondo Monetario Internacional
En cuanto a lo primero, se recordará que durante los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios se intentó la firma de un TLC con los Estados Unidos, proceso que se frustró debido a la intensa lucha social que se generó, y a una furibunda ofensiva que recibió de parte de intelectuales ubicados en la esfera progresista de entonces, entre los cuales destacaba el mismo presidente Correa. Ni Gutiérrez ni Palacio lo lograron. Eso sin considerar que años antes los Estados Unidos habían fracasado en su intento por estructurar un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en todo el continente, y que tuvo como uno de sus principales contendores al gobierno de Hugo Chávez, quien por generar un eje político regional diferente dio vida a la denominada Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA). Los norteamericanos modificaron su estrategia e intentaron seguir por la vía de los TLC bilaterales con los países andinos; lo logró con Colombia, Perú y Chile; en Ecuador la resistencia fue mayor
Ahora, Correa no solo que se encuentra en negociaciones para la firma de un TLC, sino que además ha abierto el camino a las transnacionales para que se apropien de la Amazonía, a través de actividades extractivas a gran escala como la minería y la explotación petrolera; algo que es vital para los grandes monopolios luego de las continuas crisis a nivel global y que intentaron siempre vía TLCs. Sueño neoliberal que se frustró también fruto de las movilizaciones populares y la oposición de las izquierdas
En cuanto a la dependencia vía BM y FMI, está fresca la traición de Lucio Gutiérrez a las organizaciones populares, a la CONAIE, Pachakutik y el MPD cuando fue a los Estados Unidos a declarase el mejor aliado de ese país en la región, y a firmar una carta de intención con el FMI, que condenaba a un sometimiento mayor al país
Rafael Correa hizo algo parecido en su última visita a los Estados Unidos, en la que resaltó el significado de esa potencia mundial: “esa es la mejor educación universitaria del mundo”, dijo por ejemplo, degradando, al más puro estilo colonial de los neoliberales, a las experiencias y capacidades latinoamericanas en esa materia
En cuanto al tema endeudamiento, hay que afirmar que para el Correa re-derechizado de hoy, ya no resultan entreguistas por principio los endeudamientos externos, tanto que el problema lo propone como un asunto de pragmatismo contable: si el BM nos da créditos a más bajo interés y por más largo tiempo, trasladamos toda nuestra deuda para allá, ha dicho sin inmutarse en cuanto al significado ideológico y político que esto tiene
Además de que ha quedado en evidencia el desangre que significaron para el Ecuador los endeudamientos con el país oriental, y que Correa defendió hasta hace poco de manera frontal
En el tapete hay decenas de aspectos más en los que se podría demostrar esta re-derechización del régimen de la “revolución ciudadana”, imponer un Código Orgánico Integral Penal (COIP) que afirma un estado de vigilancia y castigo cada vez mayor es uno de ellos, o una serie de leyes que tienen que ver con la flexibilización laboral que la partidocracia neoliberal tuvo siempre como meta última, o la elitización de la educación que ha sido marca neoliberal por antonomasia
fuente Ernesto Herrera - Correspondencia de Prensa