Concentración de repudio al Ministro Huidobro
30/12/2014 - Montevideo Uruguay
Plenaria Memoria y Justicia
https://www.youtube.com/watch?v=0sRUk-zw5LQ
TODOS CONTRA LA IMPUNIDAD EXIGIENDO LA DESTITUCIÓN DEL MINISTRO DE DEFENSA
Importante muestra de repudio e indignación en la concentración escrache de ayer frente al Ministerio de Defensa
La manifestación en sí, reunió unas 400 personas El público era una excelente muestra de la mezcla de juventud y de vieja militancia y alcanzó para cerrar 8 de octubre al tránsito (una arteria en ese tramo muy transitada). La gran prensa que tenía sus cámaras, dio a publicidad por televisión y en la prensa fotos DEL INICIO de la concentración, cuando la gente es menos. Otra manifestación de la CONCORDANCIA que existe en los grandes medios para dar la información sesgada. La defensa de la impunidad les exige eso. El hecho de que existan compañeros y gente del común capaz de movilizarse en pleno verano y con los calores, es elocuente. LOS MOLESTA. No les permite maniobrar para DAR POR CERRADO el tema.
La convocatoria fue inicialmente de ADES Montevideo –FENAPES y la adhesión de la Plenaria, la Tendencia Clasista, la Agrupación Tesis XI/ FAC. HUM. FEUU/ GESTIÓN OBRERA/ ABC COOP., también tuvo la ausencia y borrada de los conocidos de siempre..... los reformistas de todo pelaje, que cuando ven que no “manejan y pilotean” una convocatoria no participan.... tratando de “aislar” (no sea que "contagien a sus bases...!!) a los que se movilizan sin especulaciones de ningún tipo; igual la convocatoria fue más que satisfactoria, para que quede claro quienes son los que no bajan las banderas y los que están siempre para las fotos
ARRIBA LOS QUE LUCHAN ¡!!
posta
CONTINÚA CUESTIONAMIENTO AL MINISTRO
Madelón Aguerre (SERPAJ):
“Los dichos de Fernández Huidobro encierran violencia explícita” y simbólica
30.12.2014
MONTEVIDEO (Uypress) — El SERPAJ, acompañado por Familiares de Detenidos Desaparecidos e IELSUR, brindó una conferencia de prensa en la mañana de este martes donde ratificó su compromiso en la lucha en defensa de los derechos humanos y cuestionó los dichos y hechos del ministro Fernández Huidobro
El Servicio Paz y Justicia convocó a una conferencia de prensa, en su sede de la calle Joaquín Requena 1642, donde ratificó en todos sus términos la declaración emitida el lunes, en la que hacía referencia a las "inapropiadas y desproporcionadas" declaraciones del Ministro de Defensa.
La declaración, que fue leída por el representante de Familiares, Oscar Urtasun, y es apoyada por numerosas organizaciones y personalidades, dice lo siguiente:
"Las declaraciones inapropiadas y desproporcionadas que el Ministro de Defensa Sr. Eleuterio Fernández Huidobro ha manifestado en las dos últimas semanas y a lo largo de su trayectoria como ministro, afectan considerablemente la confianza institucional que la ciudadanía demanda de su cartera. Las respuestas -ante las manifestaciones- por parte de organizaciones, instituciones y personas han sido claras y contundentes. Todas ellas solo demuestran que la lucha y el compromiso por los acontecimientos del pasado reciente no incumben a una sola organización ni a una persona en concreto. Y que ninguno de todos los actores puede dictaminar el punto final sobre este tema.
Hoy como en el pasado no podemos aceptar la banalización del horror y de la impunidad, porque no nos hace bien socialmente, porque la democracia sólo puede ser sólida y estable si se construye sobre la Verdad y la Justicia.
En este sentido queremos recordar nuevamente lo que afirma el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías
de no repetición, Sr. Pablo de Greiff "Uruguay aún tiene un capítulo importante de su pasado reciente sin resolver adecuadamente. Avanzar realmente hacia el futuro y continuar en el camino del desarrollo supone necesariamente que los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición sean cumplidos. Esto es responsabilidad de los tres poderes que comprende el Estado".[1]
Por todo lo expuesto entendemos que la persona que ocupe la cartera del Ministerio de Defensa debe estar en consonancia con la sensibilidad y la idoneidad adecuada para atender las demandas en relación con nuestro pasado reciente.
En este sentido convocamos al presidente electo Dr. Tabaré Vázquez -a reflexionar y volver a analizar- su decisión de confirmar al actual ministro de defensa en su cargo para el próximo período de gobierno.
Como organizaciones de derechos humanos -junto a organizaciones sociales, políticas y personas- no claudicaremos en seguir exigiendo al Estado el cumplimiento de sus deberes para el logro de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición".
Madelón Aguerre: "Los dichos de Fernández Huidobro encierran violencia explícita y simbólica"
La directora de SERPAJ, Madelón Aguerre, que en más de una ocasión fuera aludida por Fernández Huidobro, enfatizó que las palabras vertidas no son de una persona en particular, sino que pertenecen a un colectivo que actúa como tal.
Dijo también que el comunicado es el resultado del posicionamiento institucional "sobre hechos, declaraciones y acusaciones del Ministro de Defensa Nacional". Dijo también que lo expresado no ha sido sostenido solamente por SERPAJ, sino por un amplio conjunto de organizaciones que trabajan en la temática "desde hace muchísimo tiempo".
Sostuvo también que el comunicado emitido por IELSUR días atrás "contiene algunos ejemplos concretos donde se constatan las dificultades a las que se enfrentaron para obtener información por parte del Ministerio de Defensa en las causas que vienen patrocinando por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura".
Aguerre manifestó también que entienden que "los dichos descalificadores y denigrantes emitidos por parte del Ministerio de Defensa en la persona del señor Eleuterio Fernández Huidobro encierran una violencia explícita, pero además simbólica, ya que no son palabras de un particular sino de un alto funcionario de gobierno"
Martín Sbrocca: "No es necesario torturar, alcanza con respetar los mandatos judiciales"
El representante de IELSUR, Martín Sbrocca, manifestó sus solidaridad con SERPAJ y consideró los dichos de Fernández Huidobro como "desacertados y sobre desajustados a la verdad".
Señaló que en la tramitación de las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos se está "muy lejos de que exista una conducta de colaboración de parte del Ministerio de Defensa. "En IELSUR venimos tramitando varias causas en las cuales nos venimos encontrando sistemáticamente con obstáculos y el no cumplimiento por parte del Ministerio de Defensa" en la respuesta a los requerimientos de información.
"No es necesario torturar para conseguir información, sino que alcanza con que el Ministerio de Defensa, ya sea en la persona del Ministro como de los funcionarios que él designe, cumplan con respetar los mandatos judiciales"
Oscar Urtasun: Fernández Huidobro mete muchas mentiras
El representante de Familiares de Detenidos Desaparecidos afirmó que las declaraciones del Ministro están "plagadas de ironía" y "mete muchas mentiras y las entrevera con algo de verdad para que sea una comida pasable".
"Nosotros hemos sufrido esa falta de colaboración y esa constante defensa a ultranza de las Fuerzas Armadas", dijo.
Agregó que han solicitado información sobre quiénes eran los mandos en cada actuación represiva y sistemáticamente les ha sido negada.
Concluyó que el Ministro "hace abuso de su autoridad y pone trabas permanentes al tema de la verdad y la justicia"
¿Pacto?
Consultados por UYPRESS sobre si consideran que existe un pacto entre el Ministro y los militares involucrados en violaciones a los derechos humanos, la directora de SERPAJ, Madelón Aguerre, manifestó que ese no es un tema que les concierna a ellos, y que como sociedad civil tienen la obligación de exigirle al Estado que responda. "Si hay o no un pacto, ya no es nuestro problema. Pero el Estado no puede incumplir, y sobre todo, nosotros lo que queremos promover es una ciudadanía sana y un sistema democrático sólido" afirmó
Dijo que para que eso ocurra, es necesario transitar por todas las recomendaciones que por muchísimos lugares, en acuerdos internacionales que Uruguay ha firmado, se hacen en cuanto acceso a la verdad pero sobre todo a la justicia "Si esos elementos necesarios no se cumplen, la responsabilidad siempre es del Estado", manifestó
SOMOS PECADORES
Justificando los disparates que emitió al referirse a las críticas formuladas por Serpaj, el Ministro de Defensa ha señalado que el problema de fondo es que se discrepa con la política de DDHH que lleva adelante el actual gobierno y la fuerza política que la integra. Se deduce de sus palabras y de su reacción que tener opiniones diferentes y distintas es prácticamente un sacrilegio merecedor de la excomunión en la terminología religiosa. Lo confesamos sin pruritos y públicamente: somos impenitentes pecadores.
No compartimos que los militares procesados, con sentencia firme cobren sus jubilaciones. Es un privilegio inaceptable que tienen los integrantes de las fuerzas armadas ya que los ciudadanos cuando son condenados por la justicia pierden el derecho a cobrar sus jubilaciones que, además, tienen topes, establecidos por la dictadura militar que hasta el día de hoy se mantienen. Homologar el fallo del Tribunal de Honor que posibilitó que Gilberto Vázquez pueda cobrar el 100% de su jubilación por “tener buena conducta” es rascarle el lomo a uno de los principales criminales del proceso y darle aliento a la impunidad
Tampoco nos parece razonable que a los militares que se encuentran prófugos de la justicia, fuera del país para evitar ser procesados se les continúe abonando sus jubilaciones y pensiones. En este caso el Ministerio de Defensa financia la clandestinidad de los prófugos y obstaculiza de manera activa y militante la actuación de la justicia para avanzar en la búsqueda de la verdad y del justo castigo
Que un Tribunal de Honor militar al juzgar la actuación del Cnel. ® Gilberto Vázquez procesado y condenado por la justicia por crímenes aberrantes pueda ser considerado como una persona con buena conducta, demuestra claramente que las Fuerzas Armadas continúan en democracia rigiéndose por una escala de valores absolutamente distinta y opuesta a los principios constitucionales vigentes en el país
El hecho comprobado de que en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas los militares que se opusieron al proceso y por ello sufrieron torturas, prisión prolongada y fueron expulsados de la institución, reciban un trato discriminador y despreciativo, ignorando las leyes vigentes al respecto, sin que ningún general haya sido observado y/o sancionado por ello es una política de DDHH con la cual no estamos de acuerdo. En un país democrático las Fuerzas Armadas tienen que respetar las normas constitucionales y las leyes vigentes. Los militares que en su momento fueron expulsados de las filas, en base a leyes aprobadas por el Parlamento, han recuperado sus grados militares y deben recibir el trato que corresponde
De acuerdo a la normativa legal en el país, todos los militares cuando son procesados y condenados por la justicia, deben ser sometidos a Tribunales de Honor, para recibir además de la sanción penal, la sanción administrativa que corresponda en base a la gravedad de los delitos. Hasta el momento ningún militar de los procesados y con sentencia firme, por crímenes que deberían tipificarse de Lesa Humanidad, ha sido sometido a un Tribunal de Honor debido a la actuación de la justicia. Aunque parezca una broma de Showmatch, el Cnel. ® Gilberto Vázquez fue sometido a un Tribunal de Honor por haberse fugado del Hospital Militar pero no por las desapariciones forzadas de ciudadanos en las cuales participó, ni por los asesinatos, ni por las torturas ni mucho menos por los comprobados abusos sexuales a los prisioneros. La lógica militar prevaleciente en los mandos naturales está imbuida de Impunidad y es contraria a los principios de la institucionalidad democrática
La obligación de Repetir
Cuando los Estados violentan los derechos humanos de las personas tienen la obligación de reparar el daño de una manera integral, tal como lo establece la Resolución 60/147 de la ONU, lo cual incluye entre otros elementos otorgar una indemnización. Para cumplir con sus obligaciones estipuladas en las normas de DDHH, el Estado uruguayo ha tenido que destinar importantes sumas de dinero para indemnizar a los familiares de los detenidos desaparecidos y asesinados. El Artículo 26 de la Constitución establece que el Estado tiene la potestad de repetir contra los funcionarios involucrados en los delitos, los costos que el accionar de los mismos le ha ocasionado al erario público. Hasta el momento esta disposición constitucional no se ha aplicado para ninguno de los militares procesados y condenados por más de 25 desapariciones forzadas y asesinatos de ciudadanos
Historias de combatientes
El proyecto político que culminó con la dictadura militar y el terrorismo de Estado se inició el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco estableció las Medidas Prontas de Seguridad y convocó a las fuerzas armadas para reprimir al movimiento sindical mediante la militarización de los bancarios y otros gremios. Los combatientes eran las masas trabajadoras, los asalariados rurales, los estudiantes universitarios y secundarios enfrentando la congelación salarial y la Intervención. El enfrentamiento armado al proyecto autoritario alcanzó mayores proporciones a medida que cada vez era más claro el destino final en el marco de una estrategia continental diseñada en Washington. Las violaciones a los DDHH que se cometieron por parte de los funcionarios del Estado no son justificables bajo ningún concepto y no merecen ser perdonadas legalmente, no por razones de revanchismo o venganza, sino para no alentar su repetición tal como lo establece la normativa de DDHH en general y la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.
El desprestigio y la condena social a las FFAA en amplísimos sectores de la población, que ha sido incluso reflejado en las páginas de El País, obedece al enorme daño que en su momento le causaron al país como institución, al sufrimiento ocasionado en forma directa a miles de uruguayos, a la persistencia, en sus mandos y en la oficialidad, de una justificación injustificable de lo actuado, a no haber dado muestras hasta el momento de arrepentimiento, a una complicidad permanente con los delincuentes y los nucleamientos sociales que ofician de voceros públicos de los mismos, a negarse a brindar la información detallada y pormenorizada de lo ocurrido con los ciudadanos detenidos desaparecidos para hallar sus restos óseos
En nuestro sistema democrático republicano de gobierno corresponde esencialmente a la justicia la investigación, el esclarecimiento y el castigo de las graves violaciones a los DDHH. Es su potestad constitucional. Los jueces que han asumido su obligación al respecto han debido trabajar en pésimas condiciones en todos los planos, sin contar con dedicación exclusiva a pesar de tratarse de delitos complejos, han sido perseguidos, incluso sancionados como ocurrió con la Dra. Mariana Mota. Tampoco han contado con la colaboración del Ministro de Defensa que ha interferido en algunas causas y no ha proporcionado en tiempo y forma la información que le ha sido solicitada, tal como lo denunció estos días IELSUR en un comunicado de prensa.
La tesis de los dos demonios, la teoría de los combatientes es un relato discursivo elaborado por quienes promovieron, apoyaron y sostuvieron el proyecto socio político del terrorismo de Estado para ocultar su responsabilidad, diseminar las culpas y mantener, en lo posible la impunidad que la lucha social ya ha resquebrajado restableciendo plenamente la pretensión punitiva del Estado a través del Artículo 1 de la Ley 18 831 y logrando el enjuiciamiento de un núcleo significativo de represores seriales
Los expresos políticos agrupados en Crysol que hemos levantado las banderas de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de no repetición, mantendremos en alto nuestras banderas también en el 2015 que se avecina.
Las recomendaciones formuladas al Estado uruguayo por el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff para superar las heridas del pasado reciente y el cumplimiento a cabalidad de la Sentencia de la Corte IDH para el caso Gelman son las medidas que impulsaremos, recordando que el 14 de marzo se cumplirán 30 años de la liberación de todos los prisioneros.
-------------
Opinando Nº 10 – Año 3 – Martes 30 de diciembre de 2014
CRYSOL
CARTA ENVIADA EN SOLIDARIDAD CON SERPAJ Y EN REPUDIO A LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE DEFENSA
Buenos Aires, 26 de Diciembre de 2014
El colectivo de Uruguayxs en Argentina por los DD.HH se solidariza con el SERPAJ URUGUAY, que ha sido agredido por el Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro, quien no tiene la catadura moral ni ética para juzgar el desempeño del SERPAJ. Organismo de Derechos Humanos que dio sobradas muestras de integridad, llevando adelante desde épocas dictatoriales tan difíciles, la lucha por diferentes temas relacionados tanto a la libertad de los presos políticos, contra la tortura sistemática, la apropiación de menores, la criminalización de la protesta, como la búsqueda de la verdad acerca de los compañeros desaparecidos, temas tan preciados no sólo por los familiares, organismos de derechos humanos, sino también por el pueblo uruguayo todo que hoy ha dicho basta, pues se ha cruzado un límite intolerable.
Ofende a la democracia y es realmente una apología del delito que el mencionado personaje exprese: "...si Serpaj me autoriza a torturar, yo capaz que le consigo información", es una ofensa, banalizar un tema tan doloroso para los sobrevivientes de ese horror y para nuestra sociedad toda.
Por otro lado, sabido es que no son solamente los dichos del ministro lo que ofende, sino los hechos protagonizados por él en tantas oportunidades en las que se le han pedido datos acerca de los desaparecidos –de los que existen en archivos- y el siempre contestó que no tenía conocimiento, protegiendo de esta forma a los responsables de los delitos de lesa humanidad.
Asimismo otro hecho gravísimo fue cuando prohibió ingresar a los sobrevivientes que iban con la jueza Mariana Motta,- por lo tanto con orden judicial - al Batallón en el que probablemente estuvieron cautivos para una inspección ocular alegando que era cuestión de defensa nacional.
Asimismo, cuando el Ministro de Defensa y el Presidente en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, convalidan con su firma, la sentencias de Tribunales Militares, en democracia, para juzgar a genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad, considerando que con 5 años de "buena conducta" en su reclusión, se le puede reintegrar el beneficio jubilatorio completo. Cuál puede ser la "buena conducta" de un violador de derechos humanos, que torturó, secuestró, asesinó y desapareció ciudadanos en el marco de la Operación Cóndor?
Por lo anteriormente expuesto, repudiamos en todos los términos lo expresado y actuado por el Ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro en su carácter de representante del estado uruguayo en ese ministerio y nos solidarizamos con el organismo que Uds. integran reconociendo nuevamente su lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia
Saludamos a Uds. fraternalmente.
Yonidy De León Perdomo Ana María Parnás Mary Quijano Pedro Strada
Edward Cunha Fabián Amaral Tito San Román
Uruguayxs en Argentina por los DD.HH