Cultivo la rosa blanca*
Ya hay un preso por ocupar. Y ya hay una procesada por esa causa realizando una huelga de hambre.
El juzgado penal de Atlántida se apresta a atender decenas de denuncias que pueden terminar de manera similar. De cómo se aplica la ley 18.116 al este del arroyo Pando trata esta nota
S a l v a d o r N e v e s
“El lugar ideal para potenciar un contacto pleno con la naturaleza en un ámbito donde la paz y el verde lo liberan de todo tipo de tensiones provocadas por la ciudad.” Así presentan la zona los vendedores de solares del barrio privado Villa Juana. Es frente al arroyo Pando, sobre la ruta 34, algo al norte de la intersección con la Interbalnearia, pegado a Las Cumbres de Neptunia.
Y es una descripción bastante exacta. Por lo menos mucho más exacta que muchos de los datos que esa página brinda sobre la ubicación del country, pues la playa está a 45 cuadras del emprendimiento y no a diez como se anuncia, y si un desprevenido comprador intentase llegar desde ahí al “centro de Carrasco” en los diez minutos que los vendedores de Villa Juana calculan, seguramente tenga problemas con la ley. 1
Respecto a que en ese lugar se puede estar a salvo de “todo tipo de tensiones”, pudo ser. Ya no parece. Porque hay quien dice que los mismos que ofrecen esa paz son quienes promueven el conflicto. Porque fue desde Villa Juana que partieron las primeras denuncias por usurpación de predios que han encendido un conflicto entre ocupantes y propietarios que se extiende a toda la Costa de Oro, pero tiene su foco en la frontera sur del country, en Las Cumbres.
Además el nombramiento en enero del año pasado del doctor Marcos Seijas para hacerse cargo del primer turno del juzgado de Atlántida, que entiende en materia penal y cuya competencia va de peaje a peaje, parece haber marcado un antes y un después en el destino de ese tipo de denuncias.
Los primeros pasos del juzgado fueron cautelosos. “El año pasado –explicó Seijas a Brecha– el criterio adoptado por la fiscalía ante las situaciones denunciadas era pedir la reserva de las actuaciones por un plazo prudencial. Después se constataba si las personas seguían ocupando o no. En el caso de que siguieran ocupando la fiscalía pedía el procesamiento, y en una decena de casos esto fue lo que sucedió.”
El 11 de junio se dictó el primer procesamiento que involucró a una persona acusada de usurpar un terreno en Salinas sur. El 29 de agosto le tocó a dos personas que ocuparon en Neptunia, también del lado de la playa. El 7 de octubre a cuatro que se metieron en una casa de Parque del Plata, y dos días después a otro más, en el mismo balneario.
Pero después del verano la acción judicial se ha vuelto más expedita. “Este año –explicó el juez–, en el entendido de que éste es un tema que ha tomado una trascendencia bastante grande y que todo el mundo sabe lo que se puede o no se puede hacer en terrenos que no son suyos, cuando culmina la audiencia, en general, se pide el procesamiento.”
Ya hay un procesado con prisión (sanción que se le infligió pues ya tenía otra causa, también por usurpación). El 13 de marzo un centenar de manifestantes convocados por la Coordinadora de Vecinos Contra los Desalojos (CVCD) marcharon por la Interbalnearia, y el 14 de marzo Delma Castro, procesada junto a su esposo por la ocupación de un terreno en Las Cumbres, inició –en protesta– una huelga de hambre.
NO ES LO MISMO
Es difícil calibrar la magnitud de la crisis. Otros medios han señalado que serían entre 120 y 200 las familias que ocupan terrenos en la zona. También refieren que la Policía habría levantado un censo, pero Darcy Machado, comisario de la Seccional 22, reconoció a este semanario que por ahora la información es muy incompleta (para los militantes de la CVCD el “censo” en realidad era una excusa para detectar ocupantes incriminables).
Salvador Bernal, alcalde de Salinas, habla de 700 padrones ocupados en el área de su municipio (que va desde el arroyo Pando hasta Atlántida), pero entre éstos la variedad de situaciones es enorme.
“Por ejemplo hay cuatro o cinco vivos que ocupan terrenos y los venden”, explicó, y relató que hasta hace muy poco en Pinamar norte se podía ver carteles con un número de celular que anunciaban “Vendo derecho posesorio”. “Era una truchada, porque el derecho posesorio no se puede vender. Pero ellos se lo vendían en 2 o 3 mil dólares, o lo que le pudieran sacar, y le decían: ‘Vos andá a la Intendencia y hacé ésto y aquéllo y buscá un escribano’. Y había escribanos que estaban en la joda y les hacían derechos posesorios falsos.” Y Bernal narró también a Brecha cómo el comisario anterior, Olivera, detuvo a alguna gente “de malvivir” que pretendiendo que ciertos terrenos eran suyos “de pesado” habían corrido a “madres solteras” que habían levantado allí su rancho.
Pero en la enumeración del alcalde también figuran empresas de las legalmente constituidas: “Pasó acá en Marindia sur. Era un monte de eucaliptos, una manzana de cuatro padrones. De un día para el otro lo cortaron, se metieron allá adentro e incluso agarraron un terreno que era municipal. Ahí sí intervenimos porque esos terrenos habían sido dados para un cuartelillo de bomberos, una policlínica y una garita policial. Pero el tipo consiguió un escribano, hizo el derecho posesorio y la Intendencia le empezó a cobrar contribución. Nosotros lo denunciamos y está en juicio, pero no se han tomado medidas”.
Hoy en realidad basta cruzar el peaje y mirar a los costados para tener una postal de la disparidad de situaciones que el término “ocupaciones” incluye: en la acera norte una automotora ha extendido su territorio sobre solares vecinos sin que se la sepa objeto de acción legal alguna; en la acera sur Delma Castro y su familia han instalado la carpa en la que viven desde que la justicia los desalojó y procesó.
De todas maneras, para el alcalde de Salinas parece claro que entre los ocupantes “hay gente que verdaderamente precisa, gente de laburo, que sale a las 7 de la mañana a laburar, y los ves todos los días”. Por eso, afirmó, el municipio le planteó a la comuna la expropiación de los terrenos de Las Cumbres pero sin éxito.“Nuestra idea era que de los 700 padrones que tenemos se expropiaran por lo menos los del norte de Neptunia. Eso está cerca de la ruta, es una parte alta. No es zona inundable. Y luego pasárselos al Ministerio de Vivienda o al Plan Juntos, o a algún tipo de cooperativa, y dárselos a familias o a madres solteras con hijos que no tuvieran donde vivir, que no tuvieran ninguna propiedad en el territorio nacional, y con una cláusula que estableciera que al menos por 15 o 20 años no se pueden vender y que si lo quieren vender tienen que pagar la deuda.
Hacemos un barrio obrero. Y mientras no puedan pagar... bueno, acá no se pagó nunca, aguantar un año o dos más que no paguen… Hacer un plan, hacer un seguimiento. ¿Por qué no se hace eso? No lo tenemos claro. Nos responden que es un problema entre privados que tienen que resolver los privados. Tenemos entendido que en otros departamentos se hizo. Yo pienso más bien que es un problema político.”
Para el arquitecto José Freitas, director de gestión territorial de la Comuna Canaria, se trata de “una problemática que tiene una cantidad de miradas y no tiene una solución tan simple ni tan fácil”. Freire recordó también que para atender a la gente que necesita una vivienda el Estado ha diseñado una cantidad de programas, pero “ninguno de ellos va en la línea de ocupar un predio privado para edificar allí la vivienda”. Esto no significa “que haya que descartar esa posibilidad”, pues en el mismo departamento de Canelones ya se ha apelado al mecanismo de expropiar terrenos privados y regularizar a los asentados en ellos. Entonces “no es una posibilidad que se haya descartado en general, pero en el caso de Neptunia no se avanzó en ese sentido”. Sin embargo la serie de procesamientos y sus derivaciones podrían alterar el sentido de los avances: “Esta es una situación nueva y no podemos mirar para el costado”, consignó el arquitecto.
UN APORTE
Lo singular es que la Intendencia de Canelones tuvo un protagonismo relevante en la creación de esta nueva situación. “La jueza anterior recibió quejas de la Comuna Canaria de que no se estaba aplicando la ley de usurpación como correspondía”, explicó a Brecha el juez Seijas. En abril del año pasado, Yamandú Orsi, actualmente candidato a intendente y entonces secretario general de la comuna, había declarado a El País que, lejos de incentivar las ocupaciones, los titulares de la administración departamental “llegamos a hacer denuncias penales concretas y enviamos una comunicación a la Suprema Corte de Justicia cuando vimos que el delito de usurpación no estaba siendo examinado ni condenado”. 2
Pero quizá quien primero sugirió que en la ley de usurpaciones estaba la respuesta fue el diputado nacionalista por Maldonado Nelson Rodríguez Servetto. Por lo menos fue él quien dos años antes (el 13 de junio de 2012), en ocasión de que la Comisión de Turismo de la Cámara baja recibiera a la Comisión de Festejos del 75 aniversario de Salinas, cuando el alcalde Bernal comenzó a lamentarse que “hace siete años venimos efectuando denuncias” de ocupaciones ilegales y “lo que nos dice la jueza es que tiene que ir el titular o el dueño a hacer el reclamo”
“Llama poderosamente la atención que la jueza no tome la denuncia y diga que tiene que ir el dueño”, observó Rodríguez. “En la legislatura pasada –recordó– el Parlamento aprobó por unanimidad de las dos cámaras una modificación de la ley de usurpación, pensando en los dueños de los predios y también en los gobiernos departamentales y locales, para que puedan defender su territorio. Esa ley de usurpación dice que cualquier persona, en cualquier momento, puede hacer la denuncia de una usurpación y que el juez inmediatamente tiene que tomar cartas en el asunto.” Y de paso advirtió que “también en Maldonado nos pasa que los jueces se están lavando las manos”
LO ARBITRARIO
La ley de usurpaciones es la 18.116, aprobada el 10 de abril de 2007 durante el primer gobierno de Vázquez, y sustituyó el artículo 354 del Código Penal. Como señaló Rodríguez, permite que cualquier persona en cualquier momento denuncie la “usurpación”, la que a diferencia de la ocupación, dirimida ante el derecho civil, es un delito que puede ser castigado hasta con tres años de penitenciaría. También establece que “constituye una circunstancia agravante el hecho de que la usurpación se cometa en inmuebles ubicados en zonas balnearias”.
La iniciativa legislativa fue del propio Rodríguez y de su compañero de bancada Federico Casaretto. Brecha informaba entonces que la aprobación de la norma había causado “sorpresa” en las autoridades del Ministerio de Vivienda y “malestar entre algunos dirigentes frenteamplistas”, que se había traducido en “gestiones para evitar que esta ley vea la luz”. FUCVAM había pedido públicamente al presidente de la República que hiciera uso de la facultad de veto “para que este error no se lleve adelante”. Pero Vázquez no lo hizo.3
“La nueva redacción vuelve a transformar en delito la ocupación, aunque ella sea pacífica y con ánimo de residir o trabajar, y convierte en denunciante a toda la población, lo cual puede desatar una verdadera cacería de ocupantes de asentamientos precarios”, sostenía Benjamín Nahúm poco después. 4
También en estas páginas pero hace dos meses, el mismo Nahúm alertaba que aunque esa ley, “en su empeño por defender la propiedad privada, eliminó todas las condicionantes delictivas, (...) aun así dejó un pequeño resquicio: la ocupación, para ser delito, debía configurarse en forma ‘arbitraria’, esto es, según la Real Academia, con las características de un ‘acto o proceder contrario a la justicia, la razón o las leyes, dictado sólo por la voluntad o el capricho’”.
Entonces “como es claro que quien ocupa por necesidad no lo hace arbitrariamente, sino en función del fin superior de su supervivencia y la de su familia, por ahí quedaba una escapatoria”, deducía. 5
No obstante, esta inferencia no es válida para el juez Seijas. El magistrado admite que “generalmente las personas que ocupan están en una situación social complicada”, que “evidentemente si ocupan es porque no tienen otro lugar donde ir”. Sin embargo, alega, “hay otras personas que están en una situación similar y acuden a las vías correspondientes”. En su concepto “la ocupación de un terreno, cuando uno es consciente de que no es suyo, siempre es arbitraria”.
Todo hace pensar que las cosas se agravarán al este del arroyo Pando. En el juzgado de Seijas entran “tres o cuatro casos nuevos de usurpación por semana”. Además el juez tiene en sus manos dos expedientes heredados de su antecesora que involucran, según dijo a Brecha, a “decenas de personas”.
Entretanto, en la acera sur de la Interbalnearia, Delma Castro cumplirá 13 días en huelga de hambre. Desde el miércoles pasado tiene al menos la asistencia médica indispensable. No fue fácil obtenerla. Después de recorrer inútilmente varias instancias, los militantes de la Coordinadora de Vecinos Contra los Desalojos decidieron presentarse ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, que resolvió la situación en sólo dos horas. Delma dice que agradecería un indulto para ella y su familia (también están procesados su marido y su hijo de 19 años), pero que lo que quisiera que se entendiera es la aberración que significa la ley 18.116. Dice que cuando termine todo esto tendrá que agradecerle al juez pues sus medidas han espantado del barrio a los ocupantes de mala vida, y porque luchando contra él los que sí quieren una vida distinta se están haciendo más fuertes. “Cuando todo esto termine le voy a regalar un ramo de rosas blancas”, dice.
1. www.villajuanaventas.com.uy
2. El País, “Comuna Canaria pidió ayuda a Suprema Corte por ocupaciones”, 11-IV-12.
3. Brecha, 20-4-07.
4. Brecha, 11-5-07.
5. Brecha, 6-2-15.
*Aclaración: la nota fue publicada el 27 de marzo de 2015, pero salvando el hecho de que Delma Castro culminó la huelga de hambre, el resto del artículo mantiene total vigencia.