Primer juicio europeo al Plan Cóndor
Con problemas de coordinación y con cierta sensación de desprotección, viajó esta semana a Roma el primer grupo de uruguayos que declararán como testigos en el juicio que se sigue en Italia al Plan Cóndor
Por Federico Gyurkovits en caras & caretas digital 6/6/15
Son querellantes en la causa el Estado y el Frente Amplio (FA) –cuya presidenta, Mónica Xavier, se reunió la semana pasada con algunos de los testigos para recomponer el vínculo. Los primeros testigos viajaron sin haber tenido contacto previo con los abogados y sin instancias formales de encuentro con representantes del Poder Ejecutivo.
El costo de pasajes, estadías y traslados es asumido por el Estado italiano, mientras que el Estado uruguayo y la fuerza política que está en el gobierno, se hacen cargo de los honorarios de los abogados que llevan adelante la demanda en nombre de Uruguay.
CONDUCEN A ROMA
La megacausa denominada Processo Condor tiene víctimas, acusados y testigos de nacionalidad boliviana, chilena, peruana, argentina y uruguaya.
“Vittima: Daniel BANFI, militante del M.L.N. ‘Tupamaros’. Vittima: Gerardo GATTI, sindicalista e dirigente del OPR-33/ROE/PVP”. Sobre el destino de estos desaparecidos trata la primera etapa testimonial del anexo uruguayo de la megacausa, que comenzó ayer en el Tribunal Penal Nº 3 de Roma presidido por la jueza Evelina Canale y que tiene al fiscal Giancarlo Capaldo como representante del Ministerio Público.
Según el cronograma de audiencias fijado en marzo, los primeros en dar su testimonio, ayer, fueron Aurora Meloni, Nicasio Romero, Zelmar Michelini (Chicho), Óscar Bonilla y Óscar Destouet por el caso Banfi, mientras que hoy lo hacen Daniel Gatti, Edelweiss Zahn, Ana Quadros y Eduardo Dean por Gatti.
El viernes 29 Destouet había compartido con Caras y Caretas las sensaciones que tenía antes de emprender el viaje del lunes, cuya salida en principio estaba pautada para el martes 2, pero que logró adelantar para llegar con más tiempo para acomodarse antes de tener que declarar. Si hubiera mantenido el vuelo original, como los demás que declararon ayer, la hora de arribo a Roma habría sido sobre las 18.00 del miércoles. Sumando trámites y traslados y entrada al hotel, sólo le habría quedado tiempo para comer y descansar. Al día siguiente, madrugar para recorrer un trayecto de más de una hora y estar pronto cuando la jueza Canale diera por empezada la audiencia, sobre las 10.00.
Adelantar ese periplo un día le permitiría, además de ganar tiempo,intentar hacer contacto, por primera vez, con su abogado. “He intentado desde hace tiempo conectarme con los abogados, recién ayer (por el jueves 28) recibí comunicación del abogado contratado por Uruguay, que me dijo ‘voy a intentar ir a verte al hotel, avisame cuando llegás y trato de ir a verte”,expresó Destouet
La imposibilidad de ubicar al abogado italiano narrada por el historiador se repite con los demás testigos, que también encontraron problemas para coordinar una estrategia con representantes del Estado y del FA, en tanto querellantes de la causa. “Hay descoordinación. Yo, en particular, tuve distintas entrevistas con autoridades de gobierno, que fueron muy receptivas y colaborativas en lo declarativo, pero también demostraron cierto desconocimiento de la causa en sí”, afirmó Destouet.
En los hechos, ambas instituciones querellantes (Estado uruguayo y Frente Amplio) están invirtiendo tiempo y dinero para llevar adelante el juicio y, por lo tanto, deberían ser las más interesadas en que se logren resultados.En esta lógica los testigos representan una pieza fundamental, pero sin embargo, no se tendieron puentes. Raúl Olivera, coordinador del Observatorio Luz Ibarburu, actualmente en Roma, también había dialogado con esta revista antes de dejar Montevideo. “Hubo dificultades con el Estado y con el FA; como que con el cambio de gobierno, la historia empezó de nuevo”, resumió. “Precisamos otra actitud del Estado, se tiene que preocupar de que los que vayamos tengamos la mayor cantidad de elementos; llegamos de noche y al otro día de mañana tenemos que ir al tribunal”, completó
Olivera integrará el segundo grupo de testigos uruguayos que declararán en Roma, al igual que Ricardo Gil y Sara Méndez, entre otros. Lo harán el 11 y 12 de junio, continuando con el caso Gatti el primer día y comenzando con el de Juan Pablo Recagno el segundo. OLIVERA CONTÓ QUE EL JUEVES 28 PERCIBIERON UNA PRIMERA SEÑAL DEL CAMBIO DE ACTITUD, EN ESTE CASO, DESDE EL FA.Ese día, él y la diputada Macarena Gelman fueron recibidos por la presidenta del FA, Mónica Xavier, quien les trasmitió la voluntad de revertir la situación y viabilizar videoconferencias con los abogados italianos para verse las caras, intercambiar información y definir estrategias antes de la llegada a Roma.
Y esa primera señal parece haber tenido réplicas. El miércoles, el Grupo por Verdad y Justicia, creado recientemente en el ámbito de Presidencia de la República, y coordinado por el pastor metodista Ademar Olivera, escuchó los planteos de algunos de los que tendrán que viajar próximamente. Esta comisión cuenta entre sus miembros a la diputada Gelman, quien está convocada a declarar en Roma el 10 de julio en el caso María Emilia Islas, al igual que lo harán, entre otros, Mariana Zaffaroni y Carla Artés –esta última, nieta argentina recuperada en 1985. Un día antes habrán hecho lo propio Elba Rama y Patricia Bernardi por el caso Bernardo Arnone.
Las audiencias se retomarán en setiembre, tras el receso impuesto por la feria judicial, que en Italia se desarrollará durante agosto.
CAUSA COMÚN
“Hay una parte de este juicio que, desde el punto de vista de afectación a militares, no tiene consecuencias, porque ya están presos acá.Si Italia dice que no son culpables, es favorable a la estrategia de los militares en Uruguay”, en cuanto a sostener que son inocentes de los crímenes que se les imputan, indicó Olivera. Pero si, por el contrario, la Justicia italiana los condena, será un respaldo internacional al movimiento de derechos humanos de Uruguay en particular y de la región en general
Olivera explicó que “este juicio lo empezamos con una denuncia presentada en 1999, con la misma lógica con la que presentamos en España a (Baltasar) Garzón, o en Argentina, por LA INCAPACIDAD DE QUE HUBIERA JUSTICIA ACÁ”.Por su parte, Destouet agregó que entre los varios juicios paralelos que conforman la megacausa, en el capítulo Uruguay también confluyeron “varios juicios en un juicio”. Uno refiere a la causa original por los ítalo-uruguayos, comenzada por Luz Ibarburu Recagno y María Bellizi, en 1999. “Esa causa lleva 16 años, la mayor parte del tiempo encajonada, pero se reactivó y se incluyó otras causas, como la de Tróccoli”
La parte testimonial se inició en abril, con el abordaje –por parte del Tribunal Penal Nº 3 de Roma–, de crímenes cometidos contra ciudadanos bolivianos y chilenos de origen italiano en el marco del Plan Cóndor. Las audiencias habían quedado fijadas en marzo, cuando se terminó de establecer qué testigos sería admitidos y qué organizaciones sociales podían ser consideradas parte. En esa oportunidad declaró, por Uruguay, entre otros, la ex fiscalMirtha Guianze, quien había solicitado en 2007, cuando estaba en funciones en el Ministerio Público, los procesamientos con prisión del dictador Gregorio Álvarez y de los ex marinos Tróccoli y Juan Carlos Larcebeau, por delitos de desaparición forzada cometidos contra decenas de prisioneros políticos en el marco de los traslados clandestinos entre Argentina y Uruguay
En el Processo Condor están acusados –además del “Goyo” Álvarez, Larcebeau y Tróccoli– Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Ramas, Ricardo Medina, Gilberto Vázquez, Luis Maurente, José Sande Lima, José “Nino” Gavazzo, Ricardo Arab y Ernesto Soca, de los cuales la gran mayoría cumple pena de prisión en Uruguay. También se pidió procesamiento para, entre otros, el ex jefe del Servicio de Información y Defensa (SID) de la dictadura, general (r)Iván Paulós y el ex oficial Pedro Mato Narbondo. De los que no están presos, Paulós falleció en abril, Mato Narbondo está prófugo en Brasil y Tróccoli está en libertad en Italia, a donde fugó en 2007 para evitar ser procesado en Uruguay. A fines de ese año, Tróccoli fue detenido con fines de extradición, pero la Justicia italiana desestimó el recurso por vicios formales: la embajada de Uruguay en Roma presentó el exhorto fuera de plazo. Tras un pedido del Estado uruguayo, Capaldo incorporó las imputaciones contra Tróccoli por el traslado clandestino de presos políticos en 1978
Entre los acusados no uruguayos figuran el ex ministro del Interior boliviano Luis Arce Gómez, el ex primer ministro peruano Pedro Richter Prada, el ex jefe de los servicios secretos chilenos Juan Manuel Contreras y el general Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú durante cinco años. Agrupados por nacionalidad, los inculpados son un boliviano, once chilenos, cuatro peruanos y dieciséis uruguayos, cuyas edades oscilan entre los 65 y 90 años. Enfrentan cargos tales como secuestro de persona y homicidio múltiple agravado.
El edificio del Tribunal Penal 3° de Roma se construyó en lo que supo ser una cárcel. Más precisamente, en lo que fuera el patio de una cárcel, en el que pasaban sus ratos de ocio los presos fascistas que dejaron en Italia la caída de Benito Mussolini y el posterior triunfo de los aliados. Triunfo, por otra parte, que además de poner fin a la Segunda Guerra Mundial dio inicio a la guerra fría que en América Latina se tradujo en dictaduras y en el Cono Sur desplegó alas de cóndor
--los destacados y negritas son de PIRINCHO--
INDEMNIZARÁN A BOCALANDRO
Por M.P.
La liberación del marino Jorge Tróccoli representó una mancha para el servicio exterior uruguayo, así que el gobierno decidió actuar: el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces encabezado por el abogado Gonzalo Fernández, dispuso la remoción de Carlos Abín (embajador político) y una dura sanción contra el segundo de la embajada, Tabaré Bocalandro
Bocalandro, un diplomático de carrera afiliado al Foro Batllista, fue responsabilizado por “omisión intencional de sus deberes funcionales”, y se dispuso su suspensión sin goce de sueldo por cuatro meses, su adscripción inmediata a la Cancillería y la imposibilidad de ser destinado a funciones en el exterior por tres años. El diplomático recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), que anuló la sanción.
El TCA consideró que se le atribuyó una responsabilidad que no era inherente a su cargo, ya que “el único responsable por la Misión Diplomática era el doctor (Carlos) Abín, quien con su negligente comportamiento la dejó acéfala, provocando en definitiva las graves consecuencias”. Pese a esto, el TCA coincidió en que Bocalandro estuvo omiso al no informar a sus superiores de la ausencia del embajador.
Con este fallo en sus manos, el diplomático presentó una demanda civil contra el Estado. El Tribunal de Apelaciones falló a favor de indemnizarlo con cinco mil dólares por “daño moral” y por las diferencias salariales entre lo que percibió desde el momento de su sanción y adscripción a la Cancillería en Montevideo, y lo que debió haber percibido de haber continuado con su misión en Italia: una suma que ronda los cuarenta mil dólares.
Sin embargo, en las últimas semanas la Suprema Corte de Justicia (SCJ) revocó esta decisión, y volvió a la solución inicial dispuesta por el juez Federico Tobía. El máximo órgano del Poder Judicial condenó a Cancillería por “daño moral”, pero disminuyó en forma sustancial el resarcimiento salarial, que se fijó en unos 110 mil pesos más intereses. La Corte entendió que Bocalandro sólo deber ser indemnizado por el período de cuatro meses sin goce sueldo por el que fue sancionado, y no por todo el período que le restaba cumplir como encargado de Negocios de la Embajada en Italia (dos años y nueve meses)
Víctimas de torturas declararon ante el juez en predio militar
El magistrado dijo que las modificaciones arquitectónicas son "normales"
El Observador – 12 6 15
María del Carmen Maruri tenía 23 años cuando fue al cine Central el 25 de agosto de 1972 a ver una película junto a su pareja y compañero de militancia en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T). Un grupo de militares paró la función cinematográfica, los detuvo y los trasladó, encapuchados, al Batallón 13, junto a la Gruta de Lourdes. Los militares le dieron allí la paliza de recibimiento, la pincharon con agujas, le pegaron con una paleta de frontón. Maruri estaba embarazada de cuatro meses. Ayer volvió al batallón para reconocer el lugar y brindarle su declaración al juez Pedro Salazar, que investiga las torturas ejecutadas antes y después del golpe de Estado de 1973. "Es una cosa muy removedora", dijo Maruri a la prensa al salir del batallón
La visita ocular al batallón 13 y al 300 Carlos, otro centro clandestino de detención y tortura junto a la Gruta de Lourdes, comenzó a la hora 14. Durante cuatro horas, el juez Salazar recorrió el lugar tomándole testimonios a siete víctimas de las torturas, representados por el abogado Pablo Chargoñia.
También estuvo presente la abogada Rossana Gavazzo, hija del teniente coronel retirado José Nino Gavazzo, preso desde 2006 por múltiples acusaciones de violación a los Derechos Humanos durante la dictadura.
El juez limitó la cantidad de testigos a siete y explicó al salir del batallón que lo hizo "porque había que poner un límite razonable". Cuatro hombres que también estuvieron detenidos y fueron torturados en ese predio militar quedaron afuera del batallón, entre ellos, Néstor Rodríguez.
Rodríguez y su pareja, Emilia Ruzo, eran militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) cuando en una madrugada de julio de 1976 irrumpieron en su casa Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero y otros militares. Rodríguez, que además militaba en el sindicato de Funsa, fue trasladado junto a su pareja al batallón 300, que reconoció ayer el lugar donde la torturaron.
Aunque Rodríguez no pudo declarar ante el juez, contó a El Observador que en ese batallón fue "colgado". Los militares ataban sus manos a sus espaldas y lo levantaban con un soga. "Se me abría el pecho y te ibas hundiendo", recordó.
Hubo modificaciones edilicias
El abogado Chargoñia presentó la denuncia penal en 2011 y, desde entonces, más de 40 personas que fueron torturadas en el Batallón 13 y el 300 Carlos declararon ante el juez Salazar
Maruri pudo reconocer ayer las baldosas del piso sobre las que amamantó a su hijo recién nacido. "Pude reconocerlo perfectamente porque no estuve vendada todo el tiempo", aclaró. "Estuve vendada 15 días, pero los restantes siete meses me sacaron al recreo a la Plaza de Armas. Mis familiares venían a la Gruta de Lourdes y nos reconocíamos a 200 metros de distancia. Nos agachábamos y nos parábamos. Así nos íbamos reconociendo. Y así sabían que estábamos vivas y bien", recordó
De todas maneras, Maruri advirtió que hubo reformas de varios espacios. El juez Salazar aseguró a la prensa que esas modificaciones edilicias son "normales, por el transcurso del tiempo"
En contraposición, el abogado Chargoñia cuestionó esas reformas. "Los lugares de represión tienen que ser resguardados por razones de verdad y justicia", aseguró. Al abogado le llamó la atención que el Ministerio de Defensa Nacional no informara al Poder Judicial sobre estas reformas y advirtió que la Justicia podría solicitar que no se modificaran estos sitios
A pesar de estas reformas, las personas que sufrieron las torturas recordaron los hechos y mencionaron a los autores. "Siento que sigue mi lucha", aseguró Maruri. Y agregó: "Todos tenemos que lidiar con nuestras historias. Estas historias son muy fuertes. Yo tengo a mi hijo. Me siento hasta una afortunada. Hay otros que no lo pueden contar. Por las que no lo pueden contar, acá estamos"
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Sobrevivientes de orletti
En el juicio por el Plan Cóndor en Roma se examinó el caso de Gerardo Gatti.
La Diaria – 12 6 15 – Por Nadia Angelucci desde Roma
El juicio por el Plan Cóndor, que comenzó en Roma en febrero y tiene como imputados a ex militares y civiles uruguayos, peruanos, bolivianos y chilenos, tomó mayor impulso ayer. La jueza Evelina Canale, que volvió a presidir la Corte, pareció querer acelerar el juicio interviniendo con preguntas puntuales y aclaraciones.
Ayer se terminó de examinar el caso de Gerardo Gatti, por el cual la semana pasada ya habían testificado Daniel Gatti, Edelweiss Zahn y Eduardo Dean. Las fotografías de Gerardo volvieron a aparecen en las pantallas ubicadas en los corredores laterales de la sala. Está acostado en un colchón y mira al objetivo. A su lado, Washington Pérez muestra un diario. Ésa fue la prueba para demostrar la existencia en vida del líder del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) y poder chantajear a sus compañeros. Los secuestradores, “militares terroristas”, como los nombró durante todo su testimonio Ana Cuadros, intentaron conseguir un rescate por la vida de Gatti, primero, y por la de León Duarte, después; un intento de extorsión que duró semanas. Al mes de su caída, empezaron los secuestros de los otros militantes del PVP: casi 30 personas secuestradas entre junio y julio de 1977. La historia termina con la desaparición de los dirigentes Gerardo Gatti y León Duarte, y el traslado de 24 personas a Uruguay en el “primer vuelo”. En Uruguay se puso en escena una farsa para detener a los 24, que fueron procesados por la Justicia militar
Las fotos de Gerardo, al que todos llamaban El Viejo porque tenía 44 años, interrogan a los testigos, unos muchachos cuando fueron tomadas, hombres y mujeres ya mayores ahora. Daniel Gatti, hijo de Gerardo, cuenta del adolescente que era cuando su padre desapareció. Cuenta de las búsquedas, del peligro que corrieron él y su familia y de cómo tuvieron que irse a Suecia
Los testigos del caso Gatti son sobre todo sobrevivientes del centro de detención clandestino Automotores Orletti. Sus relatos se parecen. Las palabras suben en los muros de la sala, se dejan traducir en la voz de la intérprete, que a veces no encuentra el término o el ánimo para pronunciarlas. El infierno de Orletti, cuya cortina de hierro se levantaba al pronunciar la palabra “Sésamo”, es dibujado mediante los ruidos, los gritos, la música en volumen alto, el mal olor, el piso helado y mojado, lleno de aceite y grasa. Un infierno de torturas -picana eléctrica, colgamientos, alambres, violaciones-; seres humanos destrozados por el maltrato, la violencia y la humillación, despojados de su dignidad como de sus trajes, tirados en colchonetas o en el piso; personas que después de una sesión de torturas se arrastran por el piso buscando la calidez de una voz amiga; diálogos entre presos que intentan ubicarse, entender qué pasa, buscar una explicación a lo inexplicable
El cuerpo hecho pedazos de Gatti fue utilizado para asustar a sus compañeros, y los cuerpos torturados de los militantes del PVP fueron usados para acabar de destruir psicológicamente a Gatti. “Nos llevaban donde Gerardo después de la tortura para que él viera cómo estábamos destrozados. Era otra manera de torturarlo”, cuenta Sara Méndez. Mara Martínez recuerda cómo escuchó a los militares discutir qué hacer con él: curarle la herida en el brazo, ya podrida, o dejarlo morir. Ana Cuadros, con su aspecto de dulce señora mayor, heló al jurado: “Manuel Cordero se presenta con su nombre y apellido. Lo hace para inspirarme terror, porqué él era muy conocido entre los detenidos por su violencia. Me lleva a un cuarto, me pone en una mesa y me viola”. Cuadros relata también la última vez que habló con Duarte, el dirigente sindical de Funsa: “Estaba en Orletti, tirada en el piso, y él se me acercó. Me dijo que estaba tratando con los militares terroristas para sacarnos de allí, aunque fuera lo último que hacía en su vida. Iban a llevarlo a Campo de Mayo para negociar la libertad para nosotros. Nunca más supe de él”
Sara Méndez contó cómo la separaron de su hijo Simón, cómo la tortura empezó en su domicilio: “Me golpeaban acostada en la cama, y a mi lado el moisés con Simón adentro, que dormía”
Estamos en un juicio y la corte pide pruebas. Los testigos cuentan cómo llegan a hacer un reconocimiento: primero por la voz, el acento, luego por la posibilidad de vichar debajo de la venda, y por último, porque, lamentan, se terminaba compartiendo mucha vida con los represores. Ana Cuadros y Sara Méndez son muy puntuales en la identificación de sus verdugos. Localizan en Orletti, y luego en Montevideo, las ocasiones en las que vieron a muchos de los acusados: José Gavazzo, Pedro Mato Narbondo, Luis Maurente Mata, Ernesto Soca, Jorge Silveira Quesada, Ernesto Ramas Pereira, José Sande Lima, José Ricardo Arab Fernández, Ricardo Medina Blanco, Gregorio Álvarez, Gilberto Vázquez.
Sobrevivir para contarlo. “Los testigos son sobrevivientes y víctimas -dice Sara Méndez-. Tenemos todavía que romper el terror que tenemos, para contar el terror. Y no queremos ser víctimas, sino rescatar nuestra función, que es la razón por la cual sobrevivimos. Para hablar”
enviado por CRYSOL