Antonio Elías (*)

(Semanario Voces, 25/05/16)

El Poder Ejecutivo presentó el lunes 23 de mayo los objetivos, lineamientos y principales medidas que incluirá en la Rendición de Cuentas, la cual debe ingresar al parlamento el próximo 30 de junio. El objetivo propuesto es reducir el déficit fiscal en 500 millones de dólares, uno por ciento del PBI, lo que se lograría recortando en U$S 150 millones los gastos de funcionamiento e inversión y aumentando en U$S 350 millones la recaudación impositiva. Lo que indica desde un principio que el eje principal del ajuste está en el aumento de la carga impositiva.

EL AJUSTE DE LOS GASTOS

Los egresos en la Administración Central se reducirían por diversos mecanismos: a) limitando el ingreso de funcionarios públicos, por cada tres funcionarios que egresen podrán ingresarán solo dos; b) eliminando el 5% de los créditos para retribuciones personales que no hayan sido ejecutados; c) reduciendo al mínimo los ajustes por la inflación en los gastos de funcionamiento e inversión; difiriendo/reduciendo los incrementos presupuestales aprobados para 2017 en un 10% ($ 2.964 millones).

Medidas, todas ellas, que afectaran la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos por la reducción de personal y de recursos para su funcionamiento.

Se pretende, además, que las Empresas Públicas y los Organismos del Artículo 220 de la Constitución sigan los mismos lineamientos.

Se anunció, además, que se aprobaría una Ley que reformaría la Caja Militar para reducir una asistencia financiera que fue de U$S 400 millones en 2016; que se reducirían los excesivos gastos de distribución de gas y combustible de ANCAP; que se controlaría el aumento extraordinario de los gastos del Banco de Previsión Social debido a las licencias por enfermedad.

Lo cual, sin duda, apunta en la dirección correcta dado que en esos casos es notoria la improcedencia de dichos gastos. En el caso de la Caja Militar porque tiene un sistema absolutamente privilegiado, tanto en edad de retiro como en el valor de las prestaciones, respecto a las pasividades de las Cajas que integran del Banco de Previsión Social; en los casos de ANCAP y el BPS porque busca resolver fallas importantes de administración de los recursos públicos.

EL AJUSTE DE LOS INGRESOS

El aumento de las tasas de los Impuestos a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) son medidas que tendrá un impacto muy negativo sobre la clase trabajadora por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pasividades. Como contrapartida no aumenten las tasas impositivas que paga el capital, tales como los impuestos a la renta de las actividades económicas (IRAE) y al Patrimonio (IP) y se mantiene la política de exoneraciones a los grandes inversores, fundamentalmente extranjeros.

En efecto, los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportaran para el financiamiento del déficit del estado porque existe un compromiso del gobierno de no crear nuevos impuesto ni aumentar la tasa impositiva. Sí se toman una serie de medidas “administrativas” en el cálculo del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), entre otras: la eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales aplicable a empresas con alta facturación anual; reducir al 50% del resultado fiscal positivo las deducciones por pérdidas fiscales; gravar las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a tres períodos.

La carga fundamental del ajuste recae sobre los ingresos del trabajo se aplica a partir de la franja que comienza en $ 33.401 con incrementos de 3 y 4 puntos sobre las tasas actuales. Hasta $ 50.100 pasa de 15% a 18%; la franja siguiente que llega hasta los $ 167.000 pasa de 20% a 23%. Las tres franjas superiores aumentan 4 puntos pasando de: 22% a 26% ($ 167.001 a $ 250.500); 25 a 29% ($ 250.501 a $384.000); 30% a 34% (más de $ 384.000).

El aumento en la tasa del IASS sería a partir de los $50.100, hasta $167.000 aumenta tres punto, pasa de 20% a 23%, los que tengan ingresos mayores a $167.000, que hoy pagan 25%, pasaran a pagar 29%.

EL AJUSTE LO PAGAN LOS TRABAJADORES

La reforma tributaria dual, implantada en 2007, con el argumento de instrumentar un impuesto a las rentas personales disfrazó y consolidó como permanente el impuesto a los salarios y redujo la carga sobre el capital. Como consecuencia de lo anterior en 2015 se recaudaron $ 35 mil millones por el IRPF a las rentas del trabajo, mientras que el IRPF al capital solamente pagó $ 6 mil millones de pesos. Por su parte, por IRAE se recauda menos que por el IRPF al trabajo $ 34 mil millones. El Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas solo recaudó $ 600 millones, mientras que el IASS recaudo en 2015 $ 6.500 millones.

La justa consigna “que pague más el que tiene más” se transformó en la injusta realidad que “paguen más los trabajadores y pasivos que ganen más”. Por lo cual, nuevamente, la carga cae sobre los trabajadores y no sobre los empresarios.

Dicen voceros del gobierno que se está aumentando un impuesto a las ganancias, lo cual es absolutamente falso dado que los salarios son solamente el precio de la fuerza de trabajo. Las ganancias se calculan descontando a los ingresos los costos incurridos en la producción de lo que se vende, esto claramente no es el caso de los trabajadores, menos aún el de los pasivos.

El aumento de los impuestos a los ingresos de los trabajadores afecta la calidad de vida, retrae el consumo y afecta el nivel de actividad generando desempleo. Téngase en cuenta que casi 485 mil trabajadores pagan IRPF y que el resto no lo paga por ganar menos del mínimo no imponible, son simplemente más pobres. La afirmación de que el 70% de los asalariados no será afectado es el reconocimiento explícito de los bajos salarios que reciben los trabajadores.

El aumento del IRPF se suma al congelamiento del salario real de los funcionarios públicos (no tuvieron aumentos por encima de la inflación) y a la pérdida que ya impuso el Poder Ejecutivo a los trabajadores del sector privado en la sexta ronda de Consejo de Salarios al imponer una pauta salarial de incrementos nominales decreciente menor que la inflación. Tanto la que había en julio del año pasado 9,02%, y mucho menor que la inflación anualizada que este año supera el 10%.

Todas estas medidas que implicaran perdidas de poder adquisitivo y disminución del nivel de actividad y el empleo se suman al ajuste que ya había iniciado el gobierno con el aumento de tarifas por encima de la inflación en enero de este año y con la reducción de la inversión pública.

La lucha distributiva que provocan los procesos inflacionarios genera una espiral precios-salarios que hoy tiene a los trabajadores encadenados a la pauta salarial nominal mientras que los precios aumentan significativamente sin que se apliquen controles efectivos para reducirlos.

En resumen, el ajuste fiscal y monetario contractivo es contrario a los intereses de los trabajadores – activos y pasivos – que nuevamente son la variable de ajuste de la economía e inexorablemente perderán poder adquisitivo y calidad de vida lo que provocará una agudización de la lucha de clases.

Lo que está en juego, en lo inmediato, es evitar que se continúen consolidando las actuales políticas contractivas y procíclicas. Es imprescindible lograr que se utilicen todos los instrumentos de la política económica para llevar adelante un programa de acción contracíclico lo que, entre otros aspectos, implica: un sustancial aumento de la inversión pública utilizando parte de las reservas; modificar la pauta salarial del sector privado; dejar de lado el aumento del IRPF al trabajo; incrementar el impuesto a la renta y al patrimonio de los capitalistas; eliminar, o al menos reducir, las exoneraciones tributarias al gran capital; todo lo cual recaerá en un aumento del nivel de actividad y el consecuente aumento de la recaudación.

La respuesta al ajuste fiscal del Poder Ejecutivo la podrán dar los trabajadores organizados y sus aliados y/o los parlamentarios que deberán aprobar o rechazar el Proyecto de Rendición de Cuentas.

(*) Máster en Economía, docente universitario, miembro de la REDIU y Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR)

El Uruguay miserable

Columna de Leonardo Haberkorn -  ecos. LA 25/5/16

El ministro de Economía, Danilo Astori, habló con calma, casi con alegría.

Un extranjero que desconociera el fondo de la cuestión y que solo escuchara sus tonos y sus gestos hubiera creído que estaba transmitiéndole a la gente buenas noticias.

Lo más triste de todo fue que el ministro manejó en ese tono orgulloso y de satisfacción el dato de que el 60% de la población no se verá afectado por el aumento impositivo ya que no paga IRPF.

El IRPF comienza a cobrarse a partir de 23.380 pesos brutos

La mayor parte de ese universo al que se refiere el ministro no gana 23.380 pesos, sino menos.

El más privilegiado de esa gran masa mayoritaria de trabajadores uruguayos, el que gana 23.380 brutos, no recibe esa cifra en su mano. Una vez efectuados los aportes correspondientes a la seguridad social, cobra 18.792 pesos.

Quiere decir que el ministro anunció, sin ningún gesto de pudor ni de pesar, que el 60% de los asalariados uruguayos reciben por mes un sueldo en la mano inferior a 588 dólares.

Astori no le dijo a esta gente: estamos trabajando para que ustedes tengan un futuro más alentador, para que sus hijos puedan tener una enseñanza digna y ganarse mejor la vida, para que salgan del liceo sabiendo escribir en español y hablar en inglés, dos utopías por el momento.

No. Les dijo: ustedes tienen suerte.

El dato, triste y demoledor, fue replicado con igual orgullo por integrantes del gobierno y voceros oficialistas de todo tipo.

Además, se comunicó con el mismo tono de satisfacción que otro 10%, tampoco se verá afectado porque si bien pagan IRPF, en esta oportunidad no se les subirá el impuesto.

Ese 10% que también tiene suerte gana hasta 33.400 pesos brutos. En esta categoría los descuentos que sufre el salario pueden variar, según el trabajador tenga o no hijos a su cargo. Pero, peso más peso menos, el dinero que recibe en mano el que cobra 33.400 brutos, el más privilegiado de este sector, ronda los 26.500 pesos.

Es decir que el 60% de los trabajadores uruguayos gana menos de 588 dólares mensuales y el 70% menos de 828.

Y a los que ganan un peso más, 33.401 pesos, 828,05 dólares, a esos sí se les aumentan los impuestos porque ya forman parte del sector “más pudiente” de la sociedad.

¿Puede haber datos más tristes?

¿Puede haber un mejor retrato de un país miserable?

La insólita complacencia con la que fueron presentados estos datos demoledores recuerda la celebración a la que asistimos varias veces por año, cuando se anuncia una nueva caída en los indicadores de pobreza.

Los medios publican los porcentajes de población bajo la línea de pobreza, pero muy pocas veces, casi nunca, aclaran el contexto de la noticia. En general, ni siquiera lo hacen los medios acusados de opositores y hasta de desestabilizadores.

Las últimas estadísticas hablan de que un 9,7% de la población es pobre.

¿Qué quiere decir eso?

Quiere decir que el 9,7% gana menos que el monto de una “canasta básica” que varía según se viva en Montevideo, el interior urbano y el interior rural.

¿Cuánto es esa cifra encima de la cual uno ya no es considerado pobre en Uruguay?

En Montevideo: 11.473,08 pesos.

En el interior urbano: 7.559,66 pesos En el interior rural: 5.096,32 pesos.

Las mismas cifras llevadas a dólares:

En Montevideo: 359 dólares. En el interior urbano: 237 dólares. En el interior rural: 159 dólares.

Son cifras tan duras y brutales que eximen de más comentarios.

¿Alguien piensa de verdad que quien gana esas miserias ya no es pobre?

¿O será que a esto estamos acostumbrados?

Luego de los anuncios del ministro Astori, las redes sociales se llenaron de mensajes donde muchos señalaban a los que ganan 33.401 pesos brutos, menos de 830 dólares reales, como grandes afortunados y desagradecidos por quejarse. Y a los que ganan 50.000 pesos brutos se lo sepultaba en una andanada de desprecio y resentimiento.

No es casual que las tres primeras franjas del IRPF ideado por el ministro Astori vayan aumentando su cifra tope en forma lenta y progresiva, pero que la cuarta franja reúna en la misma bolsa a todos los que ganan desde 50.101 hasta el monto, mucho más holgado, de 167.000 pesos. Van todos juntos en la misma bolsa, como si todos ellos integraran el mismo universo salarial, social y económico. Arriba de 50.100 pesos brutos, en el Uruguay miserable, sos Rico Mac Pato.

Pasando raya: el 60% de los uruguayos tiene suerte porque no paga IRPF, el 70% también es afortunado ya que no pagará más impuestos; solo el 9,7% es pobre; los que ganan 50.101 pesos brutos son ricos.

Como el Uruguay no hay