El día de hoy:
Acta ratificatoria y ratificación de que la muralla de la impunidad caerá
Compañeros agradecemos a todas/os, los que se comieron la amansadora del juzgado y a todos los que nos hicieron llegar su preocupación y apoyo de todos lados del país. La presencia masiva de la memoria viva es lo único que protege nuestras luchas, Hijos, Familiares, expresas/os, jóvenes, docentes, municipales, de organizaciones sociales y políticas que repudian la impunidad se hicieron presentes en el Juzgado de Misiones. Seguro que esta convocatoria tiene mucho que ver con la memoria viva de los que aún buscamos la justicia.
Hoy declaramos los 7 compas citados. En las audiencias, realizamos junto a los abogados, las defensas alegatos al pedido del fiscal Zubía de procesamiento por atentado agravado con privación de libertad para Zabalza, Álvaro Jaume, Patricia Borda e Irma Leites. Y para Aníbal Varela, Eduardo y Diego Jaume el pedido fiscal de procesamiento por complicidad de atentado con agravantes sin prisión.
Consultada la jueza Gabriela Merialdo nos informó que en el plazo de 2 semanas a 45 días nos comunicaría el fallo.
Esta instancia se llama acta ratificatoria. Te preguntan todo lo personal, donde y de que vivís etc. etc. Luego si ratificas lo que dijiste antes y si querés agregar algo más. Ante eso agregué más o menos lo siguiente:
- Que este juicio conforma un eslabón más de la impunidad y una larga cadena persecutoria. Hostigamiento, estigmatización a lo que pienso ideológica y políticamente. Que esto era un juicio político planteado desde los grandes medios de comunicación, la policía, el DOE y el Poder judicial. Solicite se aclarara porque se filma, fotografía, infiltra las marchas. Violando fragantemente el derecho de la protesta. Y solicite que la sede judicial me ampare en los ataques permanentes que sufro por parte del Ministerio del interior a través de acusaciones públicas.
- Denuncié las escuchas telefónicas, las acusaciones aparecidas en varios medios de prensa, informé que solicitamos al diario El Observador los informes de la policía sobre los que supuestamente basan sus notas periodísticas sin haber obtenido respuesta.
- Señalé (como todos los demás compañeros/as) que este es un juicio netamente político no es judicial. Todos los hechos por los que se nos indagan fueron públicos, en un ámbito público, delante de cientos de personas y la prensa nacional e internacional. Por tanto no hay nada que decir sobre eso.
- Insistimos en un juicio oral y público, como lo había solicitado ya al fiscal y jueza en la audiencia anterior.
- Fundamentamos que al acusarnos a 7 personas de un hecho protagonizado por cientos no solo se nos criminaliza sino que el poder judicial le confisca groseramente el derecho de protesta y protagonismo a todos/as las que luchan contra la impunidad y estuvieron el 15 de febrero en la Suprema Corte de inJusticia.
- Y que con el desplazamiento de la Dra. Mariana Mota, se nos vuelve a colocar a los torturados, a las violadas, a los que somos testigos vivos del terrorismo de estado a tener que volver a esperas infinitas o atravesar otras audiencias; relatando (en el mejor de los casos) una y otra vez los hechos.
- Solicité además a la Dra. Merialdo que actuara de oficio ante conocidos torturadores como Eduardo Ferro, de la banda de la OCOA, que este próximo fin de semana convoca a actividades públicas en Maldonado y está denunciado por cientos de expresas/os y nada se ha hecho. Ferro habló en una emisora de Maldonado para promocionar un encuentro nacional de militares retirados que tendrá lugar en dos instancias, el domingo próximo, en Maldonado. Por la mañana, a la hora 11, se reunirán en el Cuartel de Dragones y luego tendrán un “asado de camaradería” en la Sociedad Nativista San Fernando.
El impune dijo: “Llega un momento en que hay que dar la vuelta la página, ni vencidos ni vencedores y seguir adelante. La historia es muy profusa en ese sentido, tanto en Uruguay como en el mundo”, añadió el militar retirado, que se ampara en la Ley de Caducidad.
- Así como también, solicité se actúe de oficio en el caso de Armando Mendéz Cabán, torturador en el Batallón Florida, implicado en la muerte de Alter y Arteche en agosto de 1973 y en la desaparición del compañero de la UTE Oscar Tassino.
- Solicité se instale un juicio de excepción oral y público por genocidio que juzgue a los militares y médicos acusados de delitos de torturas, y que se juzguen los delitos económicos cometidos bajo el terrorismo de Estado y se confisque a los represores todo lo que bajo el terror se apropiaron.
- Por último dejé constancia que de ser procesada con prisión domiciliaria no la cumpliría porque mi casa no es una cárcel. Estuve nueve años presa y tres exiliada y el sitio donde vivo es un sitio de libertad y no aceptaré lo conviertan en otra cosa.
Mientras escribo esto me dice un compañero que de nuevo el Gral. Barneix no irá a declarar el lunes 23 que estaba prevista su citación por el asesinato del Chiquito Perrini, la chicanas de los represores dilatan las audiencias y los impunes siguen libres y burlándose amparados por leyes, gobiernos y jueces. La suprema corte de justicia les levantó la muralla para esconderlos. Solo la lucha la derrumbará.
Por la memoria de Elena, Gerardo, Ubagesner, del Chiquito:
¡Nuestra memoria no olvida nuestra dignidad no perdona!
IRMA LEITES
19/09/13
NOS TOCAN a TODOS
SI TOCAN A LOS JAUME, ME TOCAN A MÍ
El Fiscal Gustavo Zubía, que tienen a su cargo los hechos del pasado 15 de febrero en la sede de la Suprema Corte de Justicia, ha solicitado el procesamiento de siete personas. Entre ellos figuran Álvaro Jaume y sus hijos Eduardo y Diego, tres excelentes compañeros en la lucha que venimos librando en defensa de la tierra, desde que la mega Minería a cielo abierto se constituyó en una amenaza que se cierne contra los intereses del país.
Hemos compartido con ellos unas cuantas jornadas de movilización, siendo tal vez la que más nos unió, aquella de diciembre de 2012, en la que se vinieron desde El Sauce a Treinta y Tres, para estar en la marcha que recorrió gran parte de nuestra ciudad y terminó en un acto realizado en Plaza 19 de Abril, en el que Diego Jaume fue uno de los oradores.
Me siento orgulloso de contar con la amistad de éstos tres hombres, y siento como propia la circunstancia que están viviendo por ser uruguayos de coraje y de conciencia
Resulta paradójico que personas como ellos estén en la mira de la Justicia y sus nombres estén en la picota. Hoy la prensa debería estar hablando del ejemplo de compromiso y militancia que nos dan los Jaume, en lugar de estar mencionando sus nombres como sospechosos de alterar el orden público.
Evidentemente, hay un trasfondo político en esto de pretender considerar una manifestación popular como una “asonada”, y en el intento de criminalizar un genuino acto de indignación como fue aquella concentración en los alrededores y el interior de la sede de la SCJ.
Conozco lo suficiente a los Jaume como para afirmar que jamás pudiera estar en su ánimo generar actos de violencia como los descritos en el código penal con la figura “atentado”, delito que se invoca en los artículos de prensa, como base para el pedido de procesamiento que se acaba de conocer. Me consta que su presencia en esta movilización se fundamenta en los mismos motivos que los han llevado a salir a lomo de caballo en marchas contra Aratirí y la minería de gran porte.
Son orientales con dignidad, que no se resignan al despojo y el saqueo a manos de las multinacionales, así como no se callan frente a una acción institucional que enlentece –o tal vez desactiva- procesos de enjuiciamiento a responsables de violaciones a los derechos humanos, como lo fue el traslado de la Jueza Mariana Motta, que motivó aquella manifestación popular que terminó con forcejeos entre policías y civiles.
¿LO POLÍTICO POR ENCIMA DE LO JURÍDICO?
No tengo dudas de la preocupación que despiertan en filas del gobierno, las movilizaciones populares en general. La campaña de enchastre contra Asamblea Popular y Unidad Popular atribuyéndole vínculos con grupos “radicales” en los episodios de la noche en que Peñarol salió Campeón uruguayo, las infiltraciones en recientes marchas en Montevideo, las absurdas versiones incriminatorias contra Plenaria Memoria y Justicia, el maltrato policial y la detención “preventiva” de jóvenes previo a movilizaciones o en operativos tipo “razias”, la persecución a “La Solidaria” –lugar de reunión en Montevideo-, el cierre de la radio “La Kandela” en Tacuarembó… todo eso responde a una estrategia para desalentar la reacción del pueblo organizado.
Pero hay otras señales preocupantes: la modificación en la Ley de acceso a la información pública que ahora limita el control ciudadano de la gestión política, el proyecto de Ley de medios que recorta libertades de expresión, la reforma del ministerio público que atenta contra la independencia técnica de los Fiscales… tampoco son hechos aislados, acompañan una tendencia autoritaria muy marcada, que también se percibe en la mano dura contra los sindicatos que se salen del libreto del PIT-CNT, como los de la educación y la salud.
Independientemente de si la Jueza Gabriela Merialdo comparte el criterio del Fiscal Zubía y los Jaume junto con los otros cuatro acusados, terminan procesados o no, queda claro que hay un mensaje intimidatorio que en esta circunstancia recibimos todos los uruguayos: quien protesta se expone a castigo, por lo tanto, lo mejor es quedarse quieto y no meterse en problemas.
Sin duda que esta lamentable situación, que afecta a un grupo de personas entre las que se cuenta una familia de gente de campo que conozco personalmente como mi amigo Álvaro Jaume y sus hijos –con los restantes acusados no tengo tal relación, pero también les expreso mi solidaridad- que concurrieron a un acto expresando junto con muchos otros ciudadanos su desaprobación por algo que consideran perjudicial para el país, no hará mella en el ánimo de los uruguayos dispuestos a dar batalla por su libertad y sus derechos.
Por el contrario, nos fortalece, por cuanto se confirma que como ha sido siempre, el poder le teme al pueblo movilizado.
Aníbal Terán Castromán
Treinta y Tres, septiembre 18 de 2013
Separame a estos siete
Rodrigo Abelenda
Brecha, Montevideo, 20-19-2013
El pedido de procesamiento de Zabalza, Leites y otros militantes de izquierda que concurrieron a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a protestar por el traslado de la jueza Mariana Mota parece disparar una alarma sobre incipientes procesos de criminalización de la protesta social.
Al poco tiempo de que la jueza Gabriela Merialdo iniciara una investigación penal por la manifestación en la sede de la SCJ para oponerse al traslado de la jueza Mariana Mota, un fotorreportero que concurrió a la concentración fue interceptado en plena calle y conducido hasta el Departamento de Operaciones Especiales (DOE), en procedimientos atípicos.
A otro colega suyo, la DOE lo citó por teléfono. Poco después se supo que allí también habían sido interrogadas algunas de las personas que denunciaron en 2011 más de 120 casos de torturas durante la última dictadura (algunos de estos casos están a cargo de Merialdo). Luego vinieron las polémicas infiltraciones a las marchas en las que participó la Plenaria Memoria y Justicia. Y ahora un pedido del fiscal Gustavo Zubía para que Merialdo procese a siete de los manifestantes que concurrieron al Palacio Piria, sede de la SCJ.
Al pasar raya, el resultado es una “atmósfera, una escalada de represión contra la manifestación social, en donde un fiscal se siente con las manos libres para ensañarse” y elegir siete individuos de entre 300 personas para procesar, evaluó el ex tupamaro Jorge Zabalza, quien junto a Irma Leites, Álvaro Jaume y la profesora Patricia Borda pueden ir a prisión por “atentado especialmente agravado”.
Los cuatro, según Zubía, actuaron el día de la manifestación en calidad de “instigadores” porque sus acciones fueron “tendientes a cuestionar o impedir lisa y llanamente el acto” de traslado, según se desprende del escrito presentado por el fiscal. El delito consiste en impedirle al funcionario público asumir la función o tomar posesión del cargo, según el Código Penal. Para el fiscal lo ocurrido en el Palacio Piria encuadra en ese delito porque la ceremonia de traspaso de cargo se pospuso tres horas. Zubía también pidió el procesamiento sin prisión del dirigente de ADEOM Aníbal Varela y de Eduardo y Diego Jaume. Ellos, según el fiscal, actuaron a partir del “impulso multitudinario”.
Ayer todos los indagados realizaron sus descargos ante la jueza Merialdo, quien estudiará los alegatos para tomar una resolución en un plazo de 45 días. Zubía no se hizo presente en la indagatoria. La defensa de los indagados presentó queja ante la jueza, porque no pudo tener acceso al expediente mientras Zubía lo sustanciaba. Fueron avisados de la solicitud de procesamiento el martes. Los indagados fueron acompañados por militantes de Crysol, Plenaria Memoria y Justicia, ADES Montevideo, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, y COFE.
Un móvil de la Policía quiso ingresar dentro del perímetro vallado alrededor del juzgado, pasando entre la multitud, lo que provocó algunos forcejeos. Todo bajo la atenta mirada de las cámaras de la Policía que registraban a los presentes.
Por el clima creado, según el abogado Juan Fagúndez, el pedido de Zubía se trata de una “causa política y no judicial.
El que la haga una causa judicial es un mentiroso y un tramposo. Es una causa política instaurada en el derecho penal”. Por eso, la defensa que ensayaron los indagados ayer jueves, fue un “alegato político”. Para Fagúndez la acusación de Zubía tiene “intencionalidad política”, por lo que se evalúa acusar de delito al fiscal.
En caso de que la jueza acceda al pedido de procesamiento, el fallo será apelado, y de no resultar favorable esa instancia, se irá a una corte internacional.
El relevamiento de prueba, sostiene Fagúndez, revela esa discreción política: los videos fueron editados, los ministros de la SCJ declararon por informes (con lo cual no se pudo rebatir el argumento), y no se tomó en cuenta la declaración de algunos de los indagados, que en “la cara del fiscal dijeron que estaban en paz hasta que entró la Policía”.
Los fotógrafos de prensa Santiago Mazzarovich e Iván Franco, que fueron conducidos al DOE, y el dirigente del gremio de judiciales, Gustavo Signorelle, no fueron incluidos en el pedido de Zubía, lo que revela intencionalidad política en la selección, dejando afuera a la prensa y al Poder Judicial, evaluó el abogado.
La declaración del vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, la de los ministros de la SCJ (promotores de la causa) y los “numerosos videos que se separaron con respecto a los indagados” para Zubía son las pruebas fundamentales, según su escrito. Oxandabarat, cuyo testimonio merece “especial referencia” para el fiscal, declaró que algunos de los manifestantes “estaban en la posición extrema de que no sólo no iban a abandonar el lugar, sino que iban a impedir el juramento”.
La declaración de los ministros, “que durante tres horas soportaron los gritos e insultos de los manifestantes”, de acuerdo al fiscal, da cuenta de los “hechos anómalos y violentos” que impidieron el desarrollo de la ceremonia. También toma como prueba las declaraciones de policías que refrendan “el sentido distorsivo” de las conductas. Algunos de los videos tomados en cuenta por Zubía son declaraciones ante la prensa, que –según él–denotan “intenciones impidentes” del acto.
Sobre los indagados, el fiscal sostiene que –mediante sus testimonios– buscaron “ostensiblemente” aminorar su responsabilidad. Destaca, sin embargo, que las declaraciones de Mazzarovich “establecen la existencia de insultos y un clima de tensión permanente que no era apto para realizar la ceremonia”. Además señala que las acciones de algunos concurrentes no son “aisladas”, sino que están en un “entronque conceptual de largo aliento”, y sus “métodos operativos” responden a “mecánicas probadas” en procura de determinados objetivos.
También hace referencia al “destacable criterio de la sede penal” de ubicar e identificar a “figuras claves de lo sucedido” mediante tareas “administrativas” (léase la intervención del DOE), algo que no se hizo en la manifestación en “atención a lo variado de las personas” que concurrieron al Palacio Piria.
En este tipo de eventos, “separar la paja del trigo” es tarea del “operador”, dice Zubía.
Varias denuncias sobre criminalización de la protesta social están en la órbita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). En ese sentido, en abril de este año la CIDH expresó preocupación por “el hostigamiento contra los defensores y defensoras de derechos humanos, así como actos de violencia en manifestaciones de protesta social, y la criminalización de las actividades de defensa de los derechos humanos” en Perú y Ecuador.
Zubía ingresó al Ministerio Público en 1981, aún en dictadura. Es hijo del general Eduardo Zubía, considerado como uno de los ideólogos de los sucesos de febrero y junio de 1973, a quien Zabalza denunció por torturas en la Región Militar número 1. Ello, sin embargo, no le generó ningún reparo ético al fiscal para solicitar el procesamiento de Zabalza. La causa por la manifestación en el Palacio Piria junta al hijo del denunciado con el denunciante, aunque –paradójicamente en un gobierno de izquierda– quien es sometido con celeridad a la justicia es el ex guerrillero.
Comunicado SERPAJ Uruguay ante la solicitud de procesamiento de siete manifestantes
COMUNICADO
El Servicio Paz y Justicia de Uruguay manifiesta su profunda preocupación y absoluto rechazo ante el pedido de procesamiento con prisión de siete militantes sociales por parte de un fiscal.
Los acusados expresaron su disconformidad por el desplazamiento de la jueza Mariana Mota de las causas de violaciones a los derechos humanos perpetradas en el pasado reciente, destinándola a la órbita civil. Esta medida fue considerada discriminatoria y sancionatoria por más de un centenar de ciudadanos y ciudadanas, quienes expresaron su respaldo a la magistrada.
Las posteriores sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que en la práctica buscan consagrar la impunidad, fueron condenadas por muchos organismos internacionales. Esto muestra el grave deterioro que en materia de respeto y defensa de los derechos humanos sufre hoy nuestro país ante la pasividad del sistema político.
La desproporción de la acusación fiscal frente a la protesta, conforma un elemento más que refuerza la escalada de violencia institucional en la que vienen incurriendo determinados actores estatales en perjuicio de los movimientos sociales, de las organizaciones de la sociedad civil y condenando y estigmatizando a ciertos grupos sociales (como son los pobres y los jóvenes).
La criminalización de la protesta social forma parte de los métodos más totalitarios y represivos a los que apelan los Estados para negar la justicia a quienes la reclaman.
Una Justicia verdaderamente independiente y garantista de los derechos de la ciudadanía, debería condenar esas prácticas en vez de avalarlas.
Servicio Paz y Justicia SERPAJ – Uruguay