José Antonio Vera
Sin salir aún del sepulto republicano de 1870, el pueblo paraguayo continúa prisionero del ostracismo ideológico que lo sume desde hace varias décadas, impidiendo que la ciudadanía más lúcida pueda construir instituciones públicas y privadas con el nivel cultural de los países medianamente avanzados, razón por la cual el Estado, el empresariado y las cúpulas sindicales, partidarias y universitarias, llegan con retraso en la mayor parte de sus decisiones políticas.
Comparado con lo que ocurre en la región e, incluso en vastos escenarios asiáticos, el proceso paraguayo registra una involución absolutamente dañina, generadora de más desigualdades e injusticias sociales, sin que surjan fuerzas alternativas estructuradas y con proyectos propios
A lo sumo, hay reacciones de repudio masivo por parte del cuerpo docente y de organizaciones campesinas y centrales sindicales, pero sin llegar a inquietar a la oligarquía enquistada en todos los resortes del poder.
La historia verdadera, no la oficial, no miente y, en muchos casos, deja heridas profundas, difíciles de cicatrizar, como en el caso paraguayo fue la Guerra de la Triple Alianza, genocidio impulsado hace casi siglo y medio por Inglaterra, el mismo país que, con el gobierno de Horacio Cartes, ha retornado con su perfidia diplomática interesado en los beneficios que ofrece el nuevo mandatario a los capitalistas privados. El otro interés de Londres y quizás el principal, es el de poder utilizar Asunción en sus planes geoestratégicos, que incluyen la Patagonia y, en particular a la colonizada Malvinas.
Otro escudo al que le están sacando lustre estos días es el de Canadá, activa en forzar la instalación de la transnacional Rio Tinto Alcan, fundidora de aluminio, y de oscura trayectoria en varios continentes, acusada de esclavismo, genocidio y evasión impositiva, pero que recibió la promesa del golpista gobierno saliente de otorgarle 4.000 hectáreas, con infraestructura y los servicios básicos, por un valor de 700 millones de dólares, que este país pagaría en un contrato de Alianza Público-Privada.
A excepción de la trivialidad audiovisual y de los espectáculos de diversión, muchos organizados como palanca de distracción de buena parte de la ciudadanía en la reflexión y toma de conciencia de los profundos problemas sociales, el grueso de la población paraguaya habita en un escenario estancado, paralizado en el tiempo, sin capacidad para producir alternativas, involucionando.
Una segunda excepción en esa situación de parálisis, la constituye el muy activo mundo de los negocios, donde se registran altas marcas de beneficios de miles de millones de dólares para las élites ganaderas y de la producción sojera, a cargo de corporaciones transnacionales, vinculadas con sectores oligárquicos que manipulan a su antojo las instituciones del Estado
Desde hace tres años informan de un crecimiento del PIB superior al 13 o 14 por ciento y fuentes oficiosas lo están reiterando desde hace meses, sin que ello derive en un mínimo de desarrollo social.
La mafia que fabrica y vende los transgénicos venenosos del medio ambiente, desplazando las semillas nativas y criollas, verdadero tesoro ancestral de los pueblos originarios y de las familias campesinas más marginadas, están exentas de impuestos en Paraguay y hay firme sospecha de que los inmensos campos que ocupan, en buena medida son guaridas de las roscas del narcotráfico, con secuestros y crímenes que estarían colgando al fantasmagórico Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).
Todo un símbolo. Mientras los gremios docentes y las organizaciones campesinas y las centrales sindicales se movilizan frente a un poder autista, reivindicando elementales derechos laborales y de una mínima redistribución de la tierra, el Presidente Cartes ha impuesto al parlamento una ley de Alianza Pública-Privada, escudo de su lógica privatista que, a juzgar por las primeras medidas de sus siete semanas de ejercicio, sería parte de su placenta ideológica, el mercado ante todo.
El llamar a esa ley Asociación Pública-Privada, es una degeneración conceptual y una falta de respeto por lo público, pues en ningún momento el pueblo ha sido consultado sobre el particular, expuesto a sufrir un grave atentado a sus facultades cívicas desde el momento que ese engendro deja todo el patrimonio nacional en manos del mandatario, a quien el texto exime de consultar con el parlamento (aunque funcional) el traspaso de cualquier ente estatal a capitales privados, nacionales o extranjeros.
Es necesario volver la vista a los efímeros gobiernos de Raúl Cubas Grau, capitaneado por el General Lino Oviedo, y derrocado en 1999 tras el asesinato, en plena plaza del Congreso, de ocho militantes que defendían la democracia frente al plan golpista de ese militar, y al posterior de González Macchi, para encontrar un período parecido de ausencia de autoridad entre las instituciones estatales. A pesar del legado estronista de autoritarismo expandido en todos los rincones del país, la desorganización de las instituciones alcanza un nivel inédito en las últimas siete décadas.
Hay crisis social y crisis política en Paraguay, incubando un sentimiento popular de indefensión, de decepción y desesperanza que se está convirtiendo en repulsa masiva al poder y a la impunidad que continúa gozando la oligarquía entronizada en un Estado en Estado de Urgencia, de caos, en el que los culpables se acusan mutuamente, en una connivencia delictiva convertida en método de protección corporativa de los saqueadores de las arcas públicas.
Hasta la nada progresista Fundación Konrad Adenauer, informa que en Paraguay la democracia retrocede con relación a los gobiernos del colorado Nicanor Duarte Frutos (2003/08), y del progresista Fernando Lugo, entre el 15 de agosto del 2008, hasta el 22 de junio del 2012, cortado por un Golpe de Estado disfrazado de parlamentario. La FAO, la CEPAL, y mismo la ONU, informan que hay un incremento de la pobreza en este país, con alto grado de deserción escolar y eliminación progresiva de la gratuidad en los servicios de salud, una de las conquistas de la administración de Lugo.
Del gobierno liberal golpista, que terminó sus canalladas hace siete semanas, tras 14 meses de daño al 80 por ciento de los paraguayos, un solo ministro está procesado, acusado de vaciar al Instituto Nacional del Indígena (INDI), pero ningún otro titular, desde el Ejecutivo hasta el ente menos importante, ha pasado por los tribunales, a pesar de que el equipo de Cartes entró en funciones denunciando que todas las carteras registraban un total vaciamiento de los recursos financieros, perjuicio que el nuevo capitán de este barco a la deriva, prometió cortar de raíz. Federico Franco, la cabeza visual del golpismo, continúa sin imputación ni explicación de ese vaciamiento.
A seis meses del fácil triunfo electoral de Cartes, la disputa por el timón ha traspasado los oscuros corredores de la intimidad del Partido Colorado y hoy es inocultable la rivalidad que existe entre la Presidenta del organismo, la Senadora Lilian Samaniego, y algunos caciques de las varias fracciones de la centenaria organización, acéfala desde 1989, cuando fue desplazado del poder político y financiero, el octogenario General Alfredo Stroessner, quien secuestró el país durante 35 años, apoyado en el Ejército, la corrupción y el Operativo Cóndor, comandado por Estados Unidos en el subcontinente.
Samaniego, aparentemente leal al mandatario, pide a sus correligionarios que otorguen a Cartes un año de tolerancia, lo cual también puede encerrar una leve insinuación de someterlo a juicio político, si prosigue desobedeciendo al aparato.
En el plano de los partidos políticos hay miseria de conductas y de ideas. Al fraccionado coloradismo, interesado en poseer eternamente las riendas del carro, prevaricando siempre, se suma la casi extinción del Partido Liberal, también con más de un siglo de vida, buena parte colaborando en muchas satrapías con el anterior, conformando un legado pesado, difícil de disculpar por el pueblo.
En la vereda de enfrente, atomizadas las fuerzas, y en parte contagiada de vicios de los aparatos colorado y liberal, el desorden orgánico es tal que ninguno de los emblemas se muestra capaz de transformarse y plantar una nueva bandera de lucha, con un programa que conquiste a una ciudadanía desorientada y huérfana de liderazgo, para impulsar la brega común y unitaria en la construcción de un país con justicia y equidad social, sepultando al poder hambreador, que ha sumido en la pobreza al 60 por ciento de los seis o siete millones de habitantes. No hay censo actualizado.
En el incierto panorama de los registros y subregistros oficiales, figura más de un millón de emigrados, y la FAO habla de un cuarto del total en la inanición, y un millón 250 mil niños desnutridos, hijos de familias excluidas de todo acceso a un mínimo de asistencia estatal. Diferentes fuentes estiman que más de 200 mil familias campesinas van en camino a convertirse en parias, al igual que los 17 pueblos indígenas, con unas 120 mil almas.
Cuarto exportador mundial de soja, con una inmensa riqueza hidroeléctrica, tierra rica y abundante, y un subsuelo que atesora una valiosa variedad de metales, explotados por empresas privadas extranjeras sin ningún control, Paraguay se permite el crimen de continuar cultivando el gatopardismo, de espaldas a la efervescencia mundial.
Sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, el poder en este país, alcanza un descrédito inédito entre el grueso de la población, testigo de una mundialización que, en ciertas naciones vecinas y sin aplicar ninguna medida de transformación estructural pero con sensibilidad social, aportan mayor capacidad de consumo a la mayoría y acceso al grueso de los servicios sociales básicos.
Todo lo contrario ocurre en este Paraguay, de tanta historia heroica, cuyas cúpulas dirigentes, mirando por encima de las cabezas de la gente, prosiguen contribuyendo a convertirlo en un simple enclave semicolonial de Estados Unidos, al estilo de México, Colombia y casi toda Centroamérica