por Alianza Pachamama Uruguay
fuente facebook
Según un documento emitido recientemente por el movimiento Uruguay Libre, promotor del plebiscito nacional contra la megaminería, titulado Preguntas Frecuentes, cuando les preguntan por qué hay gente que se opone a la iniciativa, no responden que “se trata de promineros que temen se les caigan sus proyectos”, sino que responden: “Algunas personas consideran que no es el mejor momento para realizar esta campaña, otras aseguran que está destinada al fracaso y nos atribuyen la intención de favorecer al gobierno impulsando una acción que fracasará. También dicen que es una medida inconsulta.”
Es cierto que pensamos que se eligió un mal momento para plantear la propuesta. Es cierto que consideramos que entre los impulsores puede haber quienes desean laudar el tema favoreciendo a los proyectos megamineros; aunque pensamos que en general priman las buenas intenciones entre quienes se han sumado a esta apresurada campaña, ya se observa en los medios cómo la empiezan a ver con simpatía integrantes del gobierno y altos funcionarios de la minera. Es cierto que fue una medida lanzada sin consultar al grueso de los colectivos de lucha en defensa de la tierra, pero como razones para explicar los verdaderos motivos de nuestra posición, resultan excesivamente escasas.
Las razones que motivan la oposición a la iniciativa por parte de Asamblea Pachamama, muchas de ellas esgrimidas por la inmensa mayoría de los colectivos nucleados en la Asamblea Nacional Permanente –organizadora, entre otras muchas movilizaciones, de las grandes marchas nacionales en Montevideo-, son las siguientes:
1- Este plebiscito da una clara oportunidad al gobierno y las mineras de ver legitimada una actividad económica que de otro modo jamás obtendría la licencia social. Esto sucederá si se pierde un plebiscito o por el simple hecho de no alcanzarse las firmas. Los mismos promotores de la iniciativa afirman que si se pierde, el gobierno y la minera sabrán que “no hay una licencia social plena para validar estos proyectos.” O sea, TENDRÁN SU LICENCIA SOCIAL, aunque no “plena”. De paso, a los defensores de la megaminería les servirá para poner cifras definitivas a la cantidad de “desconformes” y catalogarán como “conformes” a la mayoría restante.
2- No cuenta con el apoyo de la amplia mayoría de los colectivos de lucha en defensa de la tierra y el agua, nucleados en la ANP (Asamblea Nacional en Defensa de la Tierra, el Agua y los Bienes Naturales). Este argumento, a nuestro juicio, debió ser suficiente para que la iniciativa no fuera lanzada. No es cierto que los promotores del plebiscito consultaron durante dos meses a los colectivos de lucha social. La mayoría nos enteramos dos días antes de la marcha del 18 de octubre de 2013, durante una coordinación de la Asamblea Nacional, cuando un compañero proplebiscito –bien intencionado- expresó su intención de juntar firmas durante la movilización. Al momento de esa “consulta”, ya habían impreso 250.000 papeletas.
3- Implica desconocer el plebiscito de 2004 que modificó el artículo 47 de la constitución de tal modo, que el solo acatamiento del mismo alcanza para prohibir actividades como las fumigaciones abusivas, la megaminería, los monocultivos de eucaliptos y el Fracking. Nuevamente, permitimos que el poder político nos empuje a laudar sobre un tema ya laudado -la protección del agua y los bienes naturales en este caso- dando la chance a rectificar la norma a su conveniencia ya que a la hora de plebiscitar la Asamblea General puede presentar una propuesta alternativa a la planteada. Nos preguntamos, si es verdaderamente necesario un plebiscito para prohibir la minería a gran escala, ¿será necesario también un plebiscito nacional para prohibir el Fracking, otro para las fumigaciones, otro para los monocultivos y otro para los feedlots? ¿No será que debe alcanzar con exigir, con la energía que sea necesaria, que se cumpla la voluntad popular categórica y suficientemente expresada?
4- Al pretender introducir la modificación a una norma superior, indirectamente está validando la ley de megaminería y, de ese modo, desconociendo los recursos de inconstitucionalidad de la misma que se están presentando ante la justicia. De la misma forma, se está dando validez a la ley de megaminería cuando se rechaza el contrato de inversión por no ceñirse a algunos artículos de la misma (pago de garantía, contar con autorizaciones ambientales, etc.). Nosotros insistimos en que proyectos como el de Aratirí son inadmisibles aunque cumplan con todas las leyes y cuenten con todos los permisos oficiales.
5- La iniciativa cuenta sólo con el apoyo de algunos sindicatos aislados, de sectores políticos oportunistas de los partidos minoritarios y de algún estratega prominero representante del gobierno, vinculado a Aratirí u otra minera, o dirigente sindical que ya hizo cuentas sobre la conveniencia de que esta instancia se concrete.
6- No cuenta con recursos económicos para una imprescindible campaña de medios, aunque, habiendo grandes intereses político-partidarios y económicos de por medio, siempre es posible que ese dinero caiga de algún lado.
7- Inmerso en la agenda del circo mediático-electoral, se relega y diluye un problema en el que nos va el futuro. Los medios estarán ocupados con las actividades de los candidatos, los ataques cruzados entre ellos, los debates carentes de ideas y el plebiscito por la baja de la edad de imputabilidad, donde los partidos tradicionales han invertido dinero en una campaña que no querrán descuidar. En ese sentido, el momento elegido nos pareció el peor. Es justo decir que hasta nosotros mirábamos con simpatía una campaña nacional de firmas que implicara presión hacia el gobierno y la minera hace dos años y medio, lejos del período electoral y sin someter a un análisis profundo los riesgos de un plebiscito de estas características.
8- Asumido por sus promotores, existen pocas chances de alcanzar las firmas antes de mayo de 2014. A principios de enero, luego de más de un mes de campaña, la comisión pro plebiscito declaró que había obtenido 10.000 firmas, a mediados de febrero hablan de 30.000, mientras se proponen juntar 280.000. Si la campaña se extendiera hasta 2019, entonces ya no se puede hablar de que sea un mecanismo para detener el comienzo de la actividad de Aratirí ni para echarla, de acuerdo a argumentos que exponemos más adelante.
9- Deslegitima la movilización popular callejera de resistencia en la que sí creemos, ya que si hay plebiscito, el poder político y quienes aún creen ciegamente en él y en el sistema que nos domina, dirán: "SI VA A DECIDIR EN LAS URNAS, ¿PARA QUÉ PROTESTAN?". Los plebiscitos son excelentes placebos para todos aquellos, conformes o desconformes, cuyo compromiso cívico no excede la colocación de un sobre dentro de una urna. Está comprobado que estampar la firma aumenta la dificultad de estos ciudadanos para levantar el culo del sillón para salir a defender sus derechos con la energía que amerita la gravedad del atropello.
10- Un plebiscito excluye de la instancia de decisión a quienes desean expresar rechazo al sistema político partidario mediante el voto anulado o prefieren pagar una multa para no participar de este circo por considerar que sólo sirve para perpetuar el sistema al que estamos sometidos.
Los promotores del plebiscito afirman, y no tenemos por qué dudar de sus intenciones, que si no se llega a las firmas en mayo de 2014 se seguirá con la campaña para lograr el objetivo en 2019. Así, con mayores posibilidades de obtener las firmas, planteemos la posibilidad de que el plebiscito podría concretarse y hasta ganarse en 2019. Ante esta optimista hipótesis, planteamos:
1- Los promotores de la iniciativa pueden tener la certeza de que el gobierno entrante –tanto en 2015 como en 2020-, no echará a Aratirí o a la minera que finalmente se encargue de ejecutar el proyecto, luego de la firma del Contrato de Inversión que nos compromete ante organismos internacionales como el CIADI. Para el nuevo gobierno será muy fácil seguir adelante con ese proyecto minero declarándose atado a las decisiones irresponsables del gobierno anterior. ¿Alguien tiene duda de que lo harán de ese modo, justificando a toda costa el desconocimiento de un resultado plebiscitario? En tal caso, ¿saldríamos masivamente a la calle a exigir que se cumpla lo resuelto en las urnas? ¿ACASO LO HEMOS HECHO PARA QUE SE RESPETE LO DECIDIDO A TRAVÉS DEL PLEBISCITO DEL AGUA? Si no somos capaces de hacer respetar aquella instancia plebiscitaria y otras que han sido avasalladas en las últimas décadas, en vano seguiremos introduciendo inconsistentes papeletas en las urnas. Así no haremos más que perpetuar el sistema perverso y manipulador que nos domina.
2- Si la urgencia por lanzar esta campaña es frenar a Aratirí y es cierto que esta campaña culmine en 2019, sería tarde para arreglar el daño provocado por la empresa minera para ese entonces, luego de construidos el puerto –que tiene como único “cliente” seguro a Aratirí-, el mineroducto, la planta de procesamiento, la regasificadora, el embalse de relaves, luego de haber desviado y ensuciado ríos y napas freáticas, luego de detonadas más de 150.000 toneladas de explosivos, luego de abiertas las minas con sus escombreras, luego de haber desplazado productores, flora y fauna en el área de incidencia del distrito minero.
3- Cuando mencionamos a los promotores del plebiscito el juicio al cual nos enfrentaríamos ante el CIADI, en el utópico caso de que un gobierno –que será servil al capital de acuerdo a los candidatos que aparecen con posibilidades de acceder al poder en próximas y subsiguientes elecciones- decidiera echar a la minera, éstos afirman: “Los costos de este probable juicio estarán ampliamente justificados por los daños y perjuicios evitados al país y su gente, tanto económicos, como sociales y ambientales.” La pregunta sería, ¿cómo pagaremos el monto por daños, perjuicios y lucro cesante por el que nos demandaría la empresa minera ante el CIADI, valores que superarían los 10.000 millones de dólares? ¿Qué gobierno, electo en la misma instancia en que se votara el plebiscito, estaría de acuerdo con comprometer su gestión y la economía del país para cumplir con ese “compromiso”?
Hasta aquí nuestros argumentos. Este tema se volverá a discutir en la próxima Asamblea Nacional que se desarrollará en Treinta y Tres el 16 de marzo. El material aquí expuesto pretende servir de insumo para esa discusión. Pedimos tolerancia a quienes no comparten estas reflexiones –en general la hemos encontrado, salvo en un grupo muy reducido de personas que merodean las redes sociales a la caza de opositores a esta iniciativa-. Al exponer nuestros argumentos, nos mueve la convicción de que la iniciativa es inconveniente. No nos interesa confrontar ni fastidiar a quienes piensan distinto.
A quien le sirve la división?
“Algunas Organizaciones No Gubernamentales sirven para infiltrarse en los movimientos sociales de lucha, desestructurar las bases y cumplir una función política. Si lo analizamos a fondo vemos que los países que introducen estas ONG son los mismos que insertan los monopolios en América Latina”
Estas palabras, expresadas por Azequiel Blanco del colectivo de jóvenes comunistas de España, reflejan una lamentable actualidad en nuestro continente y en nuestro país.
En Uruguay, una ONG yanki viene trabajando activamente en procura de quebrar la unión de los distintos colectivos antiminería
Alianza Pachamama, es una ONG fundada en EEUU, y cuyos fundadores son un consultor de empresas del sector financiero y un ex agente de la CIA. Desde hace meses ha apuntado toda su artillería a tirar abajo una de las herramientas más importantes y definitivas que tiene un país para intentar salvaguardar sus recursos naturales: el incorporar en la Constitución artículos que la protejan.
Evidentemente los argumentos serios brillan por su ausencia: más bien se trata de ataques sin ton ni son y poco disimulados, hacia las personas y los grupos que apoyan la iniciativa del Plebiscito. Recordemos que entre quienes la promueven, se encuentran personas como Víctor Bachetta, Carlos Anido, Ignacio Stolkin, o Eduardo Gudynas, así como movimientos como MOVUS, OCC, Indignados de la Costa, Uruguay Consciente ,etc., etc.
El arma a utilizar, no podía ser otra que la mentira, la manipulación, el insulto y la censura en su página hacia las voces contrarias.
Pero este ataque soterrado de las fuerzas del imperio no debería preocuparnos demasiado, al fin de cuentas se trata de una sola persona, bien paga eso sí, con un pequeño puñado de seguidores.
Lo que sí preocupa, es que esa ONG yanki pueda llevar de la nariz a una toda una organización como la ANP, ya que ésta sí está formada por muchos grupos que honestamente han demostrado su compromiso con la defensa de nuestros bienes naturales.
Lo que muchos se preguntan es que pasara en su próxima Asamblea: validara la ANP el intento de cambiar la lucha antiminera por la lucha antiplebiscito? Dejará la ANP que desde sus filas se siga manoseando a personas y grupos que están desde hace años en primera línea de la lucha? Permitirá el quiebre definitivo del movimiento antiminero?
A nadie de los integrantes de a pie de la ANP le rechina que en la última manifestación convocada, se hablara casi más de la campaña antiplebiscito que de la campaña en contra de ARATIRÍ? Permiten que sus voceros digan que la ANP no está de acuerdo, cuando en realidad no ha tomado posición? De verdad les parece bien que se haya patoteado en plena plaza a algunas personas que estaban recogiendo firmas, diciendo que esta era “su” manifestación???
Esperemos por el bien de todos, que la Asamblea tome una postura de unidad en la lucha, que no quiere decir necesariamente que se unan al Plebiscito, sino que de manera clara y contundente cesen los ataques indiscriminados y difamatorios hacia sus promotores, y que acepte que es una herramienta más que busca el mismo fin.
En sus manos está el seguir siendo una agrupación con un enorme respeto bien ganado, o seguirle el juego a aquellos que quieren vernos divididos, y dilapidar el esfuerzo y el prestigio ganado hasta ahora.
CARLOS AGUIRRE