Alerta a los navegantes
ANCAP PROSIGUE SU POLÍTICA DE ALENTAR EL 'FRACKING'
Aprovechando el ruido generado por los escándalos de la gestión de Ancap y del ex presidente del ente estatal, el gerente Héctor de Santa Ana sigue actuando impunemente y lanza una nueva operación encubierta para proseguir la búsqueda de hidrocarburos no convencionales en el norte del país.
En el diario "El País" de hoy se expresa lo siguiente::
" ... El gerente de Producción y Exploración de Ancap, Héctor de Santa Ana, explicó a El País que el proyecto "no supone ningún tipo de actividad más allá de un reconocimiento para definir la potencialidad o no de ser explorado (el territorio)".
El contrato autoriza a la firma de capitales nacionales a trabajar en la zona por un año y permite una extensión del permiso por un año más. Campo Alegría es propiedad del empresario local Juan Sartori y tiene actividades petroleras en otros países de América Latina como Perú y Colombia ..."
(Ver en http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/ancap-cede-area-tareas-exploracion.html)
El procedimiento es el mismo utilizado por Ancap para los contratos con Schuepbach (ahora manejada por Petrel) para la exploración de la posible explotación de hidrocarburos no convencionales en la Cuenca Norte del país. Se comienza con un contrato de prospección extensible hasta dos años, con la opción para firmar un contrato de exploración y producción por 30 años, como ya tiene Schuepbach.
Es mentira que Campo Alegría S.A. (esto suena igual que la carnicería El Novillo Alegre) sea una firma de capitales nacionales. Juan Sartori es uruguayo, si "local", pero dirige el Union Capital Group (UCG), con sede en Suiza, un fondo de inversión internacional con operaciones en los más diversos rubros, desde agropecuaria, minería y energía hasta forestación, bienes raíces y el mercado del arte.
En Uruguay, el UCG es punta de lanza de la ocupación del territorio por el capital financiero internacional. A través del Union Agricultural Group (UAG), comenzó a comprar estancias en 2008 y hoy es el mayor propietario de tierras dedicadas a la agropecuaria y el mayor productor de carne y granos del país. UAG posee 250.000 hectáreas distribuidas en 105 establecimientos agrícolas y ganaderos (entre sus últimas adquisiciones están los activos del grupo argentino El Tejar por 170 millones de USD). Y a través del Union Mineral Group (UMG) tiene un millón de hectáreas con pedimentos mineros.
Es mentira también que la finalidad de este contrato con Campo Alegría sea un simple reconocimiento del terreno. La búsqueda de hidrocarburos no convencionales en esa zona ha sido alentada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (SUGUS), para su política de expansión de la tecnología de fracturación hidráulica ('fracking'), y por el propio Héctor de Santa Ana para impulsar sus negocios particulares con las empresas perforadoras, como ya fuera denunciado desde el programa Rompkbzas.
Este anuncio es una prueba más de la política seguida desde Ancap en los últimos años en favor de la posibilidad de utilizar el 'fracking' en nuestro país, a pesar de sus declaraciones diversionistas e incluso de las declaraciones realizadas hace pocos días por el presidente Tabaré Vázquez y la ministra Carolina Cosse. Frente a los contratos firmados no hay buenas intenciones que valgan.
Contacto: Victor Bacchetta 098 935 317
Uruguay Libre
El gobierno dice que “no va a haber fracking”, pero ambientalistas advierten
que contratos firmados por Ancap dan aval a las empresas
Búsqueda Nº1856 - 25 DE FEBRERO
La técnica de explotación petrolera es cuestionada por su impacto en el medioambiente
El lunes 22 por la mañana, unas 30 personas seguían de cerca la inédita sesión del Consejo de Ministros en la localidad de Piedras Coloradas, departamento de Paysandú. Entre ellas asomaba un pasacalles que le llamó la atención al presidente Tabaré Vázquez y no dudó en hacerlo notar.
“Acá leo un cartel que dice: ‘Tabaré ya nos liberaste del tabaco ahora liberanos del fracking’”, relató el presidente y agregó: “Señora ministra de Industria hable de este punto”.
La ministra Carolina Cosse sonrió y sin dudar afirmó: “Señor Presidente, usted no tiene que liberarnos de nada porque no está el fracking en ninguno de los planes futuros de nuestro gobierno”.
Las decenas de seguidores aplaudieron la decisión con euforia y por si algún despistado no lo escuchó, Vázquez se encargó de reafirmarlo. “Así que quedó claro, no va a haber fracking en el Uruguay”.
La fracción hidráulica, o fracking, le sirvió a Estados Unidos para librarse de la dependencia petrolera en los últimos años. Pero su técnica es muy violenta y sus efectos sobre el medioambiente han sido cuestionados una y otra vez. La práctica consiste en inyectar un fluido a alta presión en un yacimiento que contiene hidrocarburos no convencionales. La roca se fractura y libera el gas o petróleo que esté atrapado en ella. En algunos estados norteamericanos hay investigaciones que asocian el fracking con la ocurrencia de terremotos.
Raúl Viñas, integrante del Movimiento Uruguay Libre, contrario al fracking, dijo que “son positivas” las declaraciones de Vázquez y “van de acuerdo con la tendencia internacional de prohibir esta técnica”. Pero advirtió sobre los contratos que Ancap ya firmó con las empresas que realizan la exploración de hidrocarburos.
Una de ella es la norteamericana Shuepbach Energy, que tiene dos bloques: uno ubicado en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Durazno (denominado bloque Achar) y el otro en Salto. Su técnico responsable es Gerardo Veroslavsky, la persona que la ministra Cosse quería como director de Minería y Geología, aunque tras darse a conocer su vínculo con la empresa fue descartado.
A Viñas le preocupa Shuepbach, ya que en el contrato que firmó con Ancap en 2012 por 30 años “le dan la posibilidad a la empresa de decidir qué tecnología y forma usará para extraer petróleo, gas o cualquier otro hidrocarburo, definición que en este contrato incluye tanto los convencionales como los no convencionales”.
El contrato entre Ancap y Shuepbach, al que accedió Búsqueda, establece que la empresa presentará un “programa de explotación” y la petrolera estatal tiene 60 días para evaluarlo y responder. El programa será elaborado por el contratista y puesto a consideración del Comité de Administración, que lo debe aprobar por unanimidad. De no hacerlo está previsto que los conflictos se diriman ante un arbitraje, los jurídicos ante la Justicia uruguaya y los asuntos técnicos y económicos ante un arbitraje regido por el Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional.
En febrero de 2015 el entonces director de Energía, Ramón Méndez, aseguró que los contratos de Ancap con petroleras “dicen expresamente que cualquier actividad que haga una empresa pública o privada en el territorio tiene que ser previamente aceptada por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, más allá de lo que diga el contrato”.
Pero para Viñas “el contrato elude la Justicia uruguaya” y por ello pide que el Poder Ejecutivo prohíba expresamente la utilización del fracking, y “así las empresas no podrán usar la técnica”.
Idas y vueltas
Apenas unos años atrás el fracking era una posibilidad que manejaba el gobierno. En 2011 el entonces gerente de Exploración y Producción de Ancap Héctor de Santa Ana, representó a la petrolera estatal en la conferencia de la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (Arpel). Su ponencia se dirigió a llamar inversores y se tituló: “Hidrocarburos no convencionales: Una oportunidad de negocios de exploración y producción en cuencas onshore del Uruguay”.
El propio Santa Ana, en 2015, se oponía de forma categórica a aplicar esta técnica. En diálogo con Búsqueda aseguró que “no habrá fracking” en Uruguay porque no lo permiten las propiedades geológicas que no están presentes en las tres rocas generadoras localizadas en la cuenca norte uruguaya (Búsqueda Nº 1.802).
La directora de Minería y Geología, Leda Sánchez, también se opone a esta técnica porque sostiene que produce sismos “que llegan a magnitudes importantes” y pueden generar “filtraciones y contaminar” el agua subterránea (Búsqueda Nº 1.821).
A iniciativa de Uruguay Libre, una organización social, las juntas departamentales de Salto, Paysandú y Lavalleja resolvieron prohibir el fracking en sus territorios. En primera instancia Tacuarembó se sumó a esta lista, pero la comisión de Constitución y Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes dio lugar a un recurso presentado por ciudadanos del departamento y retiró el decreto aprobado por la Junta de Tacuarembó. La disyuntiva está en quién tiene la potestad legal para tomar decisiones sobre el territorio, si el gobierno departamental o el nacional.
En el Parlamento hay presentados tres proyectos para limitar y hasta prohibir el uso del fracking. Uno es del senador colorado Pedro Bordaberry, otros dos de los diputados nacionalistas Gerardo Amarilla y Javier Umpiérrez