Rolando Astarita [Blog]
En una nota anterior planteé que es utópico pretender acabar, o reducir significativamente, la desocupación con una ley que prohíba los despidos (aquí)
En esta nota amplío el argumento a partir del ejemplo de Venezuela. En este país rige desde mayo de 2002 una medida de inamovilidad laboral y doble indemnización. Según esta disposición, los trabajadores no pueden ser despedidos, desmejorados ni trasladados sin causa justa, calificada previamente por el inspector del Ministerio de Trabajo. El amparo se extiende a los trabajadores a tiempo indeterminado después del primer mes al servicio de un patrono; a los contratados por tiempo determinado mientras no haya vencido el término establecido en el contrato o, en el caso de que el contrato sea para una labor u obra determinada, mientras no haya concluido la totalidad o la parte de la misma que constituya su obligación.
En diciembre de 2015 la medida se prorrogó hasta diciembre de 2018. En esa ocasión Maduro dijo que el decreto “es el complemento de una serie de medidas para impulsar el trabajo y la producción nacional”. Los trabajadores temporarios u ocasionales no están beneficiados por la disposición (el 41% de los ocupados tiene empleos informales o precarizados). Además, los inspectores de Trabajo no están facultados para ordenar, como medida preventiva, la reincorporación del despedido durante el tiempo que dure el procedimiento. Aunque se establece que deberán proceder “con la mayor eficiencia y eficacia en salvaguarda y protección de los derechos laborales”.
Pues bien, dejando de lado ahora el hecho de que la ley parece haber contribuido poco para “impulsar el trabajo y la producción nacional” (pobreza en el 73%, caída del PBI este año del 7%, casi 30% desde 2013, retroceso de la industria y reprimarización de la economía, entre otros datos), tampoco ha permitido frenar los despidos. Las inspectorías (adscritas al Ministerio de Poder Popular) encargadas de aplicar los procedimientos por inamovilidad son acusadas de permanecer en silencio cuando hay denuncias de despido injustificado, o son inoperantes cuando las patronales no cumplen las órdenes de reenganche.
Los datos que tomamos del sitio de Provea, referidos a 2014, son elocuentes. Ese año, en el sector educativo se denunció el despido de más de 3000 docentes en ocho municipios del estado de Lara “por falta de matrícula y presupuesto”. En Valencia hubo protestas por la misma causa, con 800 trabajadores a los que no se les renovó el contrato; incluso el Sindicato Único Municipal de Empleados Públicos denunció que había trabajadores con más de tres contratos continuos, que ya debían haber sido incorporados a la nómina fija. En el Consejo Municipal de Zamora también hubo despidos. En el Ministerio de Servicios Penitenciarios en dos años hubo más de mil cesanteados, violando la inamovilidad laboral e incumpliendo, posteriormente, las órdenes de reenganche. En el sector privado también hubo cesanteados. Por ejemplo, 250 obreros de la empresa Wrangler. En Pepsi hubo protestas por despidos. En la empresa Daka se despidió obreros en represalia por haber denunciado irregularidades ante la Inspectoría del Trabajo; después muchos fueron obligados a renunciar. Además, en muchas ocasiones las empresas se niegan a reenganchar a los trabajadores, y el Estado no hace cumplir las disposiciones. Por ejemplo, sucedió en la Hotelera Guaparo, en el municipio de Naguanagua; en la Alcaldía Metropolitana de Caracas ex trabajadores reclamaron el reenganche de 1.158 despedidos; en la empresa privada Mikro 760. Trabajadores despedidos de la empresa Carbones del Zulia tras 11 años de servicio como contratados señalaron que cumplieron todos los pasos pertinentes, incluida la consignación de la denuncia ante la Inspectoría del Trabajo, y no recibieron respuesta. A trabajadores de Puerto Cabello, estado Carabobo, que intentaban denunciar ante la Inspectoría del Trabajo las irregularidades en las empresas portuarias, no sólo se les impidió la entrada al ente sino que se les informó que la Inspectoría no contaba con suficiente personal para atender sus denuncias por el despido de 75 trabajadores de la Almacenadora de Contenedores (Almaco).
En Valencia, estado Carabobo, movimientos sindicales y consejos de trabajadores denuncian que las Inspectorías se parcializan hacia los patronos, apuntando que mientras se emiten cientos de calificaciones de despido, los pliegos conflictivos introducidos son “deliberadamente retrasados”. “Las demandas de los trabajadores son demoradas en detrimento del sector obrero, en una inaceptable parcialización hacia el patrono”, denunció el secretario de la Federación Unitaria Bolivariana de Trabajadores en Carabobo, Julio Polanco. (…) “Cada día se aprueban despidos en complicidad con las autoridades nacionales del Ministerio [del Trabajo] y sobre todo del viceministro Elio Colmenares, que es quien protege a estos funcionarios, cuando su deber es proteger a los trabajadores”, denunció en otra protesta por despidos –en diciembre– el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Douglas Gómez
En octubre, los trabajadores entregaron al procurador del Trabajo, Ramón Huiza, un documento en el que exigieron la “depuración y transformación profunda” del Ministerio y sus entes adscritos. En el documento solicitaron respeto a la estabilidad en el trabajo, a la inamovilidad y a los fueros de Ley, así como el cese de la criminalización de la protesta. El director del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (MPPPST) en el estado Carabobo, Miguel Aponte, criticó que algunos funcionarios defiendan los intereses de los patronos en detrimento de la masa laboral y se hayan convertido en “instrumentos de persecución a la clase obrera” (http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/07laborales1.pdf).
Agreguemos que según la Federación de Trabajadores de Anzoátegui (Fetranzoátegui), en 2015 se tramitaron en la entidad cerca de 6.000 casos de ambos procedimientos, “de los cuales al menos 25% no se ejecutaron debido a la lentitud con que operan las dependencias del Ministerio del Trabajo”. Tito Barrero, presidente de la organización sindical, dice que “la mayoría de los reenganche en la administración pública no se procesan. El que más incumple la inamovilidad es el Gobierno. Ejemplos hay de sobra, comenzando por el despido masivo de 22 mil trabajadores de Petróleos de Venezuela en 2002, entre ellos dirigentes sindicales y mujeres embarazadas”. Ana Yánez, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) pidió al nuevo ministro de Trabajo Oswaldo Vera 'que le meta el pecho a los múltiples casos de despidos, pues tanto del sector público como privado hay órdenes de reenganche que no se ejecutan y en las inspectorías no las hacen cumplir'. Y agregó que el decreto de inamovilidad laboral “se ha irrespetado en los últimos años por patronos públicos y privados' (http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/laboral/unete-pide-al-nuevo-ministro-del-trabajo--meterle.aspx)
En lo que va de 2016, el sindicato de Trabajadores de la CANTV (Teléfonos Venezuela) denunció que la directiva de la empresa estatal viene realizando despidos masivos de trabajadores en todas sus áreas, sin ninguna justificación. Trabajadores de la TV estatal también denuncian despidos, Abastos Bicentenario despidió 660 trabajadores en un día, el diario El Carabobeño suspendió personal. La empresa Polar acaba de despedir 400 trabajadores y amenaza con aumentar la cifra. Por supuesto, los trabajadores que están yendo a la calle porque hay empresas que cierran, ni siquiera tienen el recurso de apelar.
No estamos hablando de un gobierno “neoliberal y títere de los grandes grupos concentrados”, sino de la quintaesencia del “capitalismo de Estado nacional y popular” (y constructor del “socialismo siglo XXI”, para más datos)
¿Cómo es entonces que la ley de inamovilidad laboral no solo no ha generado empleo y producción en Venezuela (van a ser 14 años de vigencia), sino ni siquiera puede frenar los despidos que se producen, en la práctica, por todos los poros de la economía? Obsérvese, además, que las denuncias se refieren a grandes empresas privadas, y al Estado. ¿Qué decir sobre lo que está sucediendo con los millones de asalariados que están precarizados? Una vez más: acabar con el flagelo de la desocupación y las crisis no depende de leyes y parlamentos capitalistas, ni de los Estados, sean estos dirigidos por milicos y burócratas, o CEOs y políticos tradicionales. Para construir una perspectiva socialista es imprescindible romper ideológica y políticamente con todas las variantes burguesas. Hay que confiar solo en la fuerza de la clase trabajadora y su movilización, y no en "Inspectorías" de burócratas que defenderán siempre el orden establecido. No hay atajos oportunistas (aunque se disfracen de "alta táctica política") para solucionar los problemas de fondo que afectan a los explotados
Revocatorio, tentación autoritaria y crisis:
Las cúpulas No Nos Representan
Editorial #13 / Equipo Operativo Nacional, de Marea Socialista
La última medida del ejecutivo para el ahorro eléctrico es una muestra contundente de la situación del país: el Estado ya no es capaz de asegurar su labor diaria y cierra sus funciones administrativas de miércoles a domingo.
Lo mismo sucede con el abastecimiento de alimentos y medicinas. La organización de distribución de alimentos casa por casa, que es un síntoma claro de escasez extrema, demoraría para cubrir, y lo haría parcialmente, las necesidades de la población, al menos dos meses. Hasta que estén juramentados los “Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP)” y levantado el censo de cada comunidad. Demasiado tiempo en las actuales circunstancias.
Mientras tanto sigue la larga penuria para conseguir medicamentos en un recorrido estéril por establecimientos que permanecen vacíos. Y el racionamiento en el suministro de electricidad y agua se ha vuelto un mal endémico. Es evidente, para el que quiera ver, que estamos a punto de cruzar el umbral que lleva a la emergencia humanitaria.
En este contexto se han puesto en marcha los mecanismos para habilitar el proceso hacia el Referendo Revocatorio del presidente Maduro. Luego de muchas idas y vueltas el Consejo Nacional Electoral ha entregado a la cúpula de la MUD las planillas para recolectar las firmas de la primera etapa de este proceso.
Entre tanto, el discurso de la cúpula oficial sube de tono. El diputado Diosdado Cabello denuncia un golpe de estado organizado desde el exterior por un General que hasta hace meses era considerado un “héroe” por el gobierno y hoy es denunciado como corrupto, golpista y agente de la CIA. La manera de formular la acusación suena más a amenaza que a advertencia.
Desatada la crisis también en el terreno político, las semanas y meses próximos serán de extrema turbulencia.
Para enfrentar la crisis, más democracia
El Referendo Revocatorio es un derecho constitucional. Como explicaba el presidente Chávez cuando aceptó el desafió en 2004 y lanzó la batalla de Santa Inés. Se trata de evaluar la gestión del gobierno. Es un mecanismo democrático que a mitad de periodo devuelve la soberanía al poder originario para que sea el pueblo el que decida si sus gobernantes están cumpliendo con lo prometido o con las expectativas de la población que los eligió. Y en ese sentido lo defendemos como uno de los mecanismos más participativos de nuestra Constitución.
Por lo mismo rechazamos todo tipo de persecución o amedrentamiento hacia los ciudadanos que decidan apoyar la iniciativa. Lo mismo que toda maniobra ilegitima que busque que ese derecho no pueda ser ejercido
Las denuncias de un golpe en proceso, realizadas por el Ministro de Defensa y jefe de las FANB, General Padrino López, igual que las del diputado Cabello, con fecha fija inclusive, golpe que debe ser conjurado y evitado, no justifican limitación alguna de los derechos democráticos
En ese sentido, frente a cualquier amenaza de restricción de los derechos y garantías que establece nuestra constitución, rechazamos todo intento de limitar, todavía más, esos derechos, o de suspender esas garantías. Repudiamos la tentación totalitaria que pudieran encerrar esas advertencias.
Dicho esto, queremos señalar que la cúpula de la MUD recurre a la utilización de este derecho, luego de buscar todo tipo de caminos no democráticos y conspirativos para cumplir un objetivo que, de hecho, fue anunciado el día de la asunción de la nueva Asamblea Nacional como meta superior incluso, a la solución de la grave crisis por la que atravesamos: Salir de Maduro como sea
La práctica demagógica de esta cúpula se puede ver cuando no clarifica los mecanismos para convocar al referendo y cuando miente en las colas de las firmas, anunciando que así se resolverán la escasez y la inflación. Creando la falsa ilusión de una solución automática de los problemas de nuestro pueblo por el simple hecho de firmar. Cuando aprueba leyes que solo intentan aumentar la falsa polarización.
Esta cúpula es tan manipuladora como la oficial, secuestran las decisiones importantes de la mirada, decisión y control popular. El plan de emergencia económica que prepara la Asambleas es producto de la elaboración de “especialistas” tanto de la MUD como de simpatizantes del oficialismo que, como es público comparten la misma receta monetarista, y no es llevado a debate con la población ni abierto a la confrontación pública con ideas diferentes o propuestas alternativas.
Dividida por apetitos personalistas y de facciones partidarias, la cúpula de MUD no se pronuncia contra los atropellos que sufren los derechos democráticos de otros. Dejaron pasar sin resistencia la intervención por parte del TSJ de su aliado COPEI, y por supuesto, mucho menos rechazan el atropello del CNE contra Marea Socialista. Por el contrario como con muchas otras políticas, son cómplices junto al PSUV en este caso, del pacto del “polvo cósmico y la arena de playa”, que dejó por fuera de la disputa del 6/D, a sectores importantes del pensamiento político nacional como quedó expresado en la histórica cantidad de votos nulos que se contabilizaron en esa elección.
Estas son algunas de las consideraciones por las que alertamos a los ciudadanos que buscan ejercer su legítimo derecho al revocatorio, que no se dejen manipular por unos dirigentes que como han demostrado a lo largo de su historia reciente, piensan más en sus intereses corporativos y de cúpula, que en las necesidades del pueblo que vive de su trabajo.
Pero es importante resaltar aquí que, más allá de la intención y la política de ambas cúpulas; el pueblo venezolano ha demostrado, hasta ahora, que entiende que la búsqueda de una salida a la crisis global que atravesamos, debe ser con más democracia y participación y no con menos.
Abrir un canal internacional de ayuda para enfrentar la emergencia
La gravedad de la actual situación obliga a mirar la realidad cara a cara. Si no se comienza a revertir el desabastecimiento, si no se detiene la escalada hiperinflacionaria, si no se pone un freno al deterioro social y en los servicios, estaremos entrando en un desmoronamiento de más difícil resolución que el actual.
Nuestra situación es similar a un desastre natural de magnitudes superiores en 100 veces al reciente terremoto en Ecuador o a la provocada por la guerra civil en Siria y no sería una exageración compararlo con los peores años del Periodo Especial cubano. En esas circunstancias Venezuela ha demostrado una enorme solidaridad con todos esos países y con muchos otros, acosados por crisis económicas y políticas enormes como fue el caso de Argentina en 2001.
Es necesario un llamado público a la solidaridad de todos ellos, los integrantes de CELAC, ALBA y UNASUR, y de socios comerciales internacionales que han hecho muy buenos negocios con nuestro país en las épocas de las vacas gordas como China y Rusia.
El llamado es para abrir inmediatamente un canal internacional de ayuda de esos países y de los que entiendan el llamado de manera solidaria, sin condiciones, en alimentos, medicinas e insumos imprescindibles para atender las necesidades básicas de la población. Y este suministro debe realizarse a manera de shock.
Por otra parte, ni los “Motores” de la economía productiva del gobierno y mucho menos el Arco Minero, ni la apertura petrolera enmascarada que propone la Asamblea detendrán la crisis, solo la profundizaran. Por eso al tiempo que se busque frenar la caída en barrena de este desquicio, hay que iniciar un gran debate nacional sobre el modelo productivo que el país va a seguir. Las propuestas de ambas cúpulas confluyen, disimuladamente, en un nuevo pacto que podríamos denominar de “borrón y cuenta nueva” al no atacar la principal causa que nos ha llevado a esta situación: la corrupción descarada y el patrón mafioso de acumulación de capital privado.
El primer punto de este debate es: cómo obtener los 50.000 millones de dólares de financiamiento necesario para frenar el actual desastre y revertir el camino al abismo en el que nos encontramos. En este sentido es que planteamos estas propuestas:
a) Depósitos de venezolanos en el Exterior. Declaraciones públicas, tanto del gobierno como de la MUD, coinciden en que las cuentas en el exterior de venezolanos privados, ascienden a la cifra de MM$ 300.000.- (Trescientos mil millones de dólares). Estos cálculos tienen como fuente de origen instituciones internacionales de crédito, por lo que su existencia está probada y los titulares de esos fondos son conocidos.
Existe una sospecha fundada de que gran parte de este enriquecimiento súbito (esos depósitos se duplicaron en los últimos cuatro o cinco años) se debe al Desfalco que ha sufrido el país.
Por eso mientras logramos instalar un gran movimiento nacional por la Auditoria Pública y Ciudadana, que desnude el origen criminal de esos fondos y a los responsables del Desfalco, exigimos que se aplique inmediatamente un impuesto especial sobre los depósitos en el exterior, que incaute al menos el 10% de ellos.
Con esto lograríamos una base de financiamiento superior a los MM$ 30.000.- (treinta mil millones de dólares). Los fondos así obtenido deben estar bajo escrutinio de una comisión especial integrada por personalidades y/o movimientos de ética incuestionable y abierta a mecanismos públicos de control social y ciudadano.
b) Deuda Externa Soberana. Según venimos sosteniendo, una parte importante de la deuda externa del país es producto de operaciones financieras especulativas e ilegítimas. El mismo mecanismo de la auditoria pública lo demostrará. Mientras tanto proponemos declarar una moratoria en los pagos de esa deuda.
En lo que hace a la deuda de PDVSA, que tiene las mismas características oscuras que la deuda soberana, proponemos iniciar una agresiva ofensiva para la suspensión negociada de su pago (sujeto al resultado de la Auditoria Publica) por un periodo no menor a cinco años.
Con esta medida (sobre la deuda soberana y de PDVSA) el país se ahorraría entre 2016 y 2017, cerca de MM$ 20.000.- (Veinte mil millones de dólares)
c) Deuda en divisas de operaciones de comercio internacional. Una de las justificaciones del desabastecimiento por parte de las cámaras empresariales, es la deuda en divisas que el estado mantiene con sectores importadores.
Pero todo el sistema de otorgamiento de divisas está cuestionado por corrupto. Y es de público conocimiento que una parte sustancial de esa corrupción tiene que ver con maniobras delictivas en las importaciones y con el otorgamiento de divisas a empresas de maletín, fantasmas.
La Auditoria pública y Ciudadana podrá determinar, qué parte de esa deuda es verdadera y cuál es parte de aquellas maniobras. Lo mismo que identificará a los responsables.
Pero, como medida extraordinaria por la gravedad de la crisis, proponemos: que sean canceladas con bonos especiales de la república, con vencimiento a diez años, las deudas cuyos titulares acepten cobrar un 30% del total de lo que reclaman, pero con el compromiso de reiniciar sus operaciones.
Al mismo tiempo es necesaria una corrección inmediata, urgente, de los ingresos de los sectores populares. El estado debe garantizar que el salario y los ingresos familiares no sean menores al valor de la canasta básica como exige el texto de nuestra constitución.
Ni PSUV ni MUD: las cúpulas No Nos Representan
Sería de una soberbia inadmisible pretender pronosticar como sucederán los próximos hechos. Pero algo es seguro, como sea que resulte el desenlace de esta disputa política y social, ya sea en 2016, 2017 o 2018, su resolución vendrá con la instalación de un nuevo gobierno. Y es para diputar en ese terreno que debemos prepararnos.
En los últimos cuatro años hemos visto por parte de las cúpulas políticas tradicionales, el desprecio hacia la situación del pueblo y el país.
Si la dirección del PSUV y el gobierno ha tratado con sordera, maltrato, soberbia y desprecio a nuestro pueblo, algo similar sucede con la dirección política de la MUD. Concentradas en conservar unos o en recuperar los otros, el control político y económico sobre el país, ambas cúpulas no han mostrado iniciativas consistentes con la solución de los problemas que sufre el pueblo que vive de su trabajo.
Han dejado al desnudo su cinismo. Y han puesto al descubierto su falta total de proyecto nacional. Unos abandonando tempranamente el ideal bolivariano por un pragmatismo servil, y los otros tratando de ocultar su verdadera intención neoliberal.
Dispuestos a enfrentar la falsa polarización en la que estas cúpulas pretenden atrapar a la sociedad toda, es que hacemos un llamado a la construcción de una nueva referencia política. Sin renunciar a nuestra procedencia como parte del chavismo crítico y con la conciencia del deber de revisar los errores propios, nuestro llamado es transversal.
A los que viven de su trabajo, a los jóvenes cansados de la manipulación, a los que están asqueados de la corrupción y el maltrato de las elites. A los no soportan la trama de silencio, miedo y falsa polarización que se pretende imponer sobre toda la sociedad. A todos ellos los llamamos a construir una nueva referencia, plural, democrática y solidaria. Una nueva referencia política que ponga en pie un nuevo horizonte de esperanza.
Está en nuestras manos hacerlo, porque estás cúpulas, No Nos Representan.
Transparencia Venezuela y Provea
Crisis eléctrica en Venezuela: no es el niño, es la corrupción
Solo en proyectos destinados para infraestructura para el sistema eléctrico, Venezuela desembolsó más de 27 mil millones de dólares desde el 2010, a pesar de ello el país experimenta por segunda vez un marcado déficit de generación de energía eléctrica que obligó la implementación de un programa de racionamiento eléctrico inconsulto y no informado, que afecta el desarrollo empresarial, comercial y el disfrute de un nivel de vida adecuado para los venezolanos.
La causa inmediata de la crisis argumentada desde el alto Gobierno es una prolongada sequía que ocasionó que el agua en el embalse de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar alcanzara niveles muy bajos durante una nueva ocurrencia del fenómeno climático de El Niño, pero el manejo de la crisis tiene al menos dos antecedentes que cuestionan el uso eficiente, responsable y transparente de los recursos destinados para paliar la “emergencia eléctrica”decretada por el gobierno el 21 de diciembre de 2009, en el marco de la cual se creó un ministerio y se asignó millones de recursos económicos.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ing. José Aguilar, desde 1999 al 2013, los dineros públicos destinados al sector eléctrico nacional alcanzan un monto acumulado, indexado a 1998, que supera los US$ 94.000 millones, suficientes para haber construido dos sistemas eléctricos de dimensiones similares al que existía para 1998.
Cabe destacar que el acumulado en “dólares corrientes”, desde 1999 a 2013, es de unos US$ 120.000 millones y dentro de dicho monto, bajo decretos de “Emergencia Eléctrica”, las asignaciones, solamente desde el 2010 al 2013, suman unos US$ 74.000 millones (dólares corrientes).
A pesar de ello, proyectos como la Central Hidroeléctrica Tocoma, prometida para 2012-2014 (10 turbinas entrando 3 por año) está diferida la entrada de la primera turbina para el segundo semestre de 2016, ya serían 5 años de retraso. Tocoma, muy similar en ingeniería a Caruachi (2005), cuesta a la fecha $12 mil millones vs. su costo original de $2.7 mil millones (ídem Caruachi), debido a la inflación, las sucesivas devaluaciones, imprevistos y retrasos de los contratistas.
Impunidad y corrupción
Un caso emblemático y ampliamente conocido por la opinión pública venezolana que evidencia el manejo opaco y ventajoso en la asignación de contrataciones destinadas a atender el sistema eléctrico lo representa la empresa Derwick Associates, la cual en octubre de 2009 suscribió con la Electricidad de Caracas el contrato por 198 millones de dólares por el equipamiento y construcción de la planta de Picure, sin tener experiencia en el sector ni el requerido registro de empresa en Venezuela, ni siquiera estaba inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
Derwick a su vez subcontrató a ProEnergy, que ya había ejecutado obras y vendidos equipos en Venezuela desde el año 2005, entonces asociada con Pacific Rim Energy, cuyos propietarios son los empresarios del atún y la tecnología, los hermanos Majed y Khaled Kalil.
Así, con ProEnergy como ejecutante en el campo y Derwick al frente de las negociaciones con las instituciones venezolanas, la mancuerna logró la asignación para construir 12 plantas, adecuar equipos en Nueva Esparta, y para la venta de 42 turbinas, 81% de segunda y tercera mano traídas de lugares tan disímiles como California, Misisipi, China, Qatar y Tanzania. De esta última se adquirieron cinco de una compañía en quiebra. Todas eran reparadas para cobrar como nuevas, con el conocimiento de funcionarios de las instituciones venezolanas según demuestran papeles oficiales. Por las turbinas de Tanzania ProEnergy ofreció $34 millones, mientras que desde la oficina de compra de Bariven –filial de PDVSA– en Holanda salió una orden de compra por cuatro máquinas por $76 millones, mucho más de 100% de ganancia.
De acuerdo con el último reporte operativo oficial del Sistema Eléctrico Nacional, al que se tuvo acceso el 2 de marzo de este año (2015), solo tres de cada diez turbinas vendidas e instaladas por Derwick, están disponibles. Las demás se encuentran paradas por mantenimiento o desperfecto, o nunca entraron en operación, como es el caso de la planta A de SIDOR, con turbinas General Electric usadas y traídas de Estados Unidos.
Desde 2011 se ha señalado que el negocio de Derwick estuvo en la venta de turbinas y equipos, pero los papeles revisados demuestran que la gran ganancia la lograron en la Ingeniería, Procura y Construcción (EPC en inglés) de las plantas, al separar hasta en tres partes los presupuestos, renglón en el cual la empresa venezolana cobró casi el doble de lo subcontratado con ProEnergy: 564 millones de dólares la estadounidense, versus 1, 1 millardos de dólares de la nativa.
Cuando llegó la emergencia eléctrica, decretada el 8 de febrero de 2010 en medio de una gran sequía, surgió la propuesta de construir dos plantas en esa zona del país donde se encuentra la principal central hidroeléctrica de Venezuela, la de Gurí. Sin embargo, los equipos destinados para ese proyecto estaban comprados desde el 29 de diciembre de 2009. Ese día, Energy Parts, una filial de ProEnergy, vendió a Derwick cinco turbinas, todas usadas, por 138 millones de dólares. Como un acto reflejo, la empresa venezolana facturó a la CVG 165,5 millones, un margen de 27,5 millones de dólares en una sola movida.
Aunado a todo ello el Gobierno dejó de publicar la información periódica del sector eléctrico, relativa a sus indicadores de gestión, desde noviembre de 2010. La opacidad y ausencia de rendición de cuenta sobre los recursos manejados para contener la emergencia eléctrica ponen en entredicho los argumentos gubernamentales que recaen sobre del fenómeno El Niño y solo refuerza la tesis de que el origen del colapso eléctrico que enfrenta hoy Venezuela es la profunda y sistemática corrupción que desvío recurso, propiciando el desmantelamiento de la industria y una mala gestión, en palabras del ingeniero electricista Miguel Lara, ex gerente de Ingresó a la Oficina de Planificación del Sistema Interconectado (OPSI), “ese parque que se compró no sirve, todo lo que se instaló no sirve y lo que servía lo dejaron echar a perder por falta de mantenimiento. Esa es la razón por la cual no pueden dar el servicio”.
Estos hechos de corrupción han impactado negativamente en la realización y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales, precarizando de forma desproporcionada la calidad de vida de las personas pertenecientes a los grupos más vulnerables de la sociedad, en su mayoría, habitantes de las comunidades más pobres del país. Los más pobres tienen menos capacidad para defenderse frente a actos de corrupción, por lo tanto, cuando el disfrute pleno de sus derechos se ve afectado por hechos de corrupción, se refuerza la exclusión social a la que están expuestos. Al igual que ha ocurrido en hechos de corrupción registrados en el sector alimentación y salud, el desvío y malversación de recursos destinados al sector eléctrico, profundiza la violación de derechos humanos y los problemas que ya existían para los sectores históricamente excluidos, comprometiendo el desarrollo de políticas, programas sociales y estrategias destinadas a satisfacer las necesidades básicas de la población, entre ellas el acceso a servicios públicos de calidad, elemento crucial para lograr reducir la pobreza.
Transparencia Venezuela y Provea, reiteran su exigencia a las autoridades del Ministerio Público y Contraloría General de la República de iniciar una investigación oportuna y transparente que conduzca a la sanción de los responsables e impida que la impunidad sumerja en la oscuridad la vigencia de los derechos sociales en Venezuela. (Comunicado conjunto, 02.05.2016)