Dan la sentencia a los sobrevivientes de la masacre
Cinco mujeres iniciaron una vigilia en las afueras del Palacio de justicia de Asunción en espera del veredicto. Se encadenaron para exigir justicia y absolución para todos los acusados. Ellas son: Carmen Paredes (madre de Arnaldo Quintana), Élida Benítez (madre de Néstor y Adalberto Castro presos y de Adolfo Castro asesinado en la masacre), Angelina Paniagua (madre de Alcídez Ramírez), la historiadora Margarita Durán y la ex presa política Guillermina Kanonnikoff.
Por Llella de Misiones (desde Asunción)
(APL) El juicio contra los sobrevivientes de la Masacre de CURUGUATY, no a los asesinos, llegó a su fin: luego de concluir los alegatos de las defensas y sin que la Fiscalía se haya hecho presente para efectuar contra réplica, ya solamente queda aguardar la resolución del Tribunal. Los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Benito González y Samuel Silvero darán a conocer el veredicto mañana a partir de las 13 hs en el Palacio de Justicia de Asunción. El caso CURUGUATY expresa la historia política del Paraguay, su modelo económico dependiente y concentrador de las riquezas, su política corrupta. Es un caso que habla con detalles sobre el principal problema del país, el de las tierras concentradas y mal habidas, a costa de la expulsión del campesinado dedicado a la agricultura. Cómo se recordará, en el 15 de junio de 2012 fueron desalojados a sangre y fuego los campesinos que ocupaban y trabajaban la tierra. Allí fueron asesinados: Arnaldo Ruíz, Luciano Ortega, Adolfo Castro, Delfín Duarte, Avelino Espínola, Francisco Ayala, Andrés Riveros, Luis Paredes, De los Santos Agüero, Ricardo Frutos Jara y Fermín Paredes.
Desmontando el montaje:
El Ministerio Público inició sus alegatos el 15 de junio, el mismo día en que se cumplían los 4 años de la masacre de CURUGUATY. Los fiscales cambiaron la versión de los hechos sobre la cual basaron su acusación y solicitaron penas de entre 5 y 40 años de prisión para los campesinos acusados, todos ellos sobrevivientes de la masacre. El único punto claro de los alegatos fue el pedido del fiscal Nelson Ruiz al Tribunal de que aplique una condena ejemplificadora, “persuasiva para otros grupos de campesinos que en el futuro pretendan ejercer derechos usando esta vía (de la ocupación de tierras)”.
Las condenas solicitadas:
Rubén Villalba: 30 años de prisión y 10 años de “medidas de seguridad”.
Luis Olmedo: 25 años de prisión.
Néstor Castro y Arnaldo Quintana: 20 años de prisión.
Fany Olmedo, Lucía Agüero y Dolores López: 8 años de prisión.
Felipe Benítez, Adalberto Castro, Alcides Ramírez, Juan Carlos Tillería: 5 años de prisión.
Una vez terminados los alegatos de la Fiscalía, les tocó el turno a los defensores de los campesinos acusados.
Siete abogados alegaron durante sucesivas jornadas, desmontando paso a paso la versión Fiscal.
Demostraron que el Ministerio Público no investigó la masacre, sino que ocultó pruebas y elaboró una hipótesis de lo que sucedió en CURUGUATY en la que solamente buscó criminalizar la lucha campesina y encubrir a los responsables de lo sucedido en junio de 2012.
Sintéticamente, los tres puntos de la acusación, invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio tentado han sido rebatidos.
El primero de ellos: la Fiscalía sostuvo que los campesinos invadieron tierras de la empresa Campos Morombí S.A., pero el lote es un terreno fiscal que fue usurpado por esa empresa con el aval del Juzgado de CURUGUATY (que se encuentra a cargo de esta causa).
En segundo lugar, la Fiscalía intenta demostrar la existencia de una asociación criminal en base a la documentación legal que los campesinos presentaron al Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra, por la cual conformaron la Asociación Vecinal de Naranjaty con el fin de solicitar la asignación de las tierras en las que luego ocurriría la masacre.
Homicidio tentado: la fiscalía cambió en los alegatos esta acusación, sobre la que se llevó adelante la causa. En todos estos años la Fiscalía sostuvo que no puede saberse quién mató a quien, pero acusó a los campesinos por la muerte de seis policías. No ordenó la realización de autopsias sobre los cuerpos por lo que no se pudo determinar los calibres de las balas con las que fueron asesinados, ni la trayectoria de los mismos. A su vez, la fiscalía ocultó pruebas como vainas servidas y filmaciones realizadas en el lugar y hora de los hechos. No hay acusación por la muerte de once campesinos.
Mujeres encadenadas:
Cinco mujeres iniciaron una vigilia en las afueras del Palacio de justicia de Asunción en espera del veredicto. Se encadenaron para exigir justicia y absolución para todos los acusados. Ellas son: Carmen Paredes (madre de Arnaldo Quintana), Élida Benítez (madre de Néstor y Adalberto Castro presos y de Adolfo Castro asesinado en la masacre), Angelina Paniagua (madre de Alcídez Ramírez), la historiadora Margarita Durán y la ex presa política Guillermina Kanonnikoff.
Este acto ha sumado la solidaridad de numerosas personalidades y organizaciones que sostienen el campamento fuera del palacio judicial
CURUGUATY: El enemigo no era Stroessner sino el sistema judicial monstruoso que dejó
Martín Almada *
Alainet 12/07/2016
En un ambiente tenso a nivel nacional el Tribunal de Sentencia de escasas luces (pero con bolsillos profundos), cumpliendo órdenes superiores declararon culpables a los inocentes campesinos. Con la sentencia nula del Tribunal se pretende legitimar los crímenes más vergonzosos y cobardes realizados en nombre del Estado por la policía, las FFAA y los políticos nostálgicos de la dictadura.
Se debe sancionar ejemplarmente a los jueces y fiscales encubridores de la Masacre de CURUGUATY. Es la única manera que nuestros hijos y las futuras generaciones vivan con la tranquilidad de que en Paraguay NUNCA MAS se ejerzan por la rosca judicial los agravios que injustamente estamos viviendo
Es preocupante el silencio sobrecogedor de la Asociación de Magistrados del Paraguay, (que en su mayoría son abogados con “espinazos flexibles), del Representante paraguayo ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, del Consejo de la Ética Judicial, de la Unión Industrial Paraguaya que tenía como conspicuo socio a Blas N. Riquelme que acumuló bienes mal habidos como el Campo Morombi. Gracias a su “arandu kaaty” nos imaginamos que tendría sus bienes distribuidos en S.A, empresas offshore y acciones al portador. En primer lugar para distribución entre los herederos, y para evitar gastos en honorarios de sucesión e impuestos. Las víctimas de la masacre de CURUGUATY tienen legítimo derecho a participar en el juicio sucesorio.
Apoyamos una vez más la declaración pública de Amnistía Internacional (AI) del 05.07.16, INCIDENCIAS, al referirse al violento desalojo que desencadenó la muerte de 17 personas (11 campesinos y 6 policías) en el Distrito de CURUGUATY, Departamento de Canindeyú. Con acierto AI reitera su preocupación por la falta de investigación exhaustiva, independiente e imparcial que garantice la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas y sus familiares
Los jueces y fiscales debieron escuchar a quienes el sistema político excluye o maltrata y su misión es brindarle un debido amparo. En este caso, como en tantos otros. Jueces y fiscales en Paraguay se convierten en verdugos de los mismos a quienes por mandato constitucional, deben resguardar, proteger, es decir, se convirtieron en víboras que solo muerden a los descalzos, es decir, a los pobres
Nuestros jueces y fiscales bien remunerados con nuestros impuestos dejan solos a los campesinos y naciones originarias forzándolos a que se defiendan con las armas que no tienen y los recursos políticos y económicos de los que carecen. Obviamente esto ocurre es un rémora del pasado porque la Justicia durante la dictadura fue simplemente un apéndice de la policía política y ahora es apenas un resorte del Poder Legislativo
La visita del Santo Padre Francisco en julio del 2015 fortaleció la fe de los paraguayos pero la paz no llegó de la mano de la justicia, porque sigue siendo la misma: injusta, vergonzosa porque fue convertida en una máquina burocrática de terror que estableció una pena de 35 años, una “joya” para el Museo de la Supuesta Justicia que funciona en la planta baja del Poder Judicial
El juicio ya dictó sentencia. La masacre de CURUGUATY, antes del hecho, durante y hasta ahora es una acción pensada, diseñada y ejecutada con muchas complicidades que es de conocimiento público.
Esa tierra pretendida por la familia Riquelme le corresponde al Estado. La tierra apropiada no es de quiénes hoy la han cubierto de soja contaminante que exportan sin pagar impuesto.…
Después de escuchar la Sentencia elaborada seguramente en un Estudio Jurídico del CAMPO MOROMBI se impone solicitar la nulidad del proceso y la necesidad de una investigación independiente e imparcial sobre todas las muertes y las denuncias de tortura que dejó muertos que hubo entre la policía y los campesinos el 15 de junio de 2012 .
Exigimos un castigo ejemplar a los fiscales y jueces corruptos intervinientes en el caso.
No hay justicia sin jueces probos.
Si callamos, las piedras hablaran. Lucas 19.37.
Porque tenemos memoria reclamamos justicia
* Martin Almada, Premio Nobel Alternativo y miembro del comité ejecutivo de la Asociación Americana de Juristas