Ministerio de Defensa y la ex Comipaz no contestaron el pedido de acceso a los archivos por parte de los testigos de la Mega Causa Cóndor que se iniciará el 12 de febrero próximo en Italia. La causa incluye los casos de los mercedarios Nebio Melo,Winston Mazzuchi, Carlos Cabezudo y Ricardo Blanco
(por Aldo Roque Difilippo)AGESOR 30/1/15
El 12 de febrero se realizará en Roma (Italia) la primera audiencia por la causa Mega Causa Cóndor que como oportunamente informáramos pone en el banquillo de los acusados a 31 militares latinoamericanos que fueron acusados por el fiscal Gianncarlo Capaldo como responsables de la desaparición de ciudadanos italianos en los años de la coordinación represiva de las dictaduras del cono sur de América, conocida como Plan Cóndor.
Esa causa incluye los casos de los mercedarios Nebio Melo, Winston Mazzuchi, Carlos Cabezudo y Ricardo Blanco; y tendrá como acusados, entre otros al ex dictador Gregorio Álvarez y al Marino Jorge Tróccoli, prófugo de la justicia uruguaya, que actualmente residente en Italia.
El doloreño Lewis Rostán junto a nuestro colega y habitual colaborador de @gesor Roger Rodríguez serán dos de una veintena de testigos uruguayos de estas instancias judiciales que se realizarán en Roma, y que seguramente se extenderá por varios meses.
Hace poco más de una semana el Presidente electo Tabaré Vázquez afirmó “vamos a trabajar por verdad y justicia y hasta que la situación del último de los desaparecidos sea revelada” dando señales claras del rumbo que tomará su gobierno en materia de Derechos Humanos (ver @gesor: http://www.agesor.com.uy/noticia.php?id=15000 ). Pero ese mensaje del Presidente electo Tabaré Vázquez parece no ir en la misma dirección que los organismos que tienen en su poder los archivos y la información necesaria para continuar en la profundización de las investigaciones por estos casos. Mientras el Ministerio del Interior aportó documentación a los testigos que concurrirán a Roma por esta mega causa, el Ministerio de Defensa y la ex Comipaz no contestaron el pedido realizado por esa información
El pasado jueves 29 de enero venció el plazo donde los testigos de esta mega causa debían aportar un resumen de los testimonios que aportarán y que pretendía ser respaldados con la documentación oficial correspondiente de los archivos que se sabe existen de la época de la dictadura cívico-militar, y que probarían una vez más la existencia del plan Cóndor entre los gobiernos del río de la Plata; y la práctica sistemática de secuestro, tortura y posterior desaparición de un sinnúmero de compatriotas.
Precisamente en el Ministerio de Defensa y la ex Comipaz es donde se concentra la mayor cantidad de documentación sobre el período de facto, pero transcurrió el tiempo, venció el plazo y no la aportaron.
Lewis Rostán quien viajará a Roma como testigo experto en el PCR (Partido Comunista Revolucionario) en la causa de la desaparición de Héctor Giordano Cortazzo, de nacionalidad ítalo-uruguaya, en diálogo con @gesor se quejó por esta situación. “Sin el apoyo de los dos organismos oficiales que tienen concentrada la documentación que necesita la justicia (Ministerio de Defensa y la ex Comipaz) es muy difícil sostener que el gobierno uruguayo tiene voluntad de investigar en serio”. Agregando “confío obtener esos documentos por un cambio de actitud de los responsables de dichos organismos o por un cambio de personas que no se alinean con la política oficial”.
Hace apenas tres días el Presidente José Mujica se lamentaba “hay una muralla de silencio” de los militares que participaron en violaciones a los Derechos Humanos, que hace difícil avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido (ver La República: http://www.republica.com.uy/mujica-sobre-los-desaparecidos-hay-una-muralla-de-silencio/499846/ ). Ante estos nuevos hechos parecería ser que no solamente desde el lado militar existe ese pacto de silencio
Sobre Declaración de la Mega-causa Cóndor, el ciudadano italo-uruguayo Héctor Giordano Cortazzo y el Pacto de silencio
Aquí están estos son los que TAMBIÉN VAN A MANTENER LA IMPUNIDAD
Esta causa está ligada a la coordinación del Plan Cóndor para desaparecer ciudadanos uruguayos, argentinos y es necesario tener todos los datos que prueben el intercambio de información de los gobiernos uruguayos y argentinos sobre los desaparecidos del PCR y la UAL , entre otros y como coordinaban las actividades, en distintos puntos , las distintas fuerzas y “servicios” entre Salto-Concordia , Paysandú otras partes del litoral , Bs as ,etc.
Es en el ministerio de defensa nacional que dirige Fernández Huidobro y en la secretaria de presidencia que dirige Graciela Jorge y Mara Martínez ex COMIPAZ, donde están los principales documentos y es donde más traba hay al acceso de los mismos, o sea esta es la “otra parte” del acuerdo o pacto de silencio cómplice, son ellos los que tienen la documentación y o datos que presumiblemente estén dispersos entre los numerosos archivos que dependen directamente del Ministerio de Defensa y los que están bajo el mando de sus subordinados de las tres armas Con estos elementos, y por más que haya cierta voluntad en algunos funcionarios hay IMPUNIDAD PARA RATO!! y ojo que no son solo ellos la "MURALLA"
¿Quien guarda entonces toda la documentación que refleje la coordinación uruguaya-argentina en la desaparición de los compañeros del PCR : GIORDANO CORTAZZO, Héctor, GONZÁLEZ Luis, MELO CUESTA ,Nebio, MAZUCCHI FRANCHEZ Winston, CABEZUDO PEREZ, Carlos Federico, .GÓMEZ ROSANO Célica Elida, CARNEIRO DA FONTOURA ,Juvelino Andrés, BARRIENTOS SAGASTIBELZA Carolina o ,BLANCO VALIENTE, Ricardo?
Quienes son los responsables de seguir NEGANDO la documentación pertinente?? ¿quienes son los que no terminan nunca de aportar la documentación sobre los acusados uruguayos que son entre otros : BLANCO, Juan Carlos ,ARAB FERNÁNDEZ, Jose Ricardo, GAVAZZO PEREIRA, José Horacio, MATO NARBONDO, Pedro Antonio. MAURENTE MATA, Luis Alfredo MEDINA BLANCO, Ricardo Jose, RAMAS PEREIRA, Ernesto Avelino, SANDE LIMA ,Jose, SILVEIRA QUESADA, Jorge Alberto, SOCA Ernesto VÁZQUEZ BISSIO, Gilberto, CAVEZ DOMÍNGUEZ, Ricardo Eliseo, LARCEBEAU AGUIRREGARAY, Juan Carlos, ALVAREZ ARMELLINO, Gregorio Conrado
POSTA
Más secretos de la represión
Por Samuel Blixen-29 de enero 2015 - brecha
Cada vez se hace más imperioso justificar la inacción respecto de los crímenes de la dictadura. La defensa presidencial del ministro Fernández Huidobro –“ha hecho lo imposible por saber más”–, y en general las actitudes gubernamentales, no soportan la evidencia de los hechos, entre ellos algunos episodios que recién ahora se conocen.
Nunca imaginó el ministro Eleuterio Fernández Huidobro que una más de las ingeniosidades irreverentes de su vasto repertorio podía provocar tan inesperadas e indeseadas consecuencias. A los pocos días del anuncio de Tabaré Vázquez sobre su doblete (el del Ñato), el Frente Amplio debió montar a las apuradas un sainete para demostrar que aquel que pedía autorización para torturar estaba profundamente comprometido con la causa de los derechos humanos. El presidente electo, como corresponde, no opinó y menos aun rectificó su decisión (aunque las “filtraciones” facilongas dicen que “lo está esperando”). Pero como las repercusiones siguen, el presidente José Mujica se sintió en la obligación de multiplicar la defensa. Utilizó algunos argumentos, ¿cómo se pueden calificar?, extravagantes, imperfectos, vulnerables, que no parecen ayudar a la causa. El Pepe desechó de un plumazo el informe lapidario de la Comisión Internacional de Juristas: “Es gente que está allá, en Ginebra, cobrando bien” Y justificó al Ñato diciendo: “Cuando lo calientan es feroz, es una cuestión de temperamento. Además, se dice cada pavada, como el síndrome de Estocolmo, en gente que no estuvo ni media hora adentro de un calabozo”
Los argumentos (y éste en especial) se desflecan y no logran el objetivo de desviar el centro de la discusión: ¿por qué los gobiernos frenteamplistas eluden la responsabilidad de investigar los crímenes de la dictadura?
Al respecto hay algunas afirmaciones del presidente que revelan hasta dónde el gobierno siente la presión social: “El ministro (Fernández Huidobro) ha hecho lo imposible por saber más”, una opinión que enfrenta a todas las organizaciones de derechos humanos y sociales que respaldaron al SERPAJ. Y en términos más generales explicó: “Es un secreto a voces que quienes manejan información no la ponen arriba de la mesa, tal vez pensando en su seguridad o tal vez por acuerdo colectivo. El grueso de la información que hemos recabado viene por caminos de muy abajo, viene por corajeadas de gente que no tenía ninguna responsabilidad. Nosotros hacemos lo que humanamente podemos en las circunstancias en las que estamos, y no somos magos”
Aunque resulte tedioso desbrozar la paja del trigo, se imponen algunas precisiones. Hay que decir que el grueso de la información que los jueces usaron como insumos para investigar los hechos fue aportado por los familiares de las víctimas y compañeros de militancia; el gobierno no hizo ningún aporte significativo; más aun, el gobierno (el Ministerio de Defensa en este caso) negó información a los juzgados
Por otra parte, los soldados mencionados por el presidente ofrecieron sus conocimientos parciales a los jueces, a los familiares, a los abogados, a los antropólogos. Muchas veces fueron expuestos ante los militares que habían sido sus responsables en los tiempos en que se asesinaba en los cuarteles y se ordenaba enterrar los cuerpos en tumbas clandestinas; fueron obligados a un “manyamiento” con el consentimiento expreso del ministro Fernández Huidobro. El presidente Mujica, que alude a la condición humilde de esos informantes, nunca tomó medidas para impedir tales “manyamientos” ni tomó medidas con el ministro que los permitía
El pacto de silencio–en la argumentación oficial– se erige como un muro infranqueable, por lo que, como sugiere el presidente, habrá que “recorrer otros caminos”, dice, seducido por la experiencia sudafricana, donde los criminales quedaban en libertad y absueltos de todo castigo en la medida en que confesaran públicamente sus crímenes, con lujo de detalles.En la versión charrúa fue lo que propuso el entonces secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, cuando sugirió –en una reunión secreta– a los oficiales directamente implicados en los crímenes que entregaran “algunos huesitos”, que el resto “se arregla”
Sin embargo, prevalece la sensación de que el pacto de silencio sería menos espeso y menos infranqueable si el gobierno tuviera verdadera intención de investigar, si se involucrara efectivamente en la búsqueda de la información. No siempre hubo una actitud pasiva: la ministra de Defensa Nacional del primer gobierno de Tabaré Vázquez, Azucena Berrutti, con su estilo de abuelita dulce, fue inflexible en ciertos criterios básicos. Por ejemplo, en las instancias de promoción de nuevos generales, la ministra invariablemente solicitaba a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sus antecedentes sobre eventuales implicancias en crímenes de lesa humanidad; por ejemplo, en la remoción del comandante en jefe Carlos Díaz, ni bien se enteró de que el general se había reunido con Julio María Sanguinetti, Yamandú Fau, y los generales Pedro Aguerre y Miguel Dalmao, sin su consentimiento; por ejemplo, en la celeridad con que incautó un archivo de inteligencia militar en el antiguo cuartel del CGIOR, por otra parte el único, de origen militar, localizado hasta el momento.Sin embargo, el mayor aporte de la ministra Berrutti fue la decisión de incorporar personal civil a las estructuras más sensibles del ministerio y la promoción en tareas clave de oficiales que exhibían un auténtico sentido de profesionalidad
Recientemente el actual ministro de Trabajo, José Bayardi, cuestionó, en una extensa y dura carta a los lectores, el contenido de una nota del periodista Sergio Israel sobre Fernández Huidobro, publicada en Búsqueda en la edición del 31 de diciembre
Israel sostuvo que “Bayardi primero, y Fernández Huidobro después, desmontaron los esfuerzos de la primera ministra de Defensa del Frente, Azucena Berrutti, destinados a dotar a la secretaría de Estado de una sólida estructura civil”. Bayardi, quien fue subsecretario de Defensa y después titular del ministerio, rechazó tajantemente que él hubiera desmontado lo hecho por Berrutti
Habrá que determinar, en forma detallada, la cuota de responsabilidad de Bayardi en el desarme de la estructura civil, cuyo último capítulo fue el decreto 156/012, firmado por Mujica y Fernández Huidobro, por el que la estructura de inteligencia pasa a funcionar dependiendo del mando militar
En la concepción de Berrutti la inteligencia militar era un objetivo prioritario en una especie de descentralización, que permitiera a militares y civiles realizar la tarea de inteligencia por fuera de la cadena de mando. El objetivo se alcanzó plenamente en el último tramo de 2007 cuando se puso en ejecución una delicada tarea de contrainteligencia para ubicar el archivo completo del SID y del OCOA, cuya versión parcial –y depurada– había incautado la ministra en 2006 Dos coroneles fueron responsables de la investigación que implicaba, naturalmente, investigar a colegas. Finalmente, cuando la búsqueda arrojó resultados, fue directamente informado el comandante del arma, el general Jorge Rosales
El trabajo de contrainteligencia había detectado que un coronel de inteligencia en actividad había sustraído un archivo militar (decenas y decenas de miles de fojas, carpetas, fotografías y microfilmaciones) y que lo había ocultado en su domicilio particular
La contrainteligencia estaba, en enero de 2008, en condiciones de allanar la casa del coronel –ya en situación de retiro– cuando se produjo una situación política que obligó a la ministra Berrutti a elevar su renuncia al presidente Vázquez. Explicada la renuncia por razones de salud, la misma demoró en concretarse por pedido de Vázquez. El subsecretario Bayardi quedó a cargo del ministerio y fue confirmado en el puesto el 3 de marzo de 2008. A la ministra Berrutti y a sus asesores les preocupaba el expediente de contrainteligencia, en tanto los oficiales a cargo aguardaban una orden para actuar, que el ministro interino demoraba. Como resultó imposible coordinar, la doctora Berrutti solicitó una entrevista con Vázquez. Concurrió con sus asesores, y ante el presidente y el secretario Fernández detalló la delicada y peligrosa situación. Vázquez se lamentó de la inacción de Bayardi, pero, que se sepa, el episodio no avanzó, ni con Bayardi ni con su sucesor Fernández Huidobro. El expediente seguramente permanece en algún lugar del despacho ministerial; y el archivo –que, se asegura,es el original, el completo– probablemente siga en el domicilio del coronel retirado, seguramente alimentando pequeños juegos de espías y operativos cercanos al chantaje
No sólo las confesiones de los responsables podrán dilucidar los secretos de la represión; también los documentos,pero para ello hay que ubicarlos, y para ubicarlos debe haber voluntad política