EL GOBIERNO VIOLA EL DERECHO AL AGUA POTABLE DE LA CIUDADANÍA MIENTRAS PROTEGE LOS INTERESES DE LAS GRANDES CORPORACIONES CONTAMINANTES
extractos de entrevista telefónica al fiscal Enrique Viana en ‘Mañanas de Radio’, de CX36viernes 20 de marzo de 2015 por Efraín Chury Iribarne
El fiscal Civil de Tercer turno, Enrique Viana, presentó el jueves un recurso en el cual pide la intimación al Ministerio de Vivienda, Ministerio de Defensa y a OSE para que rindan cuentas sobre lo actuado en el último tiempo en materia de atención a la contaminación del agua. “El Estado está obligado a establecer prioridades del uso del agua, dice la Constitución de la República” pero “si en el Uruguay tenemos dos derechos, un derecho para el resto de la ciudadanía y un derecho feudal que protege los intereses de estas grandes corporaciones, de estos grandes intereses económicos, será muy difícil que podamos anteponer las razones sociales, como dice la Constitución, para proteger el derecho al agua potable. Será muy difícil que podamos evitar que los más humildes se envenenen consumiendo el agua que les suministra el propio Estado”, afirmó
nota completa audio http://www.ivoox.com/fiscal-enrique-viana-20-marzo-audios-mp3_rf_4241663_1.html
VIANA : Estamos en un momento nuevamente, o en realidad hemos permanecido en una situación muy complicada hoy con el tema del agua, en especial del agua potable. Vuelve a resurgir, yo creo que nunca ha dejado de estar el problema planteado de la contaminación de nuestros cursos de agua, de nuestros cursos de agua más importantes, llámese río Uruguay, río Negro, algunas de las lagunas y afectando más directamente al área metropolitana, los problemas de contaminación del río Santa Lucía.
Ya en el año 2013, allá por abril del 2013, a consecuencia de aquellos episodios muy recordados de problemas con el sabor y el olor del agua, nosotros habíamos iniciado unas actuaciones judiciales en el Juzgado Civil de 6º Turno de aquí de Montevideo requiriendo información al Ministerio de Medio Ambiente. Pero no información, en aquel momento ya no estábamos solicitando información de diagnósticos o que se nos dijera qué era lo que realmente estaba pasando. Lo que nosotros estábamos planteando ya en aquel momento, abril del 2013, es que se nos dijeran qué medidas se iban a adoptar para atacar este problema de la contaminación del río Santa Lucía.
El Ministerio contestó de una forma bastante lacónica, como por lo general lo hace, agregando un CD con una serie de informes, diagnósticos, pero no nos contestó directamente sobre qué medidas se pensaban tomar para empezar a recuperar esta zona tan clave, tan importante para el país.
Aquí lo que está en juego, hoy en algún momento alguien me decía, bueno, pero lo suyo es muy radical. Sí, es que tiene que ser radical.
Aquí lo está en juego es el agua potable, primera cosa. Agua potable, agua de la canilla de OSE como para decirlo en términos bien criollos y bien conocidos, de la cual beben en especial los más humildes. Entonces, estamos hablando de envenenar a la gente más humilde o darle un servicio adecuado de agua potable a la gente más humilde. Esa es la cuestión.
Entonces, en estas cuestiones hay que ser extremadamente radical. No hay términos medios, no hay medias tintas. Y parece que nosotros, digo nosotros porque incluyo a gobernantes y gobernados, navegamos siempre en las medias tintas, en ese mar de incertidumbres y de, bueno, no me animo a hacer, hago esto, hago un poquito y no hago todo lo que tengo que hacer.
Acá esencialmente no es un problema de derecho. ¿por qué no es un problema de derecho o sí es un problema de derecho? No es un problema de derecho porque el derecho está establecido, hay un marco normativo que nosotros vamos a referir muy rápidamente para no aburrir al oyente, pero hay un marco normativo muy importante en el Uruguay. Recordemos la reforma del agua, recordemos el artículo 47 más la reforma del agua a partir del año 2004, la ley de protección del medio ambiente con los principios preventivos y precautorios, la Ley de Impactos Ambientales todavía anterior, el Código de Aguas. El Código Penal que habla del delito del envenenamiento de las aguas, que habla de los delitos de estrago cuando se produce un atentado aunque sea a modo culposo de un bien esencial que puede afectar la vida y la salud de las personas.
Bueno, la ley de principios muy renombrada o por lo menos con un título muy fantasioso, la Ley de los Principios Generales del Agua que también está vigente. La ley de Áreas Protegidas, una ley muy importante en este sentido, expresamente habla que uno de los objetivos de las áreas protegidas es precisamente proteger la cantidad y la calidad del agua del cual se surte el Estado para suministrar agua potable a la población.
La propia Ley de OSE, si uno va también al análisis, en realidad fue elevada a rango constitucional a partir de la reforma del 2004. Y debe haber alguna más que me estoy olvidando de mencionar.
Es decir, tenemos un marco normativo que nos está dando la solución directa al problema. Ahora, también tenemos un problema evidente, notorio, manifiesto frente a nuestros ojos.
Yo estuve recolectando, yo voy a presentar un escrito hoy en ese expediente judicial que está radicado en el Juzgado Civil de 6º Turno, voy a presentar un escrito volviendo a requerir nueva información, y estuve haciendo una recopilación de toda la información periodística que se dio desde aquel abril del 2013 al presente y constantemente, desde distintos ámbitos, académicos, no académicos, públicos, autoridades públicas reclaman por los problemas que están acuciando al río Santa Lucía.
Es decir, es un tema absolutamente notorio, nadie puede negar el problema de la contaminación del río Santa Lucía. Y las soluciones jurídicas, las soluciones de derecho, están a la vista, son fáciles y están a la vista.
El Estado está obligado a establecer prioridades del uso del agua por regiones, cuencas o parte de ellas -dice la Constitución de la República. Siendo la primera prioridad el abastecimiento de agua potable a poblaciones. Y encima agrega que se tiene que cumplir y hacer cumplir el principio de que la prestación del servicio de agua potable deberá hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico.
Parece bastante contundente la disposición constitucional por sí sola.
Al tenor de todo esto, desde el Estado se está omitiendo hacer lo que hay que hacer. Hacer lo que hay que hacer es crear y gestionar un área protegida. Un área protegida que abarque toda la cuenca hidrográfica del río Santa Lucía, y así cumplir eso que manda también la ley de asegurar la calidad y la cantidad de las aguas. Y asegurar ese derecho humano al acceso al agua potable que está previsto en la propia Constitución a partir del año 2004.
Vamos a ser muy claros, Efraín, esto es lo que ha venido diciendo, yo creo que 4 ó 5 veces lo he escuchado decir, el anterior y actual señor ministro de Defensa Don Eleuterio Fernández Huidobro. Él ha solicitado que se militarice toda esa zona para protegerla porque esa zona es vital para dar agua potable nada menos que al 60% de la población del Uruguay.
Y yo soy un convencido, estoy enteramente de acuerdo con la idea del ministro de Defensa. La solución radical, radical como ninguna y así debe ser, es la de un área protegida, y un área efectivamente protegida con recursos policiales, con recursos militares.
¿Por qué militarizar el área? Y porque vamos a reconocer una realidad que la vengo diciendo, tú me has escuchado decirlo muchas veces, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en el Uruguay no tiene una policía ambiental, no tiene un departamento encargado del control, del policiamiento del cumplimiento de la normativa ambiental.
Y no lo tiene, y todos sabemos que no lo tiene, porque no hay voluntad de proteger el medio ambiente.
Y aquí vamos a un aspecto medular en el tema, por un lado estoy diciendo que hay un problema evidente que rompe los ojos, contaminación del río Santa Lucía, que nadie lo niega, nadie se atreve a negarlo porque rompe los ojos.
Por otro lado tenemos autoridades públicas que lo reconocen, nada menos que el ministro de Defensa.
Por otro lado tenemos un derecho abundante, riguroso, que por cualquiera de los lados nos lleva a la misma solución, área protegida. ¿Entonces, cuál es el problema? ¿Por qué no vamos a esa solución para proteger nada menos que el derecho al agua potable que supone, para todos pero en especial para los más humildes, no envenenarnos? Tener el líquido elemento para poder sobrevivir, para no enfermarnos, para proteger nuestras vidas.
¿Ahora, qué pasa? Un área protegida, militarizada, como yo entiendo que debería ser para hacer cumplir las restricciones que suponen área protegida. Vamos a explicarle al oyente que en área protegida supone establecer prohibiciones y límites.
Y yo voy a seguir siendo radical en este tema, hoy también hablaba vía Twitter con algún oyente posiblemente que decía que bueno, que podemos plantar orgánico... Y yo le digo, no, no, mire, acá la solución tiene que ser radical, en el área protegida de las cuencas del Santa Lucía militarizadas tiene que haber cero cultivo, cero feedlot, cero tambo, cero frigorífico, hay que reforestar, y eso lleva bastante más tiempo, con monte nativo o con especies nativas, todo el área circundante. Hay que establecer plantas de tratamiento para los residuos cloacales de distintas localidades que se vuelcan allí.
Y eventualmente, y ese es un tema mucho más complejo, habrá de dragar el río Santa Lucía. Pero hay que cumplir a raja tabla con todas estas cosas que yo digo, y ahí la opción es la que establece la Constitución. Si no anteponemos las razones de orden social, es decir, agua potable para los más humildes o sino veneno para los más humildes, si no cumplimos con estas limitaciones y estas restricciones absolutas, no vamos a tener agua potable para los ciudadanos, para los habitantes de la República y en especial el 60% este del área metropolitana.
¿Ahora, por qué hay falta de voluntad? ¿Cuál es la razón para que esto no se cumpla o no se intente cumplir? Y la razón es muy clara, yo lo voy a resumir en alguna de las medidas que el MVOTMA ha dispuesto como paliativo. No permite cultivar a 35 metros de la orilla del Santa Lucía, imagínese cada uno en su casa lo que son 35 metros.
¿Por qué? ¿Por qué estos límites que en realidad no son límites? ¿Por qué estas restricciones tan pobres que no sirven para nada? Porque lamentablemente en el Uruguay hoy existe una nueva fuente de derecho, que no es una fuente de derecho generada por los uruguayos, que no es la Constitución, que no es la ley, que no es la voz de las autoridades administrativas y que se llaman tratados y contratos de inversión. Aquellos de los cuales hemos hablado tanto contigo Efraín.
Los tratados y los contratos de inversión son mecanismos por los cuales distintos tipos de inversiones, llámense por ejemplo Monsanto, se protegen de que el Estado nacional pueda poner límites y pueda poner restricciones a sus producciones.
Y eso se da no sólo con las producciones o con las inversiones anacionales, sino que también por consecuencia se da con las nacionales. Porque o las nacionales están asociadas a esas anacionales o de lo contrario, el cultivador, el tambero nacional dice, bueno, pero si se protege a Monsanto, por qué, si a Monsanto no se le establecen restricciones y no se le establecen límites, me van a poner a mí tambero, me van a poner a mí frigorífico.
Entonces, eso subvierte absolutamente ese abundante y exigente marco normativo al que venimos haciendo referencia.
Entonces, poner límites, poner restricciones, que la Cuenca del Santa Lucía se convierta en un área protegida y militarizada, parece ser imposible.
En estos días tenemos cada tanto recuerdos de ese tema, el Uruguay tiene un conflicto por Philip Morris donde la cuestión es la salud o el negocio.
Y todo lleva a pensar que en virtud de tratados de inversión, el tratado de inversión con Suiza creo que es el que se está haciendo valer allí, va a primar el negocio del tabaco por encima de la salud.
Aquí en estos temas estamos viviendo lo mismo. Ayer o antes de ayer surge la idea de que con un nuevo impuesto que aparentemente se quiere imponer, con este impuesto de Primaria que se quiere imponer a los productores rurales, ya surge la cosa, bueno sí, caramba, pero saben qué, a Montes del Plata no le vamos a poder imponer este impuesto porque sino Montes del Plata va a reclamar una compensación en definitiva como que queda al margen de la tributación en el territorio nacional.
Bueno, eso es también consecuencia de los tratados y de contratos de inversión. Tenemos un contrato de inversión firmado en enero del 2011 con Montes del Plata.
Es decir, si en el Uruguay tenemos dos derechos, un derecho para el resto de la ciudadanía y un derecho feudal que protege los intereses de estas grandes corporaciones, de estos grandes intereses económicos, será muy difícil que podamos anteponer las razones sociales, como dice la Constitución, para proteger el derecho al agua potable. Será muy difícil que podamos evitar que los más humildes se envenenen consumiendo el agua que les suministra el propio Estado.
Ese es un poco el panorama complejo que tenemos. Te reitero, el problema es absolutamente reconocido y cierto, las soluciones están a la mano pero hay un gran desafío. Todo se trata de un gran desafío y consiste en lo siguiente, somos soberanos o no somos soberanos.
¿Se compadece con esto lo que ha anunciado el gobierno respecto al río Santa Lucía y las obras a realizar?
Sí, yo creo que lo que el gobierno está anunciando, que por ahora son sólo anuncios como lo fueron también en el 2013. En el 2013 se habló de unas famosas 10 medidas pero en ninguna de esas medidas se documentó, más allá de que en un comunicado de prensa no se ha documentado o muy pocas de ellas se han documentado en verdaderos actos administrativos.
Pero yo creo que en todas estas medidas que se dice que se van a hacer, que no está muy claro cuáles van a ser, están muy lejos del área protegida. Y yo sinceramente creo que la solución es el área protegida. Es la solución absoluta, es la solución radical, es la solución si queremos realmente tener agua para que el ciudadano, para que el habitante de la República pueda tomarla sin afectar su salud.
No se quiere llegar a esa solución y volvemos a lo que te decía antes, seguimos nadando en las medias tintas, en poner límites a 35 metros.
Tú sabes y entiendes perfectamente, y el oyente sabe perfectamente lo que supone no cultivar a 35 metros de la orilla, supone cultivar arriba del río.
Sí, claro, pero hay demostraciones de eso con los plantíos de soja, el glifosato cae al río Santa Lucía desde las orillas
Sí, por supuesto. Y además la Cuenca del Santa Lucía es muy importante, es muy grande y alguien va a decir, bueno, pero eso supone echar parte de la actividad agrícola e industrial que hoy se desarrolla sobre la Cuenca del Santa Lucía. Y yo le contesto sí, es eso o envenenar a nuestra población, y envenenar a nuestra población más humilde.
La solución es radical, y la solución es radical pero la Constitución y la Ley han sido radicales al respecto. Los mismos problemas se dan en el río Uruguay, en el río Negro, en la laguna del Sauce, en la laguna del Cisne que abastece también en una zona muy cercana de la Ciudad de la Costa, de Atlántida más precisamente. Ese mismo tema se está repitiendo en todo el país.
Yo no quiero decir con esto que se privilegie sólo el río Santa Lucía. Obviamente que hay que atacar el problema a nivel de todos los lugares de donde se aprovisiona de agua OSE, pero empecemos por el más grave o el más acuciante o el que en definitiva tenemos más a la vista, que nadie discute.
Incluso yo estuve estudiando la otra vez, algún autor que hablaba sobre el tema de La Aguada y cuando dejó de ser el lugar de aprovisionamiento de agua de la vieja ciudad de Montevideo, que las opciones, incluso vinieron ingenieros argentinos para buscar la solución, entre ellos el ingeniero Lezica -que da nombre al barrio de la ciudad de Montevideo- y tenían dos opciones, manejaron dos opciones en aquel momento: la del río Santa Lucía y la del río Negro. Cosa que sorprendía porque la distancia y la lejanía del río Negro de esta zona.
O sea que ha sido un problema que el Uruguay históricamente ha tenido y ha operado para solucionarlo. Yo creo que estamos en un momento similar de cuando Montevideo se dejó de aprovisionar de La Aguada y pasó a aprovisionarse del Santa Lucía.
Bueno, si queremos seguirnos aprovisionando del Santa Lucía tenemos que ir a soluciones de Estado, verdaderas soluciones de Estado con este grado de radicalismo y de absolutez.