Periódico mensual PUKARA La Paz Mayo 2016 Bolivia
A fines del mes de abril llegó a La Paz la marcha de personas discapacitadas que 35 días antes había partido de la ciudad de Cochabamba. Los discapacitados exigen al gobierno un bono mensual de 500 bolivianos (aproximadamente 70 dólares americanos). La respuesta del gobierno hasta ahora es tajante: no atenderá la demanda de los marchistas
Esa actitud radical del gobierno es criticada por la mayoría de la población, que la califica de insensible y contradictoria con su lineamiento social, proclamado en especial en tribunas internacionales. El gobierno arguye que acceder a la demanda de las personas con discapacidad pondría en riesgo el equilibrio económico del país. La actitud del gobierno es difícilmente comprensible, por varias razones. Hasta ahora la política de la actual administración ha sido «bonista»
Recurriendo al fácil expediente de redistribuir recursos, el gobierno ha instaurado varios bonos y fortalecido alguno que ya existía antes. Entre otros están el bono Juancito Pinto de 200 bolivianos para niños, la Renta Dignidad de 3.000 bolivianos para las personas de la tercera edad, el bono Juana Azurduy de 1.825 bolivianos para mujeres madres y el bono a la Excelencia de 1.000 bolivianos, para los mejores estudiantes de secundaria. En esa plétora bonífera, la población no entiende cómo no puede haber lugar para un bono destinado a personas que realmente lo necesitan, como ser aquellos que por deficiencias físicas y psicológicas no pueden desarrollarse en una sociedad que todavía es discriminadora. El desconcierto es mayor si tenemos en cuenta las reiteradas declaraciones oficiales sobre lo «blindada» y exitosa que estaría la economía boliviana
Aún más, en momentos en que el gobierno niega el bono a los discapacitados, los medios de comunicación reiteran que las empresas petroleras demandan más de 5.600 millones de dólares en "costos recuperables" al gobierno boliviano, y que este pagará 4 millones de dólares por la franquicia del Rally Dakar 2017. Mantener la intransigencia respecto a las demandas de los discapacitados, empañará definitivamente la reputación de este gobierno. Lo desprestigiará quizás aún más que la represión contra los indígenas del TIPNIS, pues parecerá un ensañamiento contra quienes son más débiles y disminuidos en la sociedad. Es indudable que la solicitud de las personas con discapacidad no pueda ser enteramente asumida por el gobierno, pero para ellos están las políticas de diálogo y concertación... y las medidas de austeridad para los gastos de gobierno que son considerados dispendiosos por la población.